Suman 14 cuentas congeladas vinculadas a García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró congelar tres cuentas más a personas y empresas ligadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, con lo que suman 14 las cuentas bancarias aseguradas, informó Santiago Nieto Castillo.

En diciembre pasado, el titular de la UIF reportó que tenían aseguradas 11 cuentas de empresas y personas vinculadas al caso, pero ahora el número ascendió a 14.

Señaló que colaboran de manera estrecha con el gobierno de los Estados Unidos proporcionando información sobre las actividades financieras de García Luna, que serán utilizadas en el juicio que se le sigue en el Centro Metropolitano de Brooklyn.

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UIF detalla caso contra César Duarte

Al participar en el III Foro Regional Interparlamentario Sobre Seguridad en el Triángulo Norte de América Central y México, Nieto Castillo se refirió también al caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien enfrenta 15 procesos, 14 en el ámbito local y uno en el federal, dijo que ya se ha solicitado la extradición a México, pero por ahora deben dividirse los cargos que enfrentará en ambas instancias.

Aseguró que recientemente se detectó un rancho, propiedad de Duarte, cuyas dimensiones sobrepasan incluso al territorio de un municipio completo de Chihuahua, pero esa investigación se lleva en el ámbito local.

Pide Nieto a legisladores reformas para proceder con extinción de dominio

Nieto Castillo pidió a los legisladores insistir en la reforma legislativa que permita que la UIF pueda proceder a solicitar la extinción de dominio, cuando los bienes asegurados no sean reclamados por sus dueños o que haciéndolo no acrediten el origen lícito de los mismos.

Puso por ejemplo el caso de una cuenta bancaria asegurada a un grupo criminal dedicado a la venta y trasiego de drogas: se tratan de dos millones de dólares decomisados a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y hasta ahora nadie los ha reclamado.

Otro caso, es el de una banda dedicada a la trata de personas que realizó depósitos por 800 millones de pesos y tampoco han sido reclamados o no han podido acreditar su legítima propiedad.

El funcionario dijo que la experiencia internacional marca que luego de 90 días de incautado un bien, si no es reclamado, la autoridad financiera puede solicitar al Ministerio Público que proceda a la extinción de dominio, por lo que solicitó a la Cámara de Diputados analizar una reforma legal en ese sentido.

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