En riesgo, recursos contra “Ley Bonilla”

Durante los conversatorios temáticos del PRD para la creación del proyecto Futuro 21, militantes y panelistas advirtieron que la publicación de la reforma constitucional para ampliar la gubernatura de Baja California de dos a cinco años se ha retrasado con el fin de entorpecer los recursos de inconstitucionalidad y favorecer al gobernador electo, Jaime Bonilla; asimismo, acusaron al gobernador Francisco Kiko Vega de pactar con el morenista.

Ángel Ávila, integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del partido, precisó que “muy probablemente” se entregue la llamada “Ley Bonilla” minutos antes de que tome protesta, pues hasta el momento los legisladores sostienen que está perdida y por ello no se ha publicado.

“Kiko Vega la pidió, pero dicen que no la encuentran. Son acciones leguleyas que están haciendo para beneficiar a Bonilla. La van a presentar (a las) 11:30 y él toma protesta (a las) 11:45; esto para que esté en el cargo cinco años”, señaló.

Ávila aseguró que hubo un acuerdo entre el panista y el morenista para que se lograra la votación a favor, pero que debido a la crítica de distintos sectores de la población y de su propio partido, Vega de Lamadrid se tuvo que echar para atrás.

“Si tú dejas pasar una ley, creas un precedente, y cualquiera lo va a querer hacer de una forma irresponsable”, agregó.

En ese sentido, el excandidato a la gubernatura del estado por el sol azteca, Jaime Martínez Veloz, aseguró que la reforma es una “cortina de humo” para evitar que supuestas violaciones electorales cometidas por el gobernador electo queden sin investigación, como su supuesta falta de nacionalidad mexicana.

Acusó que Bonilla tiene un conflicto de interés, pues cuando fue director de Agua de Otay, en Texas, diseñó un esquema para instalar plantas de desalinización de agua en Rosarito, Baja California, para abastecer 151 millones de litros diarios a Estados Unidos: “Desde ahí ya tenían un arreglo (Vega y Bonilla) y (el morenista) planificó un proyecto ambicioso para establecerse en México”.

En su oportunidad, la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, aseguró que “existe una relación extraña entre Francisco Vega y Jaime Bonilla, misma que se tiene que investigar”.

Los panelistas coincidieron en que una vez que la reforma sea publicada se deben promover juicios de amparo desde la ciudadanía y las instituciones.

Por separado, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, coincidió en que el retraso en la publicación de la “Ley Bonilla” es una maniobra política.

“Con todas las argucias, guardando silencio, metieron en el cajón esta reforma que amplía el mandato de Jaime Bonilla y ya hiede, ya apesta, porque no la quieren ventilar y porque lo que quieren es no darle tiempo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación suficiente para que pueda conocer de ella y entonces pueda declararla inconstitucional”, aseguró en conferencia de prensa desde Baja California.

Por ello, retó a Bonilla Valdez a ir esta semana al Congreso de la entidad a decirles a los legisladores públicamente que ya notifiquen, “porque es más que obvio, es más que evidente que él en lo privado, como lo sabe hacer, corrompiendo y presionando, les está pidiendo que no lo hagan”.

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