Aplaza Gobierno entrega de iniciativas de procuración y administración de justicia

El Gobierno federal pospuso 15 días la entrega del paquete de nueve iniciativas para reformar el sistema de procuración y administración de justicia en México, el cual propone crear un Código Penal Único, crear la nueva Ley Nacional de Cultura Cívica, restringir el uso de amparos para evitar alargar las extradiciones y compactar los recursos procesales.

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, informó a los senadores que el 1 de febrero próximo estará en condiciones de presentar las iniciativas al Poder Legislativo, las cuales permitirán acabar con la llamada “puerta giratoria” y hacer frente a la inseguridad, la injusticia y la impunidad en México.

Afirmó que “la falta de justicia se sustenta en tres factores fundamentales: enorme inseguridad, enorme corrupción y una enorme impunidad”. Agregó que de los 33 millones de delitos que se producen al año, el 90 por ciento es contra la gente más desprotegida del país.

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Ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Gertz Manero se pronunció porque el Senado de la República realice un Parlamento Abierto para discutir los grandes cambios al sistema de procuración y administración de justicia, donde participen distintos sectores de la sociedad.

“Vamos a seguir trabajando para que el día 1 de febrero, yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa para someterla, como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento, y que si lo ven así, ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy generosa de la sociedad”.

Explicó que la Ley de Justicia Cívica pretende prevenir la delincuencia desde su inicio, protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de los criminales y de su colusión con policías y funcionarios municipales; priorizar la reparación inmediata del daño, con la obligación del Estado de hacerlo en casos de las personas más vulnerables, además de promover el trabajo comunitario.

Respecto al Código Penal Nacional se busca homologar todos los delitos, tipicidad y agravantes, en una sola ley que le dé certeza y equilibrio a la defensa social; establecer con precisión la competencia local y la federal; corresponsabilizar a las autoridades federales y estatales de manera clara en su lucha contra el crimen organizado, y permitirá a las entidades establecer delitos específicos, considerando sus raíces culturales y características regionales.

La Ley Nacional de Ejecución Penal, detalló el fiscal Gertz Manero, busca que todos los primodelincuentes tengan cárceles abiertas, bajo control, para no convertirlas en alumnos de las escuelas del crimen; los reincidentes vayan a prisiones de verdadera readaptación social, y los reos peligrosos estén totalmente aislados de los delincuentes primerizos.

Agregó que la iniciativa de justicia para adolescentes tiene como objetivo detener el creciente número de niños y adolescentes dedicados al delito, y que se sentencie por la cantidad de años consecuentes a la comisión de un ilícito y evitar que al cumplir 17 años se vayan y tengan una responsabilidad frente a su comunidad.

En tanto, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, admitió que el actual modelo de seguridad y justicia ha fracasado. “Vemos a México como un problema de violencia que no hemos podido arreglar y que requiere una nueva norma para la persecución de los delitos”, subrayó.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, aseguró que estas reformas son de “gran calado”, ya que se pretenden dos nuevos ordenamientos jurídicos nacionales; reformas a cuando menos seis leyes y cambios sustanciales a 14 artículos de la Constitución.

“El Senado actuará con toda responsabilidad y seriedad en la dictaminación. Construiremos, mediante un amplio consenso, la normatividad que el país y la ciudadanía exigen.

“No nos vamos a apresurar, porque queremos otorgarle a la ciudadanía instrumentos jurídicos que permanezcan y que sean eficaces para poder enfrentar con éxito el problema de la inseguridad, de la impunidad y de la violencia”, apuntó.

Mientras, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, confío en que a través del diálogo se pueda fortalecer la procuración y administración de justicia.

“El fortalecimiento del sistema de justicia y de las garantías penales, es de extrema importancia para vivir en un Estado de derecho, y es muy importante para la Cuarta Transformación”.

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