Sin sentencia y olvidadas, 6,510 encarceladas por delitos federales

Luego de permanecer 11 años presa sin sentencia, cuyo caso viola la Constitución, finalmente el juez determinó condenar a Verónica Razo a 25 años de cárcel por un supuesto secuestro; su hermano, que estaba acusado por la misma causa, fue exonerado y liberado un mes antes.

Todo inició el 8 de junio del 2011, cuando elementos de la Policía Judicial Federal detuvieron en la calle de Lucas Alamán, en la colonia Obrera, de la Ciudad de México, a Verónica Razo Casales, una comerciante y madre de familia a la que acusaron de secuestradora.

Pasó en prisión todos estos años sin que se resolviera su caso, hasta que el pasado 27 de mayo el Juez Octavo de Distrito con sede en Naucalpan, Estado de México, Miguel Ángel Burguete García, le dictó sentencia de 25 años de prisión por su presunta responsabilidad en ese delito.

Su hermano Erick, quien enfrentaba los mismos cargos, en el mismo juzgado, fue absuelto, pero a Verónica se le negó esa posibilidad.

“Yo creo que los jueces no quieren reconocer que se equivocaron todos estos años; no quieren reconocer que tuvieron a Verónica injustamente presa más de una década, no quieren reconocer que, por ejemplo en el caso de Erick, su hermano, pues le dijeron: ‘ok, eras inocente, vete, usted disculpe’, después de pasar 11 años en prisión preventiva oficiosa, y en el caso de Verónica ya está a punto de cumplir 12 años y, bueno, veremos hasta dónde lleva este caso”, sostiene Netzaí Sandoval, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

Su caso, aunque emblemático por el tiempo en prisión, es uno más entre las 92 mil 595 Personas Privada de la Libertad (PPL) que, hasta junio pasado, permanecían en prisiones estatales y federales sin recibir sentencia. De ellas, seis mil 510, el siete por ciento, son mujeres recluidas por delitos federales y del fuero común.

El caso de Verónica descubre la gran cantidad de mujeres que deben esperar en prisión por un proceso legal, largo y lento por parte de los jueces, que incluso se niegan a aceptar su propia responsabilidad en sentencias equivocadas, dijo Sandoval Ballesteros a La Razón.

“En este momento ya no está acusada de delincuencia organizada ni de dos de los secuestros que le imputaron y, el hecho de que permanezca en prisión, tiene que ver con un último caso, una última acusación de secuestro. Algo que a nosotros nos duele y nos indigna es que en el mismo supuesto se encontraba su hermano Erick y, en su caso, logramos demostrar su absoluta inocencia y logramos ponerlo en libertad, pero el caso de Verónica es todavía más grave que el de Erick, porque está demostrado que ella fue víctima de tortura y me atrevo a compartir contigo, tortura sexual”, explicó.

Las mujeres, reconoce, sufren el abandono de sus familias y defensores, y ejemplifica con un dato: “Nueve de cada 10 varones privados de la libertad tienen visita conyugal. En el caso de las mujeres, nueve de cada diez no tienen esa relación; ¿qué quiere decir? Que fueron abandonadas por sus parejas, esposos o novios”.

“En el caso de los hombres, yo también digo que hay algo cultural. Nosotros tenemos casos de hombres y no sabes cómo vienen sus mamás, su esposa, a decirnos: ‘es inocente, por favor ayúdenlo’. Vienen las mujeres a defender a sus esposos, pero en el caso de las mujeres, yo no veo a los esposos; yo no he recibido a un solo esposo que venga a decirme: ‘mi esposa es inocente, por favor ayúdala’; no hay esa misma determinación, ese ahínco. ¿Por qué? Pues porque tenemos una cultura machista. Los hombres abandonan a sus esposas, incluso se divorcian o, sin divorciarse, vuelven a tener otras familias”, dijo.

En el caso de Verónica, las irregularidades se cometieron en cada parte del proceso. Los policías que la arrestaron dijeron a la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en un documento oficial, que Verónica había sido detenida el día 9 de junio a las 9 de la mañana y que había sido detenida con su hermano Erick y seis personas más en un supuesto operativo en una gasolinera ubicada en la Magdalena Mixhuca, en la Ciudad de México; además, dijeron que estaban a punto de delinquir y que su intervención evitó que cometieran un secuestro.

Pero la detención ocurrió un día antes. Verónica fue incomunicada 24 horas y, a pesar de ello, el juez aceptó la declaración policiaca.

En nuestro país todavía no había lo que se conoce como el debido proceso y eran los tiempos en que Genaro García Luna construía culpables a modo, acusa Netzaí Sandoval.

Austreberta Casales, madre de Verónica, narró a este diario lo que significa una detención tan larga y la ausencia familiar.

“No, pues mi familia está destrozada, a mis nietos les robaron toda su infancia, les quitaron a su madre, que es la base principal de una familia. A mí, pues me quitaron a mis hijos. Yo soy madre y yo estoy peor que ellos, porque he sido torturada por la sociedad, he sido torturada por la gente, he sido torturada en cuestiones económicas, en todo”.

Hoy, los hijos de Verónica, Byron y Luna, estudian la maestría y la licenciatura en radiología, pero no pierden la esperanza de pronto reunirse con su madre.

AMLO reconoce retrasos en impartición de justicia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció retrasos en la impartición de justicia, a pesar de que se acredita la inocencia, o uso de tortura para lograr incriminaciones de presuntos delincuentes.

Señaló, sin dar casos, específicos, aquellos en que organismos internacionales lograron acreditar irregularidades en los procesos: “se avanza poco en liberar a personas que injustamente están en la cárcel y está demostrado que, por ejemplo, fueron torturados. Existen las pruebas que han hecho instituciones de otros países y que es dominio público”.

Incluso, dijo, desde la Presidencia ha impulsado diversos mecanismos para beneficiar a la Población Privada de la Libertad, pero ni siquiera así han logrado avanzar en la liberación de estas personas, por lo que le encargará el tema a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, que se enfoque en reducir la población penitenciaria.