Una jueza de California prohibió ayer a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza detener a personas en el sur del estado por su raza o condición económica, salvo en puertos de entrada y puntos fronterizos equivalentes.
La resolución establece que ser latino y pertenecer a una comunidad de bajos ingresos no constituye, por sí solo, una sospecha razonable para justificar una detención. El fallo responde a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones contra las políticas migratorias.
El director de derechos de los inmigrantes de la ACLU en el sur de California, Mohammad Tajsar, afirmó que vigilarán el cumplimiento de la orden. El Departamento de Seguridad Nacional, en tanto, negó las acusaciones de discriminación y sostiene que sus operaciones se basan en la ley y en investigaciones sustentadas en hechos.
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La decisión se emitió a menos de una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que Donald Trump y los republicanos buscan conservar sus mayorías en el Congreso.
El fallo se suma a otra disputa judicial por la petición del gobierno de apartar 20 mil votos por correo en California para verificar la ciudadanía de los electores.
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