Siete consejeros implementarán la reforma

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, explicó que el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, que instalarán a partir de hoy, estará conformado por siete consejeros electorales y tendrá la responsabilidad de cumplir con la nueva legislación, a pesar de que no están de acuerdo con ella.

Señaló que el Plan B de la reforma entra en vigor a partir de hoy, por lo que se formalizará la integración de dicho comité, que tendrá de plazo para el proceso de implementación hasta el 1 de agosto próximo, aunque reiteró que tiene confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) restaurará el orden y declarará inconstitucional la enmienda electoral.

“Mañana mismo se integrará un grupo de trabajo, un comité técnico integrado por siete consejeras y consejeros, que va a ser el encargado de ir aplicando los transitorios de la ley, porque en el INE la ley es la ley, aunque sea mal hecha e inconstitucional, pero ya eso lo tendrán que definir los tribunales, en su momento”, indicó.

Apuntó que el trabajo del comité también permitirá que los trabajadores del INE impugnen la implementación de la reforma, por violaciones a sus derechos laborales.

“Eso va a permitirles a las y los trabajadores del instituto impugnar las decisiones del Consejo General en aplicación de una ley que claramente viola derechos políticos, derechos a la protección de los datos personales y derechos laborales de una multiplicidad de personas”, declaró.

Dijo que, en teoría, también se nombrará a un secretario que ya no va a ser ejecutivo, sino que la figura será de secretario técnico y, además, comenzará la compactación de direcciones del órgano electoral administrativo, como establece la nueva legislación.

Comentó que los fideicomisos del INE registran en sus fondos un aproximado de mil 400 millones de pesos, que “ni de lejos” serán suficientes para cubrir las liquidaciones de los cinco mil 900 puestos de trabajo que, estiman, tendrán que recortar a partir de los ajustes definidos por el Plan B, que incluyen más de dos mil plazas del servicio profesional electoral.

“Es lo que nos da un monto aproximado (necesario) que va entre los dos mil 500 y tres mil 500 millones de pesos, que todavía habrá que definir”, comentó.

Al comentar sobre al despido del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, como consecuencia de la nueva disposición legal, Córdova insistió en su confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolverá en favor de Jacobo Molina, pero subrayó que el INE no se puede quedar con espacios vacíos, por lo que de ahí se deriva el nombramiento que también realizarán este viernes, en la sesión del Consejo General, de Roberto Heycher Cardiel Soto, con 20 años de experiencia en el rubro electoral, como encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva.