Con dinero de Tláhuac delegado financió bar donde se reunía El Ojos

La Contraloría General de la Ciudad de México informó que cuenta con dos investigaciones de carácter administrativo en contra del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, respecto de la asignación de contratos a particulares que patrocinaron su campaña política y la mejora de un restaurante de su propiedad con recursos públicos y personal de la demarcación.

Sobre la indagatoria que lleva a cabo la dependencia a cargo de Eduardo Rovelo Pico, que fue iniciada el 20 de julio pasado, consta que el jefe delegacional de Morena realizó mejoras en su restaurante, con denominación social La Carreta, con recursos públicos y humanos de la demarcación.

Ubicado en la colonia Santa María Poniente, este sitio es señalado como un centro de reunión de los sicarios y narcomenudistas al servicio de Felipe de Jesús Pérez Luna, El Ojos, quien encabezaba un grupo criminal que operaba en la zona, motivo por el cual fue clausurado recientemente por el Invea y la SSP.

Las inmediaciones de este establecimiento fueron mejoradas por quien fuera el jefe de Unidad en Obras de Tláhuac, Betuel Beltrán Vázquez, quien es hermano de Édgar El Primo Beltrán Vázquez, jefe de sicarios y encargado personal de la seguridad de El Ojos.

Al respecto, el perredista Mauricio Toledo dio a conocer durante la comparecencia de Salgado Vázquez ante los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) que Beltrán fue asignado con el número de empleado BEVB7905301S9.

Conforme a los documentos presentados por el asambleísta, este exfuncionario, a quien solía verse junto a Salgado en la entrega de obras públicas, contaba con un salario mensual de 22 mil pesos desde que ingresara el 16 de febrero de 2016.

En lo que respecta a la otra indagatoria, consta que la administración del funcionario de Morena otorgó hasta 36 contrataciones directas por 20 millones de pesos a Patricia Lizeth Sánchez Vázquez, Cinthya Nayeli Vázquez Hernández y Jesús Martínez Hurtado, quienes donaron recursos financieros en 2015 durante el periodo de campaña.

Tan sólo a través del contrato 035/2016, la demarcación destinó más de cuatro millones de pesos para la adquisición de baterías, aceites y refacciones para motonetas, el cual fue adjudicado a Cinthya Nayeli Vázquez Hernández, según precisó el diputado perredista Mauricio Toledo.

Respecto de esta investigación, iniciada el 21 de junio, Salgado Vázquez afirmó: “La administración a mi cargo no realizó ninguna contratación bajo el citado procedimiento. La Contraloría nos requirió información referente a contratos, actas del Comité de Adquisiciones y dictámenes de fallo, principalmente”.

El morenista justificó que los contratos fueron celebrados conforme a la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, a través del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la jefatura delegacional.

Por tanto, admitió que en su administración sí se han otorgado contratos a quienes durante su candidatura apoyaron a Morena, pero defendió que ello no constituye un conflicto de intereses.

“No existe elemento alguno que acredite, haga suponer o muestre indicios que la donación al partido político Morena fue a cambio de una acción u omisión relacionada con sus funciones, más aún porque el proceso de contratación por asignación, licitación o invitación restringida establece hipótesis de cumplimiento. No se podría acreditar ninguna responsabilidad en virtud de que las aportaciones de militantes están amparadas en un esquema de financiamiento privado y encuentran sustento en la ley de partidos y en el propio reglamento de fiscalización”, aseguró.

Qué dice la ley

La remoción se sustenta en los artículos 42 y 108 del Estatuto de Gobierno.

La solicitud podrá presentarla el Jefe de Gobierno o un tercio de los diputados de la Asamblea Legislativa.

La misma deberá estar debidamente motivada y acompañada de los elementos probatorios correspondientes.

El delegado tendrá oportunidad de presentar las pruebas y hacer los alegatos que le convengan.

La ALDF calificará la gravedad de la falta y resolverá con el voto de dos tercios de los integrantes de la Legislatura.

La resolución de la Asamblea será definitiva e inatacable y surtirá efectos de inmediato.

La ALDF designará, a propuesta del Jefe de Gobierno y por mayoría absoluta, al jefe delegacional sustituto.

“En Tláhuac no discriminamos al contratar”

El funcionario sostiene que se emplea a las personas “de buena fe”; asegura que el gobierno capitalino es el que debe indagar irregularidades

Rigoberto Salgado, jefe delegacional de Tláhuac, dijo desconocer los nexos que pudiera tener el personal que labora en la demarcación con Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, porque en su gobierno los contratos con los trabajadores se hacen “de buena fe”; además, señaló que es responsabilidad del gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera informarle de cualquier irregularidad en su plantilla.

Al comparecer ante los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el delegado, que fue nombrado candidato por Andrés Manuel López Obrador en 2015, aseguró haber enviado más de mil oficios a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, en los que alertó de diversos problemas por la inseguridad detectada durante 450 reuniones del Gabinete de Seguridad.

Sin embargo, dijo no contar con información respecto de las relaciones familiares y nexos que parte de sus trabajadores sostuvieron con El Ojos y que, se presume, persisten con el grupo delictivo que éste comandó antes de ser abatido por la Marina el pasado 20 de julio.

“El gobierno delegacional contrata personas de la comunidad con el principio de buena fe y si las personas presentan alguna conducta antisocial, eso nos lo tiene que decir la autoridad. Si la contratación que hicimos amerita que se encuentre en la carpeta de investigaciones, que se incorpore, porque yo no voy a hablar de personas”, afirmó.

Al respecto, el diputado perredista Mauricio Toledo expuso tener información sobre al menos cuatro funcionarios públicos de la demarcación relacionados con la célula delictiva conocida como el “Cártel de Tláhuac”.

Se trata del exjefe de Unidad de Obras en Agua Potable, Betuel Beltrán Vázquez, El Primo, familiar de Édgar Beltrán, exlíder de sicarios y escolta personal de El Ojos (actualmente preso en el Reclusorio Norte), quien ingresó a la delegación el 16 de febrero de 2016 con un sueldo mensual de 22 mil pesos.

La segunda es Griselda Cortés Gutiérrez, quien contaba con dos plazas desde 2016: una en el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), Área B, con un sueldo de 2 mil 786 pesos y en el Área L, en el que cobraba 10 mil 713 pesos; para uno fue contratada en enero y para el otro, en marzo. Esta mujer es hermana de Nancy Gutiérrez, posible sucesora de El Ojos.

Dentro del CESAC también se encuentra en nómina la pareja sentimental del líder del Cártel de Tláhuac, Arisele Cortés Gutiérrez, con un suelo neto de 6 mil 733 pesos a partir del 1 de enero de 2017.

Christian Salgado Pérez, hijo de Sara Pérez Luna, hermana de El Ojos, y Salomón Salgado Pérez, primo del delegado, estuvo a cago de la coordinación de Proyectos en la subdirección de Finanzas, con un sueldo de 17 mil 969 pesos desde el 1 de febrero de 2016.

Al respecto, Toledo expresó: “Es irresponsable y ridículo que el delegado afirme desconocer estos lazos consanguíneos y delictivos de su personal con El Ojos. Es una falta de respeto para la ciudadanía que no sepa quiénes forman su gabinete, que no los mande a investigar. Es un error flagrante el reconocer que no investiga a quienes laboran con él”.

Tiene casa de $8 millones y dice sentirse inseguro en ella

Ante el clima de inseguridad que se vive en Tláhuac, ni siquiera su delegado, Rigoberto Salgado, se siente ya seguro en la casa que construyó en poco más de año y medio, y que está valuada en más de ocho millones de pesos, la cual es custodiada con personal de vigilancia y un sistema de monitoreo.

El jefe delegacional se dijo agredido por los señalamientos de los diputados panistas, priistas y perredistas de la Asamblea Legislativa que exhibieron públicamente su domicilio y lo cuestionaron por erigir una casa de tres niveles cuando en su encargo como funcionario apenas ha cobrado un total de un millón 635 mil 623 pesos.

“Ese domicilio está declarado desde el año 2012, de acuerdo a lo que ahí mencionan que son 7 mil metros, cuando en realidad estamos en presencia de un predio de 273 metros y la vivienda construida ahí está sobre la base de 140 metros. ¿Cuál es el objetivo, la necesidad de exponer a mi familia, a las personas que ahí habitamos?”, aseguró Salgado, para concluir que ya no se siente seguro ahora que su domicilio se ha hecho público.

Fue el perredista Mauricio Toledo quien mostró fotos de la lujosa construcción que se comenzó a erigir en octubre de 2015 y que se ubica en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Santa Catarina Yecahizotl, la cual por su tamaño y acabados resalta del resto en la zona.

El priista Adrián Rubalcava le señaló que “si ni siquiera usted se siente seguro en su demarcación, entonces no me quiero imaginar lo que siente cualquier persona”.