López Rosas quiere desvirtuar acusación en su contra: PF

Las declaraciones de Alberto López Rosas, ex procurador de justicia de Guerrero, en las que responsabiliza a la Policía Federal de la muerte de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, tienen objetivos políticos y deslindarse del hecho.

Así lo advirtieron autoridades federales y dijeron que de esa forma López Rosas pretende, además, desvirtuar ante la opinión pública las acusaciones que pesan en su contra por desviar u obstaculizar la investigación del caso Ayotzinapa.

"Es el Poder Judicial el que está librando la orden de aprehensión en su contra, a petición de la PGR, y no por la Policía Federal, con ello lo que busca ocultar que manipuló las investigaciones sobre la muerte de los estudiantes", dijeron.

Recordaron la suspensión de cinco policías federales, pero no por disparar contra los estudiantes, sino por haber golpeado a algunos de ellos.

"Las pruebas son claras, tanto la Procuraduría de Justicia del Estado, la PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen conclusiones en el mismo sentido: quienes dispararon y dieron muerte a los estudiantes fueron los policías ministeriales de Guerrero, al cargo de López Rosas”, dijeron.

De hecho recordaron que las investigaciones del homicidio están al cargo de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, quien determinó el 26 de enero pasado consignar ante un juez penal a los agentes ministeriales.

Se trata de Rey David Cortés Flores e Ismael Matadama Salinas, a quienes se les acusa del homicidio de los estudiantes Jorge Alexis Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el pasado 12 de diciembre, tras un bloque en la Autopista del Sol.

La consignación de los citados policías, se dijo en su momento, se sustentó en las actuaciones ministeriales, más de 50 videos, equivalentes a 300 horas de grabación, así como en más de dos mil fotografías y otras pruebas que en síntesis coinciden con el informe preliminar de Derechos Humanos.

Según la PGR, las órdenes de aprehensión contra López Rosas, y nueve de sus colaboradores, derivan de que no siguieron el protocolo de investigación en el caso Ayotzinapa.

Y es que no tomaron declaración a policías ministeriales, estatales y federales que participaron en el desalojo de la Autopista del Sol, el 12 de diciembre, donde dos estudiantes murieron, luego de que policías ministeriales dispararon.

Además, personal de la Procuraduría de Justicia de Guerrero ocultó datos y pruebas, obstruyó la labor de las autoridades federales, concluyó la Procuraduría General de la República.