ONG's exigen una disculpa pública al presidente

Organizaciones de la sociedad civil acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de estigmatizar y criminalizar la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas, por lo que exigieron una disculpa pública y rectificación de sus declaraciones del pasado 28 de agosto.

Es urgente, señalaron en un comunicado conjunto, que cesen los discursos y acciones que ponen en entredicho a los activistas y periodistas, además de que resulta preocupante estas declaraciones de López Obrador donde deslegitima públicamente el trabajo que realizan estas personas.

Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros, recordaron que desde que López Obrador asumió el gobienro federal en diciembre de 2018, al menos 14 periodistas y 26 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas.

Además, destacaron que Global Witness colocó a México este año como el cuarto país más peligroso para las personas defensoras del medio ambiente: "Bajo este contexto, enfatizamos que las declaraciones emitidas por el Ejecutivo federal generan un efecto multiplicador que permite y legitima la actuación de otros actores estatales y no estatales contra las personas defensoras y periodistas, debilitando aún más el Estado de Derecho en México".

Propusieron generar espacios adecuados de diálogo abierto con las organizaciones de derechos humanos, las cuales defienden los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por la implementación de megaproyectos.

Y también pidieron posibilitar una discusión pública sobre temas de interés social y adoptar un discurso a favor del pluralismo y crítica en los medios de comunicación, acciones que favorecen la libertad de expresión y que contribuyen a prevenir cualquier tipo de violencia contra quienes ejercen el periodismo.

AMLO acusa injerencia extranjera

Durante la conferencia mañanera del viernes 28 de agosto, el presidente López Obrador denunció que algunas organizaciones de la sociedad civil y un medio de comunicación recibieron fondos de fundaciones y organizaciones extranjeras “para oponerse a la construcción del Tren Maya”.

A lo largo de la presentación se calificó de “benefactores y opositores” a estas organizaciones y a las fuentes de financiamiento, lo cual criminaliza la labor de las organizaciones y el medio de comunicación señalado, al inferir que por recibir recursos de agencias internacionales, sus luchas y la labor de defender derechos humanos y ejercer la libertad de expresión son ilegítimas.

Las OSC subrayaron que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C., el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), entre otras, están siendo objeto de difamación y hostigamiento, por acompañar a personas defensoras de tierra y territorio ante las acciones de implementación del “Tren Maya” en el sureste del país.

"Calificar a dichas organizaciones y al medio como “opositores”, cuestionando la legitimidad de su labor, por denunciar violaciones a los derechos humanos, es un acto de criminalización de la labor de defensa y de la libertad de expresión", puntualizaron.

KA