Avizoran mercado negro de chips por padrón de celulares

El líder de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio, calificó como “delicada” la reforma aprobada en la Cámara alta para establecer un padrón de datos biométricos en el servicio celular, pues limitará el acceso a este servicio, viola derechos humanos de los usuarios y provocará un mercado negro de chips.

Recordó que su partido votó el martes en contra de las modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que prevé la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), con el fin de identificar las llamadas de extorsión y facilitar la persecución de este delito.

Explicó que la creación y mantenimiento de una base de datos de este tipo es muy costosa y en la reforma no se contemplan los recursos necesarios; limita el acceso a los servicios de telefonía a personas que no puedan registrar sus datos o a menores de edad.

Mencionó que existen mecanismos como la localización en tiempo real de teléfonos, siempre con mediación de orden judicial, para combatir delitos como el secuestro. Ademas provocará un “mercado negro” de tarjetas de SIM, incrementando el contrabando o el robo de celulares.

“Viola derechos porque se presume como culpable al titular de una línea que pueda ser usada en un delito. En todo el mundo se conoce el riesgo de tener una base de datos personales centralizada, que puede ser robada o atacada cibernéticamente”, advirtió.

Por separado, diputados de oposición, consultados por La Razón advirtieron una ola de amparos de parte de particulares a la llamada “Ley Big Brother”, en tanto que Morena defendió la norma.

El panista Absalón García recordó que desde diciembre, cuando se discutió el dictamen en San Lázaro, advirtieron que se trata de una iniciativa “muy peligrosa”.

“Pone en riesgo a las personas, atenta contra los derechos humanos e invade la privacidad; por supuesto que viene una ola de amparos, serán los ciudadanos los que van a impugnar, estoy seguro”, dijo.

El priista, Brasil Acosta, aseguró que la iniciativa es completamente inconstitucional y autoritaria, por lo que adelantó que independientemente de las determinaciones de su bancada, como representante de Antorcha Campesina interpondrá los recursos legales correspondientes.

“Desde el inició de este Gobierno hemos sentido que hay una persecución generalizada para atropellar los derechos de la gente. Esta reforma es persecutoria porque a donde vayas tienes que dar la ubicación de dónde estás, genera afectación directa a los individuos”, aseveró.

El morenista Francisco Javier Borrego expresó que la medida no vulnera los datos personales de los usuarios, y por el contrario “fortalece la persecución del delito”. Sostuvo que esta reforma debió haberse avalado desde hace años, pero las administraciones anteriores “no quisieron tocar los intereses de las empresas de telecomunicaciones”.

Sobre el tema, el jurista e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, también se pronunció y en su cuenta de Twitter expresó que obligar a las personas a dar sus datos biométricos viola la Constitución.