Ministro propone invalidar política energética de Rocío Nahle

El ministro Luis María Aguilar propondrá a la Segunda Sala de la Suprema Corte declarar inválida la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional promovida por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al considerar que distorsiona el proceso de competencia y libre concurrencia que debe estar presente en los eslabones de generación y suministro de energía.

La política impulsada en este acuerdo por la Sener, consideró que el proyecto, cancela la posibilidad de entrada al mercado de centrales eléctricas que operan con energía limpia, en concreto a las eólicas y fotovoltaicas, barrera que afectaría a los consumidores de contar con tarifas eléctricas más accesibles.

El asunto relacionado con la controversia que promovió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por considerar que esa política afecta su mandato constitucional e invade su esfera de competencia, será sometido a la consideración de los ministros que integran la Segunda Sala, el próximo miércoles.

Aguilar Morales resaltó que el acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad impulsado por Nahle, obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece porque anula presupuestos que deben darse para que exista competencia económica y libre concurrencia en el mercado de generación y suministro de energía eléctrica, particularmente en lo que concierne a las Energías Limpias Intermitentes.

"Además de que otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción".

El ministro ponente enfatizó que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) no tiene competencia para rechazar solicitudes de Estudios de Interconexión, ni para emitir un dictamen que debe ser tomado en cuenta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al momento de evaluar y, en su caso, otorgar el permiso de generación.