9° aniversario del caso Iguala entre posturas confrontadas de 4T y familiares de los 43

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa adelantaron que solicitarán  apoyo de organismos internacionales para enfrentar jurídicamente a la actual administración federal, a fin de que entregue toda la información que se niega a dar en torno al caso de la desaparición de los normalistas.

“Hago un llamado a las organizaciones internacionales para que nos ayuden a enfrentar al Gobierno federal con herramientas jurídicas, ya que son los principales obstaculizadores de la verdad y el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa”, explicó Emiliano Navarrete, vocero de los padres.

Al tomar la palabra al llegar al Zócalo de la Ciudad de México, después de encabezar una marcha desde el Ángel de la Independencia, señaló que han caminado siempre con obstáculos, como hasta hoy los hay, e indicó que las principales evidencias están en el Ejército que, como institución federal, tiene la obligación de proporcionarlas.

“No vamos a someternos a un Presidente autoritario, no vamos a caer en ello. Lamentamos la postura de Andrés Manuel López Obrador porque gracias a ello no podemos resolver el caso”, añadió.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, rechazó lo que calificó como nueva narrativa de las autoridades, pues dijo que ahora incorpora datos de la “mal llamada verdad histórica” que ya ha sido “despedazada” por organismos internacionales.

“El propio Gobierno dijo que con la verdad histórica se ocultó la verdad y sorprende que ahora retomen elementos, además de que acusan que los estudiantes estaban coludidos con el crimen organizado”, manifestó.

Detalló que no hay ningún reporte de colisión entre los normalistas y grupos criminales, y aseguró que ahora sólo se busca proteger a los elementos del Ejército.

Además, advirtió que continuarán con el plantón colocado afuera del Campo Militar 1-A desde la semana pasada.

Al expresar sus sentimientos en el templete instalado en la Plaza de la Constitución, Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández, acusó que en su camino han visto muchas irregularidades y, aunque vieron una luz de esperanza, lamentó que sólo les den una verdad histórica.

“Ahí están los expertos independientes que dijeron que hay documentación que no han entregado y ellos dicen que sí; por ello estamos enojados, pues no puede ser que ya sean varios años perdidos. No es posible que sigan protegiendo al Ejército, cuando ellos estuvieron en el seguimiento de esa noche”, declaró.

Refutó que sean necios, como según ellos dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues han aprendido al paso de los años a distinguir entre las verdades y mentiras de las autoridades.

Criticó las “resistencias” del Gobierno federal, pues aseguró que han negado en reiteradas ocasiones llegar a la verdad y, por ello, aseveró que van a seguir peleando con “ese elefante reumático” que se empeña en no brindar más detalles de los sucesos.

Mario César González, padre de otro de los estudiantes, dijo que, al firmar un decreto presidencial, les iban a entregar las respuestas que tanto han anhelado; sin embargo, mencionó que sólo los llevaron por el camino fácil.

Ayer por la mañana, en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) se realizó una misa en recuerdo de los estudiantes, en la que participaron los padres, la vocera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosamena de Troitiño, y el exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) Carlos Beristain.

Por la tarde, los padres, acompañados por miles de personas, marcharon hacia el Zócalo capitalino donde, entre gritos y consignas, pidieron justicia para resolver este caso de desaparición forzada.

Desde el inicio del recorrido, un grupo de estudiantes realizó pintas en edificios, bancos, fachadas, paradas de camiones, banquetas y monumentos históricos.

Sin embargo, el punto más tenso se produjo en el restaurante Sonora Grill, que prácticamente fue vandalizado en su totalidad; ahí rompieron vidrios, macetas y mesas. Este acto, sin embargo, fue producto de un grupo ajeno a los estudiantes, cuyos integrantes llevaban capuchas.

En el Zócalo se produjo la explosión de dos cohetones cerca de la puerta Mariana de Palacio Nacional, pero los padres pidieron evitar los actos, ya que aseguraron que conforman un movimiento pacífico.

La manifestación terminó con el himno “Venceremos” y los padres regresaron al campamento permanente que instalaron la semana pasada afuera del Campo Militar 1-A, que no tiene fecha para ser levantado, pues primero esperarán la respuesta del Gobierno federal a sus peticiones.

De acuerdo con el secretario de Gobierno capitalino, Ricardo Ruiz Suárez, en la marcha participaron cinco mil personas y se llevó a cabo en paz, por lo que destacó que hubo saldo blanco.

Ven “empantanado” diálogo con AMLO

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, aseguró que en estos momentos el diálogo con el Gobierno federal está “empantanado”, debido a que les presentaron un informe de pura “paja”, además que consideraron una falta de respeto que no se haya presentado el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado en el Centro Prodh dijo que el Ejecutivo está de lado del Ejército y no de las víctimas, lo que molestó a los padres, ya que siguen sin entregar la información sobre audios que dirían a dónde se llevaron a los normalistas.

“Hay un respaldo al Ejército Mexicano y yo creo que el Presidente no se está poniendo del lado de las víctimas, se está poniendo de lado de una institución que está obligada a dar información”, explicó.

El jurista señaló que en la reunión en Palacio Nacional sólo estaba previsto el tema de la documentación solicitada y sacaron elementos de la verdad histórica que ya están superados.

“Salen con el tema de la infiltración a la Normal Rural, la colisión de los estudiantes con Los Rojos, lo que fue motivo de discusión con el Gobierno pasado y que creíamos ya estaba superado”, dijo.

Indicó que mientras no exista una ruta de diálogo y resolución de sus demandas, continuarán “empantanados”, lo que genera preocupación de los padres.

“Hay mucha molestia por parte de los padres, ya que sienten que estamos estancados sin poder avanzar. Los padres vieron en este Gobierno una esperanza, pero al no tener respuesta estamos estancados.

“En el informe hay sólo dos páginas de posible respuesta, lo demás es un relato de todo lo que han hecho, no hay nada nuevo, es pura paja”, aseveró.

Al cuestionarles si acudirán a la presentación del informe en la Secretaría de Gobernación (Segob) este miércoles, dijo que no han sido invitados por las autoridades. Asimismo, criticó que la postura del Presidente López Obrador al señalar que, por una parte, no da nueva información, pero por otra, asegura que sí existe el informe sobre la transcripción del audio ya solicitado por los padres, por ello, aseguró que sólo se quiere confundir.

“El Presidente en su conferencia confirma la existencia de ese informe, pero también acepta que no tiene la comunicación, por ello, pidió que inicie el proceso en contra de los militares por haber perdido o destruido esa comunicación, o que incluso, se pueda seguir con la búsqueda (...) pretenden realizar una confusión”, agregó.

AMLO: No es nada más ‘fue el Estado’

Al marcar distancia con el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y con lo que llamó intermediarios, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en este caso no es culpar sólo al Estado o decir que fue el Ejército, y garantizó que se encontrará la verdad de lo ocurrido en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, aseguró que no se tiene el audio que exigen los padres sobre una conversación entre autoridades y delincuentes, y enfiló en contra del abogado Vidulfo Rosales, por estar, dijo, equivocado y exagerar en que el Gobierno tiene una narrativa sobre el caso Iguala que se acerca más a la “verdad histórica” que a los nuevos hechos.

“No es culpar por culpar; no es nada más: ‘Fue el Estado y fue el Ejército’, y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto, y vamos a actuar con rectitud, y no somos iguales”, advirtió el mandatario.

Afirmó que su gobierno realiza una investigación a fondo y seria, además de que hay avances importantes y sólo falta que los detenidos coadyuven en la investigación para que digan en dónde están los jóvenes.

“Si logramos que nos ayuden los que están detenidos o quienes están en libertad, podemos lograr lo más importante: encontrar a los muchachos. Porque ahora todo, ¿no?, parece estar enfocado a culpar al Ejército de que no ha dado información, cuando lo que tenemos que tener como prioridad es encontrar a los muchachos”, dijo.

López Obrador rechazó las expresiones de Rosales, de quien, dijo, desconfía, luego de que el lunes el abogado declaró que la narrativa del gobierno actual se asemeja a la “verdad histórica” que planteó el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam.

“El abogado salió a decir —respeto su punto de vista, pero no lo comparto— que lo que se dijo aquí fue algo muy similar a la llamada verdad histórica. Creo que exageró, se confundió, porque nosotros tenemos principios, ideales y hablamos con la verdad”, apuntó.

El mandatario lamentó que los familiares de los jóvenes no quisieron recibir el informe, bajo el argumento de que no estaba toda la información solicitada sobre un audio contenido en un chat entre Gildardo López, integrante de Guerreros Unidos, y el subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado, en el que dialogaron sobre la entrega de 17 estudiantes en determinado lugar.

“Yo no estoy de acuerdo con ellos porque el Ejército ha entregado toda la información que tienen y ha ayudado mucho (…) No quisieron recibir el informe ayer”, declaró el Presidente López Obrador, tras señalar que le interesa que los padres y madres conozcan todos los documentos porque “no le tengo mucha confianza a los intermediarios”.

Anticipó que ayer mismo se haría pública toda la información de las investigaciones del caso Ayotzinapa en la página del Gobierno federal, con el propósito de que se conocieran los avances e incluso que los padres, que se negaron a recibirla, también pudieran revisarla por esa vía.

Indicó que los padres ahora quieren la grabación del diálogo entre el mando policiaco y el integrante del grupo criminal; sin embargo, “resulta que el documento aparece en los archivos, pero no hay grabación. Eso es lo que hay que ver y estamos investigando, pero existe el documento.

“Lo que tenemos no lo podemos ni debemos ocultar; sin embargo, es: a ver, ¿a dónde está la grabación? Pues se está buscando”, declaró.

Por último, arremetió en contra del gobierno de Israel, al que acusó de estar protegiendo al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, pues “he escrito dos cartas a dos primeros ministros de Israel, y que sí, que van a ayudar, que van a cooperar, pero son intereses, porque están protegiéndolo.

“Y es muy lamentable que no se avance en este caso, cuando este señor participó en actos de tortura. Y no puede el gobierno de Israel protegerlo, ningún gobierno puede proteger a un torturador, y mucho menos Israel”, finalizó López Obrador.

Revelan nexos de Guerreros Unidos con mandos militares

El Gobierno de la República reconoció la vinculación de tres altos mandos militares con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes brindaban protección por el trasiego de drogas, además de proveer armas de fuego y municiones a cambio de sumas de dinero considerables.

En el informe de 34 cuartillas sobre los avances del caso Ayotzinapa, que no fue recibido por los familiares de los jóvenes desaparecidos en la última reunión del lunes y que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que se hiciera público ayer mismo, se difundió información de testimonios y mensajes aportados por la DEA en la que se revelan los nexos de dos jefes y un oficial con la delincuencia organizada.

Se trata del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala; el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Prieto, comandante del 41 batallón.

“Recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y daban protección al grupo criminal”, se desprende del informe divulgado en la página del Gobierno.

Como parte de las indagatorias de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se refrendaron tres posibles causales que derivaron en esos hechos hace nueve años, como la confusión de los Guerreros Unidos sobre la presunta infiltración de Los Rojos entre los estudiantes, en la disputa por la plaza de Iguala.

Además, la intención de “dar un escarmiento” a los normalistas por parte del entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al Palacio Municipal; y la tercera hipótesis que se plantea es el trasiego de drogas y la eventual presencia de drogas, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados por los estudiantes.

El documento dio cuenta de 132 personas detenidas en diversos penales federales por los hechos de septiembre del 2014, de los cuales 41 son integrantes de Guerreros Unidos.

Otro documento que ayer difundió el Gobierno fue una carta que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dirigió al Presidente de la República.

En la misiva, refirió que la información solicitada por los padres para conocer la grabación de la conversación de Gildardo López, de Guerreros Unidos, con el subdirector de la policía de Iguala, Francisco Salgado, donde le pide la entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado, puede ser proporcionada por el mismo delincuente apodado El Gil, uno de los autores materiales de la desaparición.

“Les debe constar a ellos que la documentación que ahora solicitan no obra en los archivos de los organismos de esta secretaría”, precisó el general Sandoval.

Urge ONU-DH a acelerar resolución del caso

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) respaldó la lucha de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a nueve años de su desaparición, y pidió acelerar los avances en su localización.

La dependencia internacional detalló que los esfuerzos y avances sólo alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan la información que está a su alcance de forma completa. La ONU- DH declaró: “Los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza”. Advirtió que lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no sólo sanciones penales, sino también políticas y administrativas para quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado.

También faltan otros 111 mil, afirman colectivos de búsqueda

Colectivos de familiares de desaparecidos en México señalaron que la misma pena que moviliza a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la que tiene a miles de personas en el país buscando a sus seres queridos desde un perfil de mayor anonimato, pero no con menor esfuerzo.

A nueve años de los hechos registrados en Iguala, colectivos de Guerrero, Veracruz y Sonora dicen que, como familiares de desaparecidos, lamentan lo sucedido con estos 43 jóvenes, pero recordaron que en México son más de 111 mil personas de las que se desconoce su paradero.

La representante de Memoria, Verdad y Justicia Acapulco-Chilpancingo, Socorro Gil, explicó que, entre todos los que quieren sumarse a las labores de búsqueda tratan de conjuntar esfuerzos, pero al final, en territorio, el trabajo se complica.

“A nivel nacional se hacen asociaciones, a veces nos organizamos más, pero, en los hechos, cuando se trata de ir a buscar restos, tenemos que hacerlo de forma local. Entonces, más allá de Ayotzinapa, nosotros continuamos escarbando, haciendo denuncias, como los últimos restos que encontramos.

“Además, en territorio, nos enfrentamos a otros riesgos y amenazas, hasta hay que pedir permiso (al crimen organizado) para entrar en algunas regiones; entonces, el trabajo es muy complicado en cada una de las regiones. Nosotros estamos concentrados en esto, compartimos la misma pena, pero tenemos que seguir buscando”, dijo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 enero de 1962 hasta ayer, hay 295 mil 965 reportes de desaparecidos o no localizados, de los cuales, 111 mil 696 continúan ausentes: “La mayoría de estas personas (85.7 por ciento) fueron desaparecidas a partir de 2007”, destaca.

Ángeles Díaz, del Colectivo Solecito, de Veracruz, señaló que la cifra negra de desaparecidos sigue siendo muy alta y difícilmente se podrá conocer con precisión.Refirió que sólo en el trabajo que han realizado en 13 años, suman más de 700 fosas que han detectado en la entidad.

“Para cada familiar, un ser querido es invaluable, no se puede comparar ni limitar a una cifra; por eso, así como los padres de los de Ayotzinapa están en su lucha, nosotros seguimos nuestra búsqueda”, mencionó.

Para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, más allá de Ayotzinapa, la crisis en México sigue, a la que se suma la de impunidad por la falta de sentencias condenatorias por desaparición forzada y por particulares.

También indicó, en un reporte entregado a la ONU, que otro problema en ascenso en el país son las agresiones en contra de los familiares buscadores.

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Leo