Perfilan en Corte mantener prisión preventiva oficiosa; plantean límites

Cuatro de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron en sus términos el proyecto que pretende eliminar la aplicación de un segmento del artículo 19 de la Constitución y con ello suprimir la prisión preventiva oficiosa (PPO).

Este perfilamiento de su voto significa que el proyecto del ministro Luis María Aguilar no tendrá los ocho votos necesarios en la vertiente que plantea dejar de aplicar un párrafo del artículo 19, que se plantea como violatorio de los derechos humanos.

Al inicio de la sesión de ayer en la SCJN, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, indicó que entrarían al estudio en tres temas diferentes en torno a las dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por senadores, siendo la inconstitucionalidad y la inaplicación de esta medida cautelar sobre la que se pronunciaron los ministros.

En su proyecto, el ponente Aguilar Morales propuso invalidar el párrafo séptimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), y quinto, de la Ley de Seguridad Nacional, por conformar el sistema por el cual se establecen los delitos que ameritan la PPO.

Explicó que, para atender el asunto impugnado, se debería atender si la PPO es válida en un Estado constitucional de derecho, para lo cual también resulta necesario analizar la forma en que esta medida se establece desde la Constitución, en el artículo 19, y no únicamente en el CNPP.

Tras exponer que esta medida cautelar priva de los derechos humanos, se erige como una sanción anticipada, de la que se ha hecho uso indiscriminado, y que es un “disfraz” que no corresponde a su forma de operar, el ministro propuso invalidar las normas que la establecen.

Los ministros que se manifestaron en contra de intervenir en el marco constitucional fueron Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara Carrancá, estos tres últimos propuestos al cargo por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada dijo que “se equivocó” en sus propuestas, pues los ministros “ya no están pensando en hacer justicia”.

La primera en manifestarse en contra del proyecto fue Yasmín Esquivel, quien argumentó que el artículo 19 no fue reclamado por la CNDH ni legisladores que presentaron las acciones de inconstitucionalidad, por lo que calificó como “incorrecto” actuar respecto a algo que no fue solicitado.

Respecto al señalamiento del ministro Aguilar Morales, en el sentido de que la PPO se ha aplicado en forma desmedida, la ministra dijo que “esto no es problema de la Constitución”, y señaló que suprimirla implicaría mayores costos para la sociedad, jueces y demás, a quienes se dejaría a merced de las bandas criminales.

En su turno, la ministra Loretta Ortiz también anunció su voto en contra, pues consideró que abordar la inaplicación de una norma constitucional por parte del Poder Judicial llevaría a cuestionar la división de poderes y consideró como una “falacia” desaplicar este artículo, cuando los ministros están llamados a proteger la Constitución.

En el mismo sentido, Alberto Pérez Dayán, postulado en su cargo por el expresidente Felipe Calderón, dijo que la Corte no está facultada para declarar la inconstitucionalidad ni inconvencionalidad de la Carta Magna, sino que es el Poder Legislativo el que debe atender el asunto.

“No me corresponde entonces asumir una tarea que no se me otorgó; no soy quién para desprender hojas de la Constitución”, dijo.

A pesar de su postura en contra, mencionó que las cifras elevadas en cuanto a la población penitenciaria sin sentencia se deben “probablemente al ambiguo o excesivo (uso) de tipos penales (delitos) que se acompañan de prisión preventiva o, incluso, con un uso indebido de la figura”.

El ministro González Alcántara Carrancá, quien fue el único en coincidir con la inconstitucionalidad de los artículos impugnados, anunció que votará a favor del proyecto.

Sin embargo, rechazó estar a favor de la propuesta que se refiere a la inaplicación del artículo 19, pues se estaría señalando a la Constitución de traicionar “sus compromisos más fundamentales”.

En su intervención, expuso que el problema de la prisión preventiva oficiosa y su aplicación como una prisión automática no es consecuencia de la Carta Magna, sino del artículo 167 del CNPP, que no permite a los jueces imponer medidas alternativas a la PPO en las resoluciones.

El debate continuará este martes, en donde aún se espera que fijen su postura Margarita Ríos Farjat, también nominada por el Presidente López Obrador; Arturo Zaldívar, Jorge Mario Pardo y Alfredo Gutiérrez Ortiz, propuestos por Felipe Calderón, y Javier Laynez y Norma Lucía Piña, postulados por Enrique Peña Nieto.

AMLO confía en el voto de ministros de la Corte

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decide eliminar la prisión preventiva oficiosa, se asumirá como el “supremo poder conservador”, advirtió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Yo creo que lo tendría que ver el Poder Legislativo, porque si se cancela el artículo (19 de la Constitución), entonces sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes. El Legislativo tendría que actuar; no creo que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo”, dijo López Obrador, luego de asegurar que será respetuoso de la decisión del Poder Judicial.

Añadió que, en caso contrario, la SCJN se colocaría por encima de los otros poderes de la Federación.

“Y nosotros defendernos para que nos invadan, porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el supremo poder conservador”, criticó López Obrador.

Dijo que los ministros de la Corte son, en general, buenos abogados, pero tienen el defecto de que no se ponen del lado del pueblo.

“También depende de cómo resuelvan, pero no pueden quitar algo que está en la Constitución. Creo que lo van a analizar bien, y hay que tener confianza. Incluso son muy buenos abogados constitucionalistas, y son buenos abogados en general; la diferencia que tenemos con ellos es de que no se les da mucho el apoyar al pueblo, les cuesta trabajo ponerse del lado del pueblo. Pero eso no quiere decir que no sean buenos abogados; son muy buenos, nada más que no le tienen amor al pueblo; entonces, se fascinan con la defensa de los grupos de intereses creados, su mundo es el de los abogados, los fiscalistas, los lobistas de empresas extranjeras; no todos, desde luego, pero hay esa tendencia, pero de que son buenos abogados, sin duda”, reconoció el mandatario.

Advirtió que, en este caso, como la discusión que sostendrá el Senado en torno a la Guardia Nacional, se ventilarán públicamente, sin que esto represente una amenaza o intimidación.

-¿Ha dialogado con el ministro (Arturo) Zaldívar al respecto desde que inició esta cuestión?

-No, porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, y del Poder Legislativo. Les estoy planteando esto de lo de la Guardia. Claro que no me voy a quedar callado, o sea, en el caso de la Guardia, veo que hay senadores que votan en contra; vamos a respetar su decisión, pero aquí vamos a hablar sobre el tema. Y no es amenaza, ni advertencia, no; es que se trata de intereses superiores. Y aquí sí que, en lo personal, por legítimo que sea, pasa a segundo plano; aquí está por encima el interés general, el interés del pueblo”, explicó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo federal confió en que los argumentos que esgrimirán los ministros servirán para ponderar el beneficio popular, dijo el mandatario, poco antes de que se iniciara el debate, este lunes, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PAN pide que “nadie se doble” ante “amenazas”

El PAN en el senado llamó a los ministros de la Suprema Corte a comportarse a la altura y a que “nadie se doble” en la resolución sobre la prisión preventiva, para que salvaguarden los derechos humanos.

En conferencia de prensa, la vicecoordinadora de la bancada del blanquiazul, Kenia López Rabadán, manifestó que pese a las “amenazas” del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los ministros de la Corte, no deben subordinarse para avalar la prisión preventiva.

Subrayó que cada voto de los integrantes del máximo tribunal del país es de vital importancia para salvaguardar los derechos humanos, por lo que deben hacerlo valer.

“Hacemos un llamado a las ministras y a los ministros de la Corte para que se comporten a la altura de estas circunstancias nacionales, para que defiendan los derechos de los mexicanos, para que no se subordinen al Presidente de la República, para que reconozcan la importancia de cada uno de sus votos.

“Es necesario proteger a los mexicanos y es necesario proteger los derechos humanos en este país. Ojalá nadie se doble y aguanten, no obstante las amenazas que ha hecho el Presidente, ustedes, señores y señoras ministros, tienen la posibilidad de que los derechos humanos en este país puedan ser salvaguardados, ojalá hagan valer ese importante voto que tienen”, enfatizó.

La senadora panista recordó que cada uno de los ministros que fueron electos en esta administración y acudieron al Senado para ser avalados dieron su palabra de respetar la Constitución y los derechos humanos.

Por ello, subrayó que “si la Corte se porta a la altura y reconoce su trascendencia histórica, esperemos que la definición sea que la prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos”.

En ese contexto, el senador blaquiazul Damián Zepeda afirmó que la prisión preventiva oficiosa representa la “peor violación legal a los derechos humanos, porque significa que te metan a la cárcel por años sin haberte probado que eres responsable de un delito sólo porque la Fiscalía te acusa. Es un abuso brutal”.    

Comité de la ONU pide a México eliminar la figura

México debería eliminar la prisión preventiva oficiosa porque es contraria a los derechos humanos, consideraron expertos del Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones”, sentenció Miriam Estrada-Castillo, presidenta del organismo.

A través de un comunicado agregó que tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura se han pronunciado por la eliminación de la medida.

Indicó que la misma, establecida en el artículo 19 Constitucional, ha provocado “múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.

Señaló que la medida también resulta contraria a la independencia judicial, a la obligación de probar jurídicamente los motivos para ordenar la detención; además de que compromete las garantías sociales a no sufrir tratos crueles o degradantes y tortura.

“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio”, dijo.

El Grupo de Trabajo de la ONU advirtió que a pesar de las circunstancias que atraviesa México, debido a la inseguridad, mantener la prisión preventiva oficiosa pone al país en franca violación de las obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En opinión de este grupo de cinco expertos internacionales, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa despresurizaría las prisiones mexicanas y eliminaría las detenciones arbitrarias que todavía se cometen en nuestro país.

Con información de Jorge Chaparro y Magali Juárez