Presidencia lanza críticas a la Corte que a partir de hoy define sobre Plan B

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal calentó ayer el debate que se dará hoy sobre la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, al advertir que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida el primero de dos decretos, estaría incurriendo en acciones para sustituir la facultad del Congreso de la Unión para la elaboración de leyes y violaría la división de poderes.

Señaló que, como poder derivado y sin legitimidad popular, el Judicial no debe restringir al Legislativo ni privilegiar los formalismos, por encima de la justicia de fondo, por lo que demandó a los ministros que actúen con responsabilidad.

Luego de que se dio a conocer la semana pasada el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán que propondrá al pleno de la SCJN este lunes, en el que señala el cúmulo de irregularidades que se registraron en la aprobación de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, la Consejería Jurídica presidencial emitió un pronunciamiento en el que rechazó los señalamientos.

“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas, por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, convocó.

Reclamó que, al negar la petición de la Presidencia para resolver en primer término las demandas presentadas desde el 2018 en contra de la Ley General de Comunicación Social, demuestra que hay dos parámetros: “Uno para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la transformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”.

Dijo que es falso que no se hayan cumplido las formalidades del proceso legislativo y apuntó que el planteamiento del ministro instructor propone anular las leyes omitiendo examinar la dispensa de trámite, que es una atribución que faculta a los legisladores a someter un asunto a discusión y votación durante una sesión, sin pasar por comisiones, para lo cual basta que el pleno de la Cámara de Diputados determine, por mayoría, que una iniciativa es de urgente u obvia resolución.

“Resulta inexacto que se haya transgredido el principio de deliberación democrática, como se afirma en el proyecto de sentencia, pues durante la aprobación de las leyes que integran el Plan B en materia electoral, el Congreso de la Unión cumplió los requisitos constitucionales, legales, reglamentarios; incluso, con los criterios de la propia SCJN”, aseguró.

Indicó que el decreto impugnado fue expedido en cumplimiento de una ejecutoria dictada en el amparo en revisión 308/2020, situación que, reclamó, tampoco fue estudiada por el ministro ponente, a pesar de que constituye una cuestión de interés público, ya que se trata del acatamiento a una sentencia de amparo emitida por el propio tribunal constitucional, “lo que evidencia la parcialidad del proyecto propuesto”.

La Consejería Jurídica de la Presidencia puntualizó que la Suprema Corte no puede restringir al Poder Legislativo, porque de hacerlo violará la división de poderes.

“Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre éstos”, manifestó.

Insistió en que debe prevalecer el fondo sobre la forma, como se establece en el artículo 17 constitucional, que fue el criterio utilizado por la SCJN al resolver el recurso de reclamación 66/2021, relacionado con la Ley de Hidrocarburos.

“El alto tribunal estimó en ese asunto que los formalismos procedimentales no deben prevalecer sobre la resolución del fondo, por lo que se espera que sea congruente con dicho criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad”, indicó.

Córdova pide a la Consejería leer la Constitución

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reprochó la postura de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal sobre el proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar el Plan B de la Reforma Electoral.

Luego de que la Consejería Jurídica presidencial lanzó una advertencia sobre el hecho de que el Poder Judicial sustituya al Legislativo, Córdova aseveró a través de sus redes sociales que, si se privilegia la lealtad por sobre la capacidad, puede tener sus costos.

A través de redes sociales, apuntó que es necesario leer la Constitución completa y no sólo de manera dogmática lo que le interesa a cada quien.

“A veces leer la Constitución (completa y no sólo lo que dogmáticamente nos interesa) puede ayudar a resolver conflictos trascendentales como el que hoy vive la Consejería Jurídica. Privilegiar la lealtad por encima de la capacidad suele tener sus costos”, manifestó.