Rey del outsourcing

Ordenan captura de Raúl Beyruti, director de Grupo GIN, por delincuencia organizada

Raúl Beyruti Sánchez está acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada

Raúl Beyruti, presidente y y director del Grupo GIN, es investigado judicialmente.
Raúl Beyruti, presidente y y director del Grupo GIN, es investigado judicialmente.Foto: Archivo.
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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal girara una orden de aprehensión en contra del empresario poblano Raúl Beyruti Sánchez, el Rey del outsourcing, acusado por operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y evasión fiscal.

Las investigaciones realizadas tanto por la FGR como por la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación identificaron que las empresas de Beyruti Sánchez incumplieron con los pagos de cuotas obrero-patronales al IMSS, omitieron el pago del Impuesto Sobre la Renta por los sueldos que pagaron a sus empleados y reinvirtieron ganancias en otros negocios.

El monto que suman estos delitos supera los 30 mil millones de pesos y, aunque no son considerados graves, fuentes de la FGR confirmaron que el Ministerio Público solicitará que se le aplique la prisión preventiva oficiosa, pues cuenta con recursos económicos suficientes para evadir la justicia.

Santiago Nieto, titular de la UIF, evitó pronunciarse en torno a este asunto, sólo confirmó que la orden de aprehensión en contra de Beyruti Sánchez se originó a partir de una de las ocho denuncias que esa institución presentó en contra del empresario y varias de sus compañías.

“Yo no puedo hablar de ninguna orden de aprehensión a razón de que eso forma parte del ámbito competencial de la Fiscalía General de la República y yo no formo parte de la misma”, puntualizó Nieto.

Las autoridades confirmaron que se identificaron movimientos irregulares en la compañía de outsourcing Distribuidores y Representante del Sur, propiedad de Beyruti Sánchez, que controlan la contratación de 90 por ciento de los empleados de grandes compañías, alrededor de 200 mil trabajadores, los cuales son contratados con bajos niveles salariales o incluso se les obliga a renunciar a sus prestaciones sociales.