Cae red que lucra con comida en Venezuela

La Procuraduría General de la República (PGR) desmanteló un grupo de empresas y personas físicas, tanto mexicanas como extranjera, que se dedicaban al desvío de recursos públicos destinados a la compra de alimentos básicos para habitantes de Venezuela.

En conferencia, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Lira Salas, informó que derivado de denuncias y de la coordinación con las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE) se detectó a la red que adquiría productos de baja calidad con recursos del programa venezolano para enviarlos a aquel país con precios inflados.

“Se trata no sólo de una operación que involucra actividades ilícitas, sino también la compra de productos de muy baja calidad, específicamente se habían presentado denuncias sobre la calidad de la leche y otros productos, y por eso era muy importante detener esa operación”, indicó.

Asimismo, agregó que de acuerdo con las diligencias, estos artículos tenían un valor 112 por ciento mayor al costo real y eran revendidos por operadores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPS), encargados de distribuir alimentos a precios subsidiados, pero que desviaron los fondos humanitarios destinados a mitigar la crisis.

“Este grupo de empresas y personas físicas han obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios para adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela; ello mediante tres mecanismos de operación: uno, adquirir productos de baja calidad. Dos, exportarlos a Venezuela con sobreprecio, y tres, a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana en un valor 112 por ciento mayor al costo real”, refirió Lira Salas.

Asimismo, indicó que con motivo de la investigación, se localizaron mil 300 contenedores marítimos en tierra mexicana, que contienen aproximadamente 1.8 millones de despensas alimenticias, cuyo destino era Venezuela, mismas que fueron proveídas por los empresarios relacionados con la indagatoria.

Dichos víveres deberán ser trasladados a su destino, luego de que se detectara que son perecederos y se corre el riesgo de agravar la crisis venezolana; la condiciones son que lleguen antes de su fecha de caducidad y que se garantice que el alimento es apto para el consumo humano.

También se detectó la participación de al menos cinco sujetos, identificados como Alex “N”, Álvaro “N”, Emanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes estuvieron a cargo de acudir a diversos países para hacer tratos con varias empresas.

Los señalados deberán entregar al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (INU)tres millones de dólares y estan obligados a no efectuar ningún acto comercial con ningún gobierno.