Conoce los 10 puntos clave del informe sobre la "Casa Blanca"

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó que ni el presidente Enrique Peña Nieto, ni su esposa, ni su secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de intereses por la adquisición de inmuebles a empresas que luego obtuvieron contratos públicos millonarios.

El secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, señaló que "se determinó que no existe conflicto de interés" porque los inmuebles fueron adquiridos antes de que Peña Nieto asumiera como presidente en diciembre de 2012.

Aquí 10 puntos del informe:

La SFP investigó la compra de un inmueble por parte de la esposa del presidente, Angélica Rivera, pactada en 2012 con una de las empresas, pero determinó que no hubo una participación indebida de funcionarios y aclaró que ella no es funcionaria pública.

La primera dama había pagó con cheques de su cuenta personal y al término del contrato de posesión pagó 10.5 millones de pesos de renta por el tiempo que usó la casa.

La SFP informó que investigó 33 contratos federales con empresas propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, en el marco de la investigación de conflicto de interés entre funcionarios y el Grupo Higa.

Se investigaron 111 funcionarios "directamente involucrados" de las 15 dependencias, quienes declararon no haber recibido presión o "injerencia alguna de otra autoridad superior".

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también fue exonerado por la adquisición de una vivienda en octubre de 2012 en virtud de que no era funcionario en ese momento.

En todos los casos se demostró que los tres investigados pagaron los inmuebles en los términos firmados en los contratos de compraventa a través de documentos públicos y cheques certificados emitidos por los compradores.

Andrade detalló que los dos grupos empresariales que vendieron los inmuebles tienen 33 contratos firmados con 15 dependencias del Gobierno federal, los cuales 13 son de adquisiciones de bienes y servicios y los 20 restantes de obra pública.

La investigación, integrada por casi una veintena de expedientes de 60.000 hojas, "está concluida" y será "abierto al escrutinio".

Los contratos representan el 0,017 % del monto total de los otorgados por el Gobierno federal desde diciembre de 2012 al 31 de marzo de 2015.

El 3 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto nombró a Andrade secretario de la Función Pública y le pidió la apertura de esta investigación.