Hoy, 8M con pendientes por violencia, inequidad, falta de apoyo...

En México, el 95 por ciento de los casos de violencia obstétrica no son denunciados, como consecuencia de la falta de mecanismos en las instituciones médicas para atender las quejas y porque esta práctica es considerada delito sólo en cinco entidades federativas.

Esta violencia que vive una de cada tres mujeres al momento del parto, según el IMSS, sólo está tipificada como ilícito en Veracruz, Chiapas, Guerrero, Estado de México y Puebla, afirmó a La Razón Francisco Hernández, presidente de la organización Lex Pro Humanitas.

Los tocamientos no consentidos, procedimientos médicos no explicados y tratos humillantes y atemorizantes son parte de los actos constitutivos de la violencia obstétrica.

Patricia acudió al Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, del ISSSTE, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, para vivir una de las experiencias más importantes de su vida: convertirse en madre; sin embargo, haber sido tocada y observada sin su consentimiento en más de siete veces, por parte de médicos e incluso practicantes que entraban y salían de su habitación, le dio un giro a este acontecimiento.

“Cuando tuve a mi otro hijo, la doctora sólo me hizo un tacto y ya, pero acá, cuando yo entré, me hacen un tacto, me suben a los estudios, nadie me dice nada, me bajan de nuevo a una camilla, después a una cama y llega un doctor, me hace otro tacto; luego llegó (el abuso) con practicantes. Sin mentir, fueron unas siete u ocho veces que me hicieron tacto; supuse que era normal, pero yo me sentía mal”, relató a La Razón.

Además, Patricia tuvo un parto inducido y expuso que los médicos a cargo no le solicitaron su consentimiento para suministrarle los medicamentos, ni le explicaron el porqué dirigieron su parto de esa forma.

La mujer afirmó que esto no influyó en su decisión de querer volver a ser madre, pero “sí me ha costado trabajo ir a una consulta ginecológica”, a pesar de los años que han pasado.

Francisco Hernández, quien preside Lex Pro Humanitas -despacho jurídico que brinda asesoría legal e impulsa reformas legislativas para erradicar las agresiones en espacios médicos-, indicó que la violencia obstétrica “se recrudeció desde que inició la pandemia, porque los hospitales se sobresaturaron atendiendo Covid-19; la calidad y calidez de la atención disminuyó”, lo que propició que las mujeres buscaran atención en clínicas privadas.

“El delito también va para personal administrativo, no sólo el personal médico. Desde el inicio en el que van a pedir la consulta (las mujeres), las maltratan y durante la atención también hay maltrato psicológico, las denigran, las humillan. Los casos más graves son cuando se les quiere sobremedicar o se les dice que va a ser cesárea, cuando tienen las condiciones para que sea parto natural, pero ni siquiera les informan sobre las repercusiones o efectos de llevarse a cabo una cesárea”, afirmó.

Clara Bellami Ortiz, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, expuso que desde las aulas se comienza a “objetivar a los pacientes”, ya que los profesores aconsejan a los estudiantes “no sentir, porque te puedes vincular, no lo harás bien. No los vemos como personas, sino como números o enfermedades, donde se quita la visión de las personas como personas con dolor, con derechos, con conocimiento. Es una cuestión muy paternalista, en la que el que detenta todo el poder son los médicos y no los otros”.

Destacó que en las comunidades indígenas se suman agravantes, pues se observa un desconocimiento de los derechos, lo que converge con barreras como el idioma y esto complica la comunicación entre el médico y la paciente.

Desde su perspectiva, la causa de que estas agresiones continúen es que se ha intentado resolverlas como problemas individuales.

“Tendríamos que reformular los programas educativos de las escuelas de medicina, que tienen este sistema de reproducción de violencia y deshumanización, y tendríamos que pensar en integrar las ciencias sociales y humanísticas, ausentes en estos programas”, dijo.

Maternidad no se opone al desarrollo profesional

Ministras, senadoras y alcaldesas coincidieron en que la maternidad no se contrapone con el desarrollo profesional ni el papel que puedan desempeñar como funcionarias o juzgadoras.

En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, el movimiento Unión Mujer realizó el Foro “La Maternidad en los Poderes de la Unión”, en el que participaron la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa; la senadora Alejandra Reynoso, vicepresidenta de la Cámara alta, y la presidenta municipal de Allende, Nuevo León, Eva Patricia Salazar, presidenta de la Red Nacional de Alcaldesas.

En ese contexto, la ministra Esquivel sostuvo que la maternidad no está peleada con el desarrollo profesional, ni lo debe condicionar.

“Para mí, ser madre y desempeñar una profesión, desde luego conlleva obstáculos, implica un mayor esfuerzo que el que representa para los hombres, proveedores. Espacio que apenas empieza a visibilizar, un fenómeno que hoy no sólo tiene nombre: la doble jornada laboral. Sino que reconoce y se le atribuyen consecuencias jurídicas”, dijo.

Destacó la importancia de que los hombres, en el caso del trabajo que realiza en la SCJN, la respetan como ministra, sobre todo por la preparación que demuestra en sus casos, lo que ha establecido una relación diferente.

Recursos para igualdad llegan a otros rubros

Los recursos destinados para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres han aumentado cada año, aunque este incremento se ha reflejado, en mayor medida, en los programas sociales que impulsa el actual Gobierno.

Las “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, también conocidas como anexo 13, son recursos destinados exclusivamente a combatir la desigualdad en razón de género, que para el Presupuesto de Egresos 2022 tuvo un aumento del 75 por ciento respecto al año anterior.

Uno de los programas que más se benefició fueron las Pensiones para Adultos Mayores, con 127 mil 171 millones de pesos, el 53 por ciento de su presupuesto total para este año.

Otro de los programas del ramo de Bienestar es Sembrando Vida, que si bien no tiene como objetivo principal reducir la brecha de género, se etiquetó el 31.7 por ciento de su presupuesto en ese anexo, un total de nueve mil 500 millones de pesos.

En contraste, en el mismo ramo, los programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas; Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras y de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, suman tres mil 393 millones de pesos.

Lo anterior equivale al tres por ciento del monto destinado a las Pensiones de Adultos Mayores, pese a que inciden directamente en políticas en beneficio de las mujeres.

En el ramo de Trabajo y Previsión Social se contemplaron 10 mil 785 millones de pesos para impulsar la igualdad de hombres y mujeres, pero de esos recursos, 10 mil 719 millones son para la unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Al respecto, Blanca Alcalá, diputada del PRI, expuso que, de los 113 programas presupuestarios incluidos en el anexo, sólo 25 están vinculados al tema de género. Esto es, un seis por ciento de todo el presupuesto destinado para el empoderamiento de las mujeres.

“En los últimos años hemos visto no sólo cómo se han reducido, sino han desaparecido rubros que eran sustantivos para lograr la autonomía de las mujeres”, advirtió.

Entre éstos, enlistó las Estancias Infantiles y las Escuelas de Tiempo Completo, que beneficiaban a las mujeres que incursionan en el campo laboral.

La legisladora priista apuntó que, si bien hay avances en materia de género, se tienen que materializar los discursos en el presupuesto para que no quede en “letra muerta”.

Mirza Flores, vicecoordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, señaló que hay programas que no deberían estar incluidos en el anexo 13 con el argumento de que se diseñó para impulsar la política de igualdad en el país.

“El hecho de que hayan quedado en el anexo 13 los programas emblemas del Presidente, te das cuenta de que lo hacen como un reparto electoral”, apuntó.

La diputada subrayó que se debe frenar el desmantelamiento de instituciones y políticas públicas que benefician a las mujeres, ya que advirtió que “toda la política de cuidados se está viniendo abajo”.

La emecista expuso que el presupuesto de este año no se adapta a los principios internacionales de transversalidad, es decir, que atienda las necesidades particulares de las mujeres.

“La política fiscal y la política nacional de igualdad entre hombres y mujeres debe tener mejor intercomunicación con las secretarías, para poder aplicar con transversalidad de género todos los programas y recursos que tenemos”, manifestó.

Sin empleo, 600 mil mujeres por la 4a ola

Las mujeres perdieron más empleos que los hombres durante la cuarta ola de contagios de Covid-19 y la llegada de la variante Ómicron a México.

Entre diciembre del 2021 y enero del 2022, se observó un descenso de 1.1 millones de personas ocupadas en el país, cifra de la cual 600 mil son mujeres, que significan el 54.5 por ciento, y 500 mil son hombres, quienes abarcaron el 45.5 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De las 21.7 millones de mujeres empleadas al inicio de este año, 12.07 millones -el 55.6 por ciento- fueron clasificadas dentro de la ocupación informal.

Este segmento comprende a quienes fueron laboralmente vulnerables, por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajaron, como quienes cuyo vínculo o dependencia laboral no fue reconocido por su fuente de trabajo.

Dentro de este tipo de ocupación, 6.2 millones de mujeres pertenecieron al sector informal; es decir, quienes trabajaron para unidades económicas operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad, sin que se constituya como empresa.

Entre esas 600 mil mujeres que quedaron sin empleo se encuentra Jazmín, quien pese a contar con las certificaciones más altas de inglés y no tener ningún reporte por impuntualidad o faltas en el trabajo, fue despedida como asesora telefónica bilingüe, bajo el argumento de que “no necesitamos más trabajadores por el momento, porque los clientes redujeron sus demandas del servicio y pues ya no te vamos a necesitar”.

“Eso me dijeron y pues, ¿yo qué hacía? Nada más me fui con el coraje de ese lugar, porque yo tengo las capacidades para hacer lo que se pide, mientras que otros compañeros, que llevaban menos tiempo, sí los dejaron. Cuando intenté pedir otra explicación, los de recursos humanos me dijeron que era porque estaban despidiendo a los más vulnerables y no”, compartió a La Razón.

Frente a la última ola de contagios, hubo quienes también renunciaron a su empleo, pero hoy se enfrentan al mercado informal de México.

Tal es el caso de Wendy, una habitante de Ecatepec, Estado de México, quien vio en la venta de jugos de naranja y dulces la oportunidad para obtener ingresos, luego de renunciar a su empleo en enero para salvaguardar la salud de su familia.

La joven de 22 años, madre de una niña de tres años, laboraba como empacadora en una bodega ubicada en el municipio de Coacalco, por lo que a diario utilizaba el transporte público para llegar hasta su centro de trabajo, donde convivía con más de 20 personas en un mismo espacio.

“La verdad yo sí comencé a pensarlo cuando se empezó a saber que otra vez habría muchos contagios, porque mi esposo y mi hija tienen asma y ya pasé un susto muy grande hace un año. Apenas se va recuperando bien y yo no quería que nada le pasara. Esto no nos deja mucho, pero puedo estar en casa y sin exponerme tanto”, comentó.

Violencia contra mujeres, una “crisis silenciosa” en América Latina

La violencia de género es una de las “crisis silenciosas” que vive América Latina, ya que las mujeres una de cada tres es víctima de abuso físico, psicológico o sexual, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena Ibarra, señaló que sobre todo durante la pandemia de Covid-19 aumentó la exposición de mujeres y niñas a situaciones de violencia en el hogar y hay menor posibilidad de que cuente con redes de apoyo.

Al participar en la quinta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2022, en San José, Costa Rica, dijo que también aumentó la carga desigual de cuidados en la región, debido a que las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres a las actividades de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

La carga de trabajo doméstico y de cuidados recayó desproporcionadamente sobre las mujeres, ante lo cual es necesario transitar hacia una “sociedad del cuidado” que priorice la atención de las personas, del planeta y el autocuidado, subrayó.

Comentó que, si bien 33.6 por ciento de los escaños en los parlamentos en América Latina es ocupado por representación femenina, las mujeres siguen siendo minoría en los cargos más altos.

Planteó la necesidad de promover la participación de las mujeres en los parlamentos nacionales y cargos directivos y en los gobiernos locales, para atender las particularidades de cada territorio.

Bárcena Ibarra, quien tras 14 años como secretaria ejecutiva de la Cepal dejará el cargo el 31 de marzo próximo y con ello cierra un ciclo de 25 años en la ONU, señaló que otras dos crisis silenciosas en América Latina son la pérdida de más de un año de escolaridad a causa de la pandemia y la exacerbación de la destrucción de la biodiversidad.

Sigue desigualdad salarial en México

En los primeros tres años de la actual administración, el porcentaje de mujeres con un trabajo formal que obtuvieron un ingreso salarial suficiente para cubrir la línea de bienestar familiar se redujo 1.2 por ciento, al pasar de 48.3 por ciento en 2019, a 47.1 por ciento en 2021, informó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En conferencia de prensa para dar a conocer los resultados de Data Coparmex 2.0 en materia laboral, la consejera delegada 2030, Valentina López, abundó que en el caso de los varones durante el lapso de referencia también se registró una disminución; aunque ésta fue mayor en 2.0 por ciento, el porcentaje de mujeres con menor remuneración económica por su trabajo fue mayor.

Dichas estadísticas señalan que este fenómeno donde las mujeres son víctimas de violencia económica dentro de sus centros de trabajo se mantiene constante, al menos durante los últimos seis años, lo que revela que el actual Gobierno federal no ha abatido la diferencia salarial entre hombres y mujeres.

Mientras en 2015 el porcentaje de mujeres con un trabajo formal que obtuvieron un ingreso salarial suficiente para cubrir la línea de bienestar familiar era de 43.1 por ciento, el de los hombres era de 53.2 por ciento.

De hecho, desde 2015 hasta el 2021, el porcentaje de las mujeres con un trabajo formal que obtuvo un ingreso salarial suficiente para cubrir la línea de bienestar familiar nunca rebasa el 50 por ciento; el porcentaje máximo que ha alcanzado es 49.1 por ciento, mientras que en el caso de los varones, 58.9 por ciento.

En el sexenio van 12 mil asesinadas: PAN

En el actual gobierno han sido asesinadas más de 12 mil mujeres, un promedio de 11 al día, a lo que se suman seis mil 900 víctimas de desaparición.

De cara al Día Internacional de la Mujer, el PAN en el Senado presentó un balance de la situación que viven las mujeres en México y refirió que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de la actual administración suman 900 mujeres secuestradas y más de mil 400 víctimas de trata.

La vicecoordinadora del blanquiazul, Kenia López Rabadán, expuso que la violencia de género y la violencia familiar son dos delitos que han alcanzado sus máximos históricos desde que se tienen registro.

“Durante la administración de Morena, se han presentado cerca de 12 mil denuncias por violencia de género, lo que evidentemente repercute en un incremento de más del 30 por ciento desde las iniciadas en 2019 y ahora las iniciadas en 2021.

En cuanto a la violencia familiar, se han contabilizado más de 713 mil denuncias de diciembre de 2018, digamos cuando empezó este gobierno, a enero de 2021. En promedio, desde que inició el gobierno de Morena ha incrementado en un 20 por ciento este delito”, comentó.

Mencionó que los datos arrojados a partir de las llamadas de emergencia registradas en las llamadas de emergencia al 911 registran un escenario más grave, pues se han recibido 786 mil llamadas relacionadas con delitos de violencia contra la mujer, es decir, cada día se han recibido en promedio 680 llamadas.

En lo que se refiere al contexto económico, explicó, es igual de desalentador, ya que datos del Coneval revelan que 29.1 millones de mujeres se encuentran en situación de pobreza, es decir, entre 2018 y 2020.

López Rabadán señaló que en cuanto a la salud, el actual gobierno abandonó a las mujeres, ya que 17 millones no tienen acceso a servicios de salud y 33 millones no cuentan con seguridad social.

Además, en 2020 fallecieron siete mil 743 mujeres por tumores malignos de mama, es decir, hubo un incremento de 4 por ciento. En cuanto a las muertes a consecuencia del cáncer cérvico-uterino, cuatro mil 23 mujeres fallecieron durante el 2020.

Vital, identificar el riesgo feminicida

Cuando las mujeres buscan justicia tras haber sufrido violencia, todavía se enfrentan “a una serie de obstáculos”, como falta de sensibilización o identificación de riesgo feminicida por parte de las servidoras públicas en las agencias del Ministerio Público, consideró Brenda Montserrat Pérez López, directora para la Perspectiva de Género en el Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).

Por ello, consideró que la estrategia de las Abogadas de las Mujeres que se implementa en la Ciudad de México, ha permitido “abonar” en la detección temprana del riesgo feminicida y en el establecimiento de acciones para atender los riesgos a los que se enfrentan las capitalinas.

En entrevista con La Razón, la funcionaria explicó que con esta estrategia se la logrado la incorporación de abogadas en las agencias del Ministerio Público de las coordinaciones territoriales y fiscalías especializadas en género. Su labor es brindar asesoría jurídica a las mujeres víctimas de algún delito o agresión para que, a partir de ello, se garantice el acceso a la justicia.

“Algo muy importante que hacen las abogadas es la identificación del riesgo feminicida, ellas a través de una entrevista, con enfoque de derechos humanos y de género, permiten identificar estos riesgos, la recurrencia de las agresiones, la vulnerabilidad de la víctima y, a partir de eso, hacen la coordinación con el MP para iniciar la carpeta de investigación y solicitar medidas de protección”.

La funcionaria detalló que de marzo de 2019 a enero de este año, el organismo ha brindado apoyo a 122 mil 703 mujeres y se han abierto 38 mil 441 carpetas de investigación por distintos delitos de género.

Los delitos por los que se han iniciado estas carpetas van desde violencia familiar, lesiones, amenazas, delitos contra la intimidad, así como violación y abuso sexual.

De ese número de atenciones, las abogadas han representado ante el Ministerio Público un total de 27 mil 284 mujeres en sus entrevistas iniciales.

Pérez López explicó que aunque el confinamiento a causa de la pandemia de Covid-19 pudo impactar en el aumento real o en la cifra negra de la comisión de delitos contra las mujeres, en la atención que se brindó no se observó un aumento tan fuerte.

Lidia recibe asesoría y apoyo tras ser agredida por… su hijo

El de Lidia, una mujer que recibe apoyo del programa Abogadas de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, es un caso “particular”, ya que ella fue violentada por su hijo, quien sufre de una discapacidad auditiva, lo que también lo convierte a él en una persona con vulnerabilidad.

“Debido a eso decidí no presentar una denuncia formal y que se le iniciara un procedimiento legal, sino iniciar en la Secretaría de las Mujeres un proceso administrativo para solicitar medidas de protección”, cuenta la víctima, en entrevista con La Razón.

Aunque el proceso lleva apenas un par de semanas desde que inició, ella reconoce que el apoyo y orientación que ha recibido ha sido favorable, por lo que deberían ser más las mujeres que se acerquen, ya que la violencia es “una cultura”.

“Mi hijo llevó a su pareja a la casa, ella también tiene una discapacidad; yo decidí no tenerla en la casa porque mis ingresos no alcanzan. Le pedí que se fuera, y eso fue lo que provocó la agresión ( me dijo que yo me fuera, y al otro día, en su lenguaje de señas me dijo que me iba a matar”, lamenta.

En tanto, para Daniela, separarse de su esposo y agresor no ha sido sencillo, pero reconoce que la terapia y el apoyo legal que ha recibido por parte de las Abogadas de las Mujeres, ha aportado para que salga adelante.

“Ahora ya sé reconocer a mi agresor”, explica la mujer, quien salió de su hogar hace unos meses luego de sufrir violencia psicológica y amenazas por parte de su marido y padre de sus dos hijos.

Entrevistada en las inmediaciones de la Secretaría de las Mujeres, Daniela, cuyo nombre fue sustituido por seguridad al igual que el de Lidia, advierte que el proceso legal ha sido “pesadísimo” no solo en términos de la burocracia que implica, sino emocionalmente.

“Lo acabo de ver, después de seis meses, y como él está actuando, porque él es completamente narcisista, necesita eso de llenarse de mujeres, de gente que le suba el ego, entonces también él es muy vengativo. Hasta me decía, acuérdate que conmigo por la buena, porque por la mala soy el mismísimo diablo, aunque seas mi esposa, y eso lo tenía clavadísimo en mi cabeza. Y efectivamente, ahorita va con todo en los juzgados”, explica.

Perder a sus hijos es lo que más teme actualmente, pues reconoce que su expareja sentimental tiene recursos para quitárselos. Sin embargo, a la vez, es lo que “la mueve” y parte de lo que la ha fortalecido para enfrentar el proceso.

“Él metió la controversia familiar, diciendo que no ha visto a sus hijos, que yo soy quien está cometiendo el delito, que los estoy violentando. Entonces traté de proteger mucho a mis hijos”.

Su agresor, de quien recibió infidelidades y amenazas, mantiene a la mujer “siempre con miedo y en alerta”, ya que asegura, “tiene un poder de manipulación muy fuerte” por ello, reconoce que el proceso nunca es algo sencillo.

“Yo tendiendo medidas de protección se acercó y como tiene dinero, le pagó a dos policías para que entraran a la fuerza y sacaran a mis hijos, ha habido eventos que digo, estoy trabajándole, pero de repente hace eso”, lamenta.

Es gracias al apoyo institucional que ella ha aprendido a “darse su valor”, y a entender todas las violencias que tenía normalizadas.

“No sabes cuánto me hice chiquita, gris, lo empoderé muchísimo, y muchas cosas -como me decía la psicóloga- las normalicé y otras veces decía ‘no le voy a hacer caso’ porque si me embronco de que le encontré cosas sexuales de sus mujeres, voy a estar llore y llore, normalicé mucho.

“Ahora si lloro no es por amor y tristeza, si lloro es por mí, porque él es una persona muy mala. Ya reconozco muchas cosas y he aprendido hasta (su) vocabulario”, cuenta, con un nudo en la garganta.

Daniela reconoce que su proceso “no sería el mismo” sin el apoyo que recibió. En el marco del 8M, la mujer llamó a otras capitalinas que viven situaciones similares de violencia a informarse para retirarse “la venda” de los ojos y salir adelante. 

Aguascalientes, estado con menos mujeres en gabinete

Aguascalientes es el estado de la República que menos mujeres tiene dentro del gabinete del gobernador, con únicamente una contra 13 hombres.

En el segundo lugar con menos mujeres se ubica Guanajuato, con solo dos mujeres, mientras que en el tercer sitio está Hidalgo con tres altas funcionarias del sexo femenino.

En tanto, las entidades que más mujeres tienen dentro de sus gabinetes son la Ciudad de México, que encabeza la lista con 11, seguida por Chiapas, con 10 y por Puebla con nueve.

De acuerdo con una revisión realizada por La Razón, Nuevo León es el único estado que presenta un equilibrio total en su gabinete, ya que de los 18 altos cargos, la mitad son ocupados por hombres y la mitad por mujeres.

Sin embargo, hay entidades en donde se rompe el equilibrio, pero a favor de las mujeres, como el estado de Chiapas y la Ciudad de México, en donde el 60 por ciento de los respectivos gabinetes està integrado por mujeres.

En el caso de la capital de la República, existen 20 cargos de alto nivel que son considerados como parte del gabinete de la Jefa de Gobierno; de ellos, 11 están ocupados por mujeres y el resto por hombres.

En el estado de puebla, gobernado por el morenista Miguel Barbosa, el gabinete está conformado por 17 integrantes, de los cuales nueve son mujeres, lo que representa un 52 por ciento.

En Aguascalientes el 90 por ciento es ocupado por hombres, ya que de 14 personas que integran el gabinete estatal, solo una mujer está integrada; por su parte Guanajuato está en el mismo nivel, ya que de 14 integrantes del gabinete del gobierno de Diego Sihue, 14 por ciento es ocupado por mujeres, es decir dos, entre ellas la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García Muñoz.

En una situación similar en cuanto a menor paridad de género, se encuentra el Estado de Hidalgo ya que de 18 integrantes del gobierno estatal, 15 son de hombres y tan sólo tres mujeres, es decir 16 por ciento. De igual manera en Jalisco de 21 integrantes de gabinete 18 son hombres y 3 mujeres.

Mientras que Coahuila presenta 24 por ciento de espacio para las mujeres, ya que de 17 titulares de dependencia que hay, 10 son hombres y siete mujeres; por su parte, Tabasco, y Tamaulipas tienen 18 por ciento de sus espacios ocupados por mujeres.

Entre los estados que más paritarios son está Colima, ya que de cinco cargos en el gobierno, incluido el de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, cuatro son ocupados por funcionarias, mientras que existe solo un hombre dentro de su gabinete, por lo que el 90 por ciento de su gobierno está conformado por mujeres.

En tanto, los estados que presentan números intermedios en cantidad de hombres y mujeres que integran los gabinetes son: Morelos con 47 por ciento de personal femenino, toda vez que de 17 cargos, nueve están ocupados por hombres y ocho por mujeres.

Baja California Sur presenta un 40 por ciento de presencia femenina en el gabinete del gobernador, ya que de los 12 cargos altos, siete están ocupados por hombres y cinco por mujeres.

A nivel general, 336 hombres ocupan cargos en los diferentes gabinetes estatales, contra 170 mujeres.

Con información de Magali Juárez, Otilia Carvajal, Frida Sánchez, Daniela Gómez, Ivonne Martínez y Alina Archundia