4T apelará libertad de 8 militares del caso Iguala

El Gobierno federal manifestó ayer que “suscribe la postura” de la Fiscalía General de la República respecto a la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien el pasado sábado ordenó la liberación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa y a tres magistrados que con sus actuaciones previas facilitaron esta resolución.

Ayer por la tarde, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el fiscal del caso, Rosendo Gómez, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

Luego del encuentro privado, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que señaló: “No nos extraña la posición del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el caso Ayotzinapa. Dentro de sus prioridades nunca ha estado hacer justicia, ni encontrar la verdad. Por el contrario, se ha dedicado a obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”.

La dependencia indicó: “Encubiertos en tecnicismos, no ponderan los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición. No puede pasar desapercibido que fue el mismo Poder Judicial el que liberó a 62 implicados en los hechos al argumentar que habían sido torturados, pero no han actuado en contra de torturadores, como es el caso de Tomás ‘N’, actualmente prófugo en Israel”.

La Segob añadió que también intentaron dejar en libertad al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a través del cambio de sus medidas cautelares, lo cual se impidió gracias al trabajo coordinado entre la FGR y otras dependencias del Gobierno federal. 

“Ahora, sin ningún fundamento legal, ellos mismos ordenan poner en libertad a ocho militares señalados de haber participado en el caso Ayotzinapa con la deliberada intención de favorecer la hipótesis de que el Gobierno de México protege al Ejército”, agregó.

En el comunicado, Gobernación apuntó que el Poder Judicial pretende “seguir socavando el prestigio de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano y perjudicar el compromiso del Presidente de conocer la verdad y llegar al fondo de los hechos. Todo ello, por razones estrictamente políticas”.

Además, estableció que para el Gobierno federal “el caso Ayotzinapa es un asunto de Estado”, por lo que solicitará a la FGR realizar la revisión de las medidas cautelares impuestas a los militares, con base en los factores de riesgo y los elementos probatorios que llevaron a la jueza a otorgar la prisión preventiva justificada desde el 15 de agosto pasado, pero que el Tribunal Colegiado ignoró y dejó sin efectos.

El Gobierno federal refrendó su “compromiso con la legalidad y con el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014”.

Los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, fueron acusados por desaparición forzada y vinculados a proceso en junio del 2023 por la misma jueza Ivette Duarte, por lo que permanecen recluidos en la prisión del Campo Militar número uno, a la espera de que se concrete la liberación ordenada por la jueza el pasado sábado.

Fiscalía no impugnó

Por la noche, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que a los ocho militares la jueza les cambió la medida cautelar de prisión preventiva por prisión domiciliaria, “al considerar que la Fiscalía no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia”.

En un comunicado, el CJF indicó que, durante el proceso penal correspondiente, “únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la Fiscalía”.

Explicó que los elementos del Ejército Mexicano pidieron desde el inicio la revisión de la medida cautelar, por lo que en principio el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió una suspensión para que se fijara fecha para nueva audiencia a fin de revisar dicha medida, pero sin volver a escuchar los argumentos.

Los inculpados apelaron esta parte de la resolución y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, el 30 de noviembre del 2023 resolvió modificar la resolución del juzgado de amparo sólo en cuanto a que era innecesario volver a citar a las partes para debatir la medida impuesta.

El CJF estableció que la liberación de los militares fue “por compromiso a resoluciones judiciales” y señaló que este órgano de control del Poder Judicial “está comprometido con la transparencia de las resoluciones jurisdiccionales”.