Permeó una larga batalla entre el Ejecutivo y el INE

Una abierta confrontación mantuvieron todo el año el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por el control administrativo y operativo del órgano electoral, cuyo punto de quiebre se consumó apenas este 15 de diciembre.

A nueve meses y medio de que inicie el proceso para renovar la Presidencia de la República, Morena y sus aliados en el Congreso aprobaron cambios a la legislación secundaria en materia electoral, que modifica la estructura del INE.

Desde el 28 de abril, el mandatario presentó su iniciativa de reforma constitucional para modificar el sistema electoral y, particularmente, “suprimir” al INE, para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), y someter al voto popular la definición de los consejeros electorales y de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En Palacio Nacional, las conferencias mañaneras fueron el principal espacio en el que el Presidente explicó su iniciativa, que ingresó a través de la Cámara de Diputados: “Es una vergüenza los fraudes electorales de México. ¿Cómo no vamos a hacer nada? ¿Cómo aceptar de que cueste tanto hacer las elecciones y además que no sean confiables?”.

Y concentró sus señalamientos en el consejero presidente: “(Córdova es) pieza clave del bloque conservador. Él fue promovido con el propósito de que los neoliberales, conservadores, corruptos, simularan que en México había democracia”.

Las respuestas indirectas del funcionario al Ejecutivo, a su Gobierno y a su partido, también han sido reiteradas, con una narrativa de “regresión democrática” y de salvaguarda a la autonomía” del INE, y con calificativos y frases como “tiranía”, “autoritarismo”, “intolerancia” y “polarización”.

A la par, Morena, desde el partido y a través de sus legisladores, lanzó una campaña para promover la reforma constitucional y se atribuyó extraoficialmente a esta estrategia la activación, en septiembre, del desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, encabezada por la gobernadora Layda Sansores, para “presionar” el voto del tricolor en favor de la enmienda electoral.

La respuesta de la oposición en el Congreso fue el cierre de filas para que no pasara la reforma constitucional, que requería mayoría calificada, mientras que a nivel ciudadano, distintas organizaciones se sumaron a la defensa del INE.

El 11 de octubre presentaron Unidos, una agrupación en la que participan distintas organizaciones, como Sí Por México, para defender el voto libre y al INE, porque “sin instituto no hay democracia”.

El 13 de noviembre se realizó la marcha en defensa del INE, que concentró a una multitud sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, y congregó a miles de personas en todos los estados.

En el Monumento a la Revolución, José Woldenberg convocó a los legisladores a rechazar la reforma de López Obrador y aseguró que todos los manifestantes estaban unidos en defensa de la pluralidad y la estabilidad política.

Ante la marcha, el Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su propia movilización, que congregó, según estimaron, 1.2 millones de asistentes y que concluyó en el Zócalo con un informe por su Cuarto Año de Labores, en el que definió el modelo de su Gobierno como de “humanismo mexicano”.

Pese a estas movilizaciones, la reforma constitucional electoral fue rechazada el 6 de diciembre en la Cámara de Diputados, al no alcanzar la mayoría calificada, pero de inmediato resurgió a través del denominado Plan B, aunque con una propuesta más limitada, al solamente posibilitar cambios a leyes secundarias.

Esta segunda alternativa de la reforma electoral se concretó el pasado 15 de diciembre, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y, sin desaparecer al INE, se estableció un recorte del 84 por ciento del servicio profesional electoral y la modificación de su estructura, así como cambios en sus facultades, como el hecho de que ya no podrá sancionar a los partidos por irregularidades en el padrón.

La aprobación del Plan B en el Congreso ahora da inicio a lo que la oposición y Lorenzo Córdova anunciaron como una larga batalla jurídica para defender al INE.

Sueldos de consejeros, tema a debate

Con una percepción anual bruta de 2.4 millones de pesos y una reticencia a bajarse el sueldo, el ingreso del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha sido uno de los motivos por los que ha recibido más críticas por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, así como por funcionarios y legisladores de la 4T.

De hecho, los ahorros en los salarios de los funcionarios del órgano electoral son uno de los principales argumentos que se presentaron en la Reforma Electoral, que señalaba que desde el 2015 a la fecha, el Capítulo 1000 del INE representó costos por 78 mil 932 millones de pesos.

El documento indicó que de los 20 mil 221 millones aprobados para 2023, a salarios del personal representarán erogaciones por 11 mil 178 millones de pesos.

Además, se difundieron salarios de otros funcionarios al servicio de los consejeros, con supuestos sueldos de choferes de hasta 50 mil pesos.

El Presidente López Obrador acusó que incluso la marcha ciudadana del 13 de noviembre fue para avalar dispendios, como los sueldos de los consejeros.