Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que las filtraciones y la obstrucción de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) han sido los mayores obstáculos para avanzar en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de que las competencias judiciales han generado una parálisis para el caso.

“Se mencionan como puntos relevantes, elementos que sirven para evidenciar obstrucción, que se trató de ocultar información por parte de la PGR en parte y actores que estuvieron ahí. El tema de las competencias judiciales y los procedimientos que también ha sido un problema de fondo muy fuerte, ante la judicialización de los casos; todo el tema de que un juez se declara incompetente, de que otro juez no lo asume, que es un sistema viejo o nuevo; todo eso ha generado una parálisis en el caso”, refirió.

En entrevista a La Razón, la exfiscal de Colombia dijo respecto a la recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tienen una serie de preguntas a la propia comisión para encontrar explicaciones a algunas recomendaciones, y “en tanto no nos conteste, no podemos concluir, ya que hay puntos que necesitamos aclarar”.

El miércoles, el GIEI entregó a la Comisión para la Verdad y la Justicia por el caso Ayotzinapa, un informe general de los avances del caso, y a la par, otro reporte a la Fiscalía General de la República (FGR) donde se señalan de manera particular nombres que pueden estar implicados en la desaparición de los normalistas.

Además, proponen lugares donde podrían haber desaparecidos los estudiantes: “Detallamos de manera reservada, puntos concretos, nombres concretos, datos sobre el informe. Las personas en el informe son de detenidos, personas a detener y servidores públicos. En ese caso hay aproximaciones para hallar a los estudiantes, pero nos reservamos”.

Buitrago señaló que otro aspecto tiene que ver con la determinación de la existencia de tortura de manera generalizada; además, de que recomendaron seguir la búsqueda activa en sus dos vertientes (vivos-muertos) y datos que pueden llevar a esa búsqueda.

Añadió que se logró la firma de delegación de funciones para que sea la unidad especial del caso quien procese todo: “Habíamos insistido en un tema de facultades para la unidad especial, que solamente las tenía el fiscal general; pero hay competencias fundamentales para la actividad de la unidad especial, que no solo retrasaban la investigación, sino que ponían en riesgo el sigilo de la investigación”.

Finalmente aseguró que, desde su regreso, el GIEI no se han topado con bloqueo en las investigaciones, pues reconocen el avance de información que han obtenido por parte del Gobierno.

EXIGEN CASTIGO

 Por separado, el vocero de los padres de los 43 normalistas, Felipe de la Cruz, aseguró que no extraña que se encontrara obstrucción a la investigación por la extinta PGR, por lo que ahora piden que se castigue a los responsables.

“En el sexenio de Enrique Peña la entonces PGR tapó todo lo que tuvo que ver con la investigación de la desaparición de los 43, por eso no extraña que los miembros del GIEI lo hayan encontrado en la investigación; es lógico que haya encontrado eso, ya que la investigación está muy manoseada. Ahora queremos que se esclarezca y se castigue a los responsables y esperamos que pronto tengamos noticias de los muchachos, ya que cada vez estamos más cerca. Han pasado muchas cosas que distorsionaron la realidad, pero seguramente tendrá un buen término”, dijo.

El vocero añadió que si los expertos presentaron nombres de participantes en el crimen, se deben que hacer las pesquisas para detenerlos y enviarlos a la cárcel, entre ellos el exprocurador Jesús Murillo Karam o el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.