Violencia se metió a las aulas y faltan acciones para frenarla, advierten

Expertas en temas educativos aseguraron que la violencia en las calles se trasladó a las aulas, debido a que el tejido social está cada vez más debilitado, lo que se traduce en acoso y hostigamiento sexual en las escuelas, por lo que consideraron urgente que éstas tengan protocolos preventivos.

Perla Acosta, fundadora y directora del colectivo Más Sueños, advirtió que las escuelas están en “bandera roja” debido a los casos que se están dando de acoso, por lo que planteó que tiene que haber un control de confianza de quienes se encuentran en las aulas, en razón de que muchos maestros están implicados en las denuncias de acoso.

En entrevista con La Razón, Perla Acosta indicó que el panorama de abuso sexual es desalentador, porque los patrones de violencia que hay en las calles se replican en las aulas, lo que es sumamente grave para los estudiantes, sobre todo de preparatoria y universidad.

“Debe existir un protocolo de seguridad, pues ¿dónde están los profesores y directivos que no hacen nada? No hay atención y dentro de las aulas no hay control de lo que sucede. No hay protocolos para salvaguardar la integridad de los menores y jóvenes”, destacó.

Señaló que los profesores deben tener al menos un poco de seguridad básica, con protocolos con sentido común, pues mencionó que el tejido social en el país está “sumamente descompuesto” y, que sea la violencia algo cotidiano, es “muy grave”.

Sostuvo que muchos maestros se encuentran implicados en las denuncias de acoso y por ello se debe tener un control de confianza de quienes se encuentran impartiendo clases en las aulas, ya que se debe traducir en acciones para que las mujeres no se sientan violentadas.

“No sabemos si se habla de temas de seguridad y privacidad de las mujeres en las aulas, pues las escuelas ya están en bandera roja por los casos que se están dando de acoso”, advirtió.

Denunció que a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no le interesa el caso, ya que hay decenas de denuncias y en todas no hay atención de las autoridades escolares.

La Razón publicó este fin de semana que una de cada cinco mujeres ha enfrentado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), violencia sexual en las escuelas, lo que se ha visto reflejado, durante los últimos meses, en repetidos casos de agresión, así como en denuncias, cierre de escuelas y protestas.

Patricia Ganem, coordinadora de investigación de la organización Educación con Rumbo, aseguró que la violencia es un grave problema en las aulas, ya que es un detonador del entorno en el que viven las personas.

“La violencia que vemos en las calles nos está evidenciando, ya que es la punta del iceberg de violencias más profundas en entornos que se consideraban más seguros. Los maestros no saben qué hacer ante las denuncias de los jóvenes y tienen que incorporar actividades para ayudar a los estudiantes”, explicó.

La experta dijo que los comportamientos violentos no deben replicarse en las escuelas y, por ello, se deben buscar políticas que cuiden los entornos escolares, además de que es una problemática más profunda, que puede ser que la Secretaría de Educación Pública (SEP) esté rebasada.

“Los entornos o ambientes de paz son los límites naturales de aprendizajes mejores; por ello, son el mejor antídoto ante una sociedad violenta”, detalló.

Arcelia Martínez, experta en educación de la Universidad Iberoamericana, dijo a este diario que en la institución en la cual trabaja tienen protocolos para evitar acoso sexual, luego de que las alumnas pusieron tendederos en las instalaciones. Por ello, crearon un comité que se dedica a revisar los casos, que van desde un coqueteo, hasta violencia de otros tipos.

Indicó que en la UNAM hay protocolos, pero son reparativos y no preventivos, por lo que dijo que es necesario fortalecerlos, y para ello deben buscar la asesoría de instancias de procuración de justicia.

“Pienso en la relación, sobre todo de profesores con alumnos, que es de las más vigiladas, a fin de evitar cualquier tipo de riesgo. El tema del acoso es sumamente grave, aunque ahora ya hay más visibilidad en la sociedad”, aseveró.

La experta mencionó que el principal trabajo en las escuelas es preventivo, así como la sensibilización de los docentes.

Añadió que deben existir materias ya relacionadas con las conductas, su forma de actuar y con un enfoque de género, pues aclaró que es un tema urgente de prevenir, más allá de las denuncias.

Urgen a revisar estrategia de seguridad

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, urgió a revisar la estrategia de seguridad, para impedir que la delincuencia organizada continúe arrebatando vidas.

Luego de que cinco de las seis jóvenes que desaparecieron en Celaya, Guanajuato, desde el 7 de marzo, fueron encontradas calcinadas en una casa de seguridad del crimen organizado, puntualizó que es necesario revisar los mecanismos para enfrentar a la delincuencia.

Al enviar su pésame a los familiares de las jóvenes, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena remarcó que no se debe permitir que el crimen organizado continúe arrebatando vidas.

“Debemos revisar y profundizar la estrategia de seguridad pública. La delincuencia organizada no debe continuar arrebatando vidas, como las de Rosa María, Sandra Daniela, Paulina Berenice, Mariana, Gabriela y Yoselin Daniela en Guanajuato. Nuestro más sentido pésame a sus familias”, publicó en sus redes sociales.

Esta semana se prevé la instalación de la Comisión Bicameral que revisará la estrategia de seguridad y la participación de las Fuerzas Armadas, luego de que fueron designados los legisladores que participarán en ella.

De acuerdo con el documento de la comisión, durante los primeros seis meses de ejercicio, la presidencia de esta instancia estará a cargo del senador Ricardo Monreal.

El artículo quinto transitorio del decreto constitucional en materia de Guardia Nacional dispone que entre las facultades y atribuciones de esta comisión está requerir los informes que semestralmente debe presentar el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión respecto de las acciones de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Dichos informes deberán contener indicadores cuantificables y verificables, que permitan corroborar, entre otros asuntos, el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como el cumplimiento de los criterios de participación en las tareas de seguridad pública: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Las seis jóvenes que desaparecieron en Guanajuato son Mariana Gutiérrez Guzmán, de 19 años; Yoselin Daniela Zamorano Macías, de 20; Sandra Daniela Paredes González, de 24; Paulina Berenice Reséndiz Martínez, de 25; Rosa María Ramírez Ayala, de 42; y Gabriela Barbosa Ruíz, de 48.