Niegan atención víctimas de acoso en la Cámara

Personal de la Cámara de Diputados que ha sufrido acoso sexual, laboral y violencia de género durante la presente legislatura acusó que no se ha hecho justicia, en algunos casos, a más de un año de interponer la denuncia.

“Les vamos a hacer justicia, no se preocupen”, fueron las palabras que escuchó Sofía, nombre utilizado para proteger su identidad, al presentar su denuncia ante la Unidad de Género y Contraloría.

Sin embargo, un año después su caso no se ha resuelto, ni ha sido notificada sobre el avance del proceso por ninguna autoridad que integra la LXIV Legislatura, denominada de la paridad de género.

A raíz del acoso sexual que vivió en el recinto legislativo de San Lázaro, Sofía dijo que su salud física y mental se deterioró, derivando en ansiedad y pérdida de peso, entre otros problemas de salud.

Pese a esta situación, aseguró que la Unidad de Género de la Cámara de Diputados nunca les ofreció apoyo psicológico, médico o legal. Después de interponer la denuncia nunca más tuvieron contacto con la unidad.

“Cuando comenzó el acoso, ni siquiera sabía que podía denunciarlo, menos del apoyo al que teníamos derecho”, recordó.

Sofia consideró que no se han seguido los protocolos para atender los casos de acoso o violencia en esta legislatura, mientras que continúa una revictimización para las afectadas.

“Somos juzgadas por las mismas mujeres y son las que menos aplican la ley. En Cámara las autoridades son mujeres y no se aplica la paridad de género”, lamentó la mujer.

Este medio publicó el pasado miércoles 15 de junio que se han presentado 16 denuncias por acoso sexual, laboral o violencia de género en la Cámara de Diputados durante la 64 legislatura. De éstas, seis concluyeron por falta de pruebas, mientras que 10 procesos siguen en la ruta de la investigación.

La Razón solicitó a Graciela Báez Ricárdez, secretaria general de la Cámara de Diputados, su postura sobre el seguimiento de la Unidad de Género a estos casos, pero al cierre de esta edición no ha habido respuesta.

Sofía expuso que la justificación de la Contraloría fue que se suspendieron los plazos por la pandemia de marzo a septiembre de 2020, al igual que la solicitud de información respondida a este medio con fecha del 18 de mayo de 2021; sin embargo, nueve meses después de que finalizó la suspensión no ha visto un avance.

“En el teléfono no contestan, la única forma de comunicarse es por correo por las restricciones para asistir físicamente a la Cámara de Diputados por la pandemia”, señaló.

Pese a las omisiones, confió en que haya justicia en su caso, al igual que en las otras denuncias presentadas hasta abril de este año, “para que los agresores sepan que no hay impunidad”.

“Hablar de esto era muy difícil para mí, no es fácil decírselo a los demás, pero con el tiempo pude hacerlo”, dijo respecto al proceso de reconocer la violencia generada en su contra y denunciar.

Otro de los 16 casos presentados en esta legislatura fue el de Jorge, nombre para proteger su identidad, quien sufrió de acoso laboral y cuyo caso fue concluido por falta de pruebas.

El trabajador de la Cámara baja consideró que “hace falta capacitación” en la Contraloría y la Unidad de Género, ya que no se dio un seguimiento puntual al caso. “Fue un olvido total de la autoridad”, manifestó inconforme.

Los gritos y humillaciones contra el personal fueron recurrentes, y pese a los testigos, se concluyó la investigación.

“A lo mejor no encontraron los elementos, pero de qué sirve entonces toda una legislación, una Unidad de Género, una serie de instancias, para que con la mano en la cintura te digan que no hubo elementos”, expuso.