En extinción de dominio incluyen el huachicoleo

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó el proyecto de la Ley Especial de Extinción de Dominio, la cual regula la extinción de dominio sobre bienes provenientes de actividades ilícitas, tales como narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual y  tráfico ilícito de órganos. Añade los bienes producto del robo de hidrocarburos (huachicol).

El presidente de dicha comisión, Julio Menchaca Salazar, explicó que los recursos obtenidos por la venta anticipada, venta final y liquidación de bienes o derechos sobre los que se constituyó la extinción de dominio, serán distribuidos de la siguiente manera:

El 20 por ciento se destinará al fondo especial para la administración, mantenimiento y preservación de los bienes asegurados o decomisados y sobre los que se constituyó la extinción de dominio y para cubrir de manera complementaria los gastos de operación de la Unidad de Recuperación de Activos del Instituto Costarricense sobre Drogas en el ejercicio de sus funciones.

[caption id="attachment_823824" align="alignright" width="278"] Gráfico: La Razón de México[/caption]

El 40 por ciento irá al Poder Judicial, el cual destinará estos recursos para financiar la jurisdicción de extinción de dominio.

El otro 40 por ciento será otorgado la Secretaría de Hacienda, para la amortización de deuda y el financiamiento de programas sociales.

“Esta propuesta de ley es una herramienta que viene contribuir con las autoridades judiciales, para combatir el crimen organizado y el capital ilícito, y tendrá un papel fundamental en la desarticulación de organizaciones y redes criminales que desarrollan actividades vinculadas al crimen organizado”, concluyó Menchaca Salazar.

La minuta, que reforma los artículos 22 y 23 de la Constitución en la materia, fue enviada a la Cámara de Diputados para ser discutida este jueves.

El Dato: El proyecto obtuvo la aprobación del PAN, pese a estar en contra de enlistar los delitos, pues considera que ligar el proceso penal y civil hará más lenta su aplicación.