Ley Olimpia, aprobada tras 8 años de batalla

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Olimpia, para castigar con prisión de 3 a 6 años y multas de 44 mil 810 pesos a 89 mil 620 pesos, a aquellas personas que violen la intimidad sexual de otra, “grabando, fotografiando, imprimiendo o elaborando imágenes, audios o videos con contenido sexual, sin su consentimiento”.

El dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal, se avaló por 446 votos a favor y uno en contra.

La iniciativa define la violencia mediática, como todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta “promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida”.

De acuerdo con el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 36.4 por ciento de las mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizaron Internet en 2019 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses, frente a 27.2 de los hombres, mientras que 40.3 por ciento de las mujeres de 12 años y más víctimas de ciberacoso durante los últimos 12 meses recibió insinuaciones o propuestas sexuales.

De la población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso durante los últimos 12 meses y pudo identificar el sexo de su o sus agresores, 61.8 por ciento fueron hombres agredidos por hombres y 54.8 por ciento mujeres agredidas por hombres.

Al presentar el dictamen, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, de Morena, recordó que la iniciativa se construyó en consenso con asociaciones, académicas, observadoras y organizaciones civiles, por lo que representa “un gran avance legislativo”.

La diputada del PAN, Pilar Ortega, advirtió que la violencia ejercida a través de medios electrónicos o a través del Internet “constituyen actos que degradan, que lastiman, que afectan la dignidad de las mujeres y que, por lo tanto, deben erradicarse”.

Ana Lucia Riojas Martínez, sin partido, fue la única diputada que votó en contra, al justificar que en México, 40 por ciento de las personas que se encuentran encarceladas no tienen una sentencia y están ahí, principalmente porque fueron incapaces de pagar una defensa adecuada, es decir, que las cárceles están rebasadas, y no está demostrado que la privación de la libertad reduzca las conductas de acoso.

“La pregunta debe ser: ¿cómo disminuimos la violencia contra las mujeres y garantizamos su no repetición? Y toda la evidencia respalda lo que nos queda claro. La respuesta no es más cárcel y más penas”, explicó.

Actualmente 29 entidades ya han hecho adecuaciones a sus ordenamientos para castigar la violencia digital, pero aún falta que se aplique en Tabasco y Chihuahua. Con la nueva legislación se prevé que todas las disposiciones de las entidades queden homologadas bajo una misma Ley.

El dictamen inició su discusión en lo particular.

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