Vence plazo para Lozoya; juristas ven riesgo por testigos protegidos

El plazo para que la Fiscalía General de la República (FGR) ponga al exdirector de Pemex Emilio Lozoya a disposición de los jueces que lo reclaman vence hoy; sin embargo, la autoridad podría desistir de las acusaciones en su contra o reducir las mismas, aseveró el especialista en derecho penal, Óscar Valdés.

En entrevista con La Razón, señaló que hoy el órgano autónomo puede recurrir al principio de oportunidad, con lo que se desiste de las acusaciones, o solicita benevolencia en las sentencias emitidas por un juez; en cualquiera de éstos, para Óscar Valdés el caso de Odebrecht ya es un asunto prescrito y Lozoya Austin no podrá ser juzgado por éste.

Dijo que de acuerdo con el artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, “el Ministerio Público sustituto o el nuevo defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional que aplace la audiencia o suspenda la misma por un plazo que no podrá exceder de 10 días para la adecuada preparación de su intervención en el juicio”, periodo que inició el 17 de julio y vence este lunes.

Agregó que en 2019 el exfuncionario ganó un amparo por el delito cometido antes de 2012, por Odebrecht, y ese asunto quedó finiquitado y no puede ser juzgado dos veces por el mismo, hecho que es del conocimiento de la Presidencia.

“Este caso es más mediático que judicial y por eso están realizando filtraciones a través de medios de comunicación, porque saben que no pueden hacer nada judicialmente”, aseguró el penalista.

En torno a las acusaciones en contra de legisladores por supuestos sobornos, Valdés agregó que ese asunto no figura en las acusaciones previas contra Lozoya Austin, por lo que podría ser el punto más relevante de la Fiscalía para incluirlo en el programa de Testigos Protegidos, pero también podría quedar bajo custodia de la Fiscalía, dependiendo de la calidad de las imputaciones que realice.

Dijo que hoy habrá noticias sobre su situación jurídica, pero consideró que lo más viable es que ni siquiera pise la cárcel por dicha figura legal, bajo la que se encuentran dos mil 200 personas en el país, según el último dato disponible que data de finales de diciembre de 2019.