Asambleísta pide extender derecho de movilidad a todo el país

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Ahora que la movilidad es considerada un derecho humano en el Distrito Federal, el resto de las entidades y la administración federal deben hacer lo propio para que ese derecho sea efectivo en todo el país, pidió la asambleísta Claudia Cortés Quiroz.

La presidenta de la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la ALDF exhortó al Congreso de la Unión y a los congresos locales a emprender los estudios y las acciones parlamentarias y legislativas encaminadas a reconocer la movilidad en los mismos términos que en la ciudad de México.

En su opinión, la movilidad adquiere un valor intrínseco en sus dimensiones y alcances sociales, culturales y hasta afectivos, desde el momento en que se reconoce que es clave para la satisfacción de necesidades y la creación de relaciones, oportunidades, encuentros y sinergias.

No es sólo la posibilidad o el derecho de trasladarse de un lugar a otro, sino que “la movilidad debe ser medida con base en la generación y el desahogo de necesidades para todas las personas”, enfatizó en un comunicado la integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

Así se explica que la movilidad haya sido incluida como parte de los

derechos humanos emergentes que derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, añadió la legisladora local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Con la aprobación de la Ley de Movilidad, destacó que la ALDF cumplió con su “obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, como obliga la Constitución, y ahora corresponde hacer lo mismo en el resto del país.

Ello implica pasar de un modelo de uso intensivo de los automóviles de baja capacidad, generadores de gran contaminación del aire, por ruido, aglomeración cotidiana, sedentarismo, que ahora se tiene, a otro basado en el reconocimiento de la movilidad como derecho humano.

En ese contexto, el derecho a la movilidad, para su consolidación como derecho fundamental, debe complementarse con otras medidas, como el diseño, planeación, instrumentación y evaluación de un plan de movilidad que desarrolle un sistema integral de movilidad, que permita a las personas ejercer efectivamente este derecho, señaló la diputada.

Para hacerlo efectivo en todo el país, se requiere la participación de tres niveles de gobierno para contar con una visión global que permita crear la infraestructura de la movilidad en un sentido facilitador para el movimiento de personas y bienes, cuando menos, puntualizó.