Fraude por 1,800 mdp en Ferronales

Redacción / La Razón

El secretario de la Función Pública, Salvador Vega, presentó ante la PGR una denuncia contra cinco ex servidores públicos y cuatro empresas privadas que defraudaron por más de mil 800 millones de pesos a Ferrocarriles Nacionales. El funcionario destacó que se trata del ilícito más grande detectado en la historia de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y que a los ex funcionarios involucrados ya se les inhabilitó para desempeñarse en el servicio público entre 11 y 15 años, según el caso.

En rueda de prensa, Vega Casillas detalló que los presuntos responsables del fraude contra el organismo en liquidación son Enrique Alejandro Rivas Zivy, quien fungió como fiduciario especial de Banobras y encargado del proceso.

Asimismo Efrén Alejandro del Pozo Castro, subdirector general jurídico, y Antonio Paredes Ruiz, subgerente de Servicios Especiales. En igual caso se encuentra Saúl Román Tiburcio, jefe de área de la Subdirección General Jurídica, y Pedro Rodolfo Muriel Salazar, jefe de área C de la Subgerencia de Servicios Especiales.

Indicó que además de haber sido inhabilitados se sigue proceso penal contra los ex funcionarios que pudiera desembocar en siete años de prisión y el pago por la reparación del daño. El secretario añadió que la SFP tiene abierto otro proceso administrativo que los puede condenar a pagar sanciones equivalentes a hasta tres veces el monto total del daño ocasionado. Las empresas presuntamente involucradas son Remetsa, propiedad de Juan Guzmán Cabrera, Claudio Arvizu Téllez y David Reséndiz Alba; Remesare, Cicloaceros y varios negocios en Sonora propiedad de José Fernando Sánchez Alarcón.

Vega detalló que los ex funcionarios convocaron entre 2003 y 2005 a licitaciones para vender chatarra de Ferronales, pero no entregaron el material, lo que generó un adeudo de unos 10.3 millones de pesos con las empresas adjudicadas.