A 2 meses de comicios Trump se blinda ante injerencia extranjera

El presidente estadounidense Donald Trump  firmó ayer una orden ejecutiva para que su gobierno imponga sanciones en contra de cualquier personas, país o entidad extranjera que intervengan en procesos electorales en Estados Unidos.

La medida llega poco menos de dos meses antes de que Estados Unidos celebre elecciones intermedias, en las cuales renovará posiciones en el Senado y en la Cámara Baja, en un momento en el que los republicanos han recibido reveses y Trump mismo ha estado bajo la lupa por el encausamiento de colaboradores cercanos como parte del Rusiagate, investigación conducida por el fiscal Robert Mueller y que indaga la injerencia del Kremlin en los comicios presidenciales de 2016.

A pesar de que el mismo Trump ha calificado la indagatoria de Mueller como una cacería de brujas y las acusaciones de intervención como una mentira, firmó el documento que permite a autoridades investigar intentos injerencistas.

Con esta iniciativa, las agencias de Inteligencia tienen un plazo no mayor a 45 días para detectar algún tipo de interferencia, antes de notificarlo al gobierno, detalló Dan Coats, director de la Oficina de Inteligencia Nacional.

De acuerdo con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, la orden es un esfuerzo adicional de la administración Trump para proteger al país no sólo de la interferencia extranjera en las elecciones, sino también al proceso electoral en su conjunto.

El Dato: El 3 de agosto el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, informó que Rusia lleva a cabo una campaña generalizada de mensajes para debilitar y dividir a EU.

“Creemos que era importante demostrar que el presidente (Trump) ha tomado liderazgo en este tema, y que es algo sobre lo que está preocupado profundamente”, dijo Bolton.

El funcionario explicó que la orden no está dirigida contra algún país en particular, pues se han detectado  ataques desde Rusia, China, Irán y Corea del Norte.

La medida forma parte de una serie de acciones encaminadas a garantizar la seguridad de unos comicios en los que el mismo Donald Trump se juega su estabilidad frente al gobierno de Estados Unidos, ya que legisladores demócratas han admitido públicamente que antes de iniciar un impeachment contra el presidente requieren mayoría en ambas cámaras.

La orden distingue entre dos tipos de injerencia en las elecciones: intentos para atacar la infraestructura electoral o estrategias digitales encaminadas a influir y cambiar la opinión pública, como ocurrió cuando hackers rusos filtraron el contenido de los emails de Hillary Clinton, unas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016.

“Aunque no ha habido evidencia de que una potencia extranjera haya alterado los resultados en ninguna elección en Estados Unidos, históricamente han buscado explotar el sistema político libre y abierto de Estados Unidos. En los años recientes la proliferación de equipos digitales y comunicaciones basadas en el Internet han creado vulnerabilidades significativas y han aumentado la intensidad de la amenaza de una interferencia extranjera. Por lo tanto declaro que es una emergencia nacional esta amenaza”, se lee en el documento.

La orden instruye a  la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro a implementar las medidas necesarias para anular la intervención en caso de ser identificada, lo que va desde el congelamiento de activos hasta la limitación de acceso a entidades financieras de Estados Unidos.

Trump ha sido criticado por su reacción ante las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones que lo llevaron a la presidencia, sobre todo después de la reunión de  julio pasado con el mandatario ruso Vladimir Putin, en Helsinki.

En esa ocasión, aceptó la palabra de Putin, quien aseguró que Rusia no intervino en las elecciones de 2016, contrario a lo que apuntan investigaciones de EU.

Lo orden ejecutiva se anticipó a esfuerzos bipartidistas en el Congreso, donde existen al menos un par de iniciativas de ley con este propósito.

Una de ellas, conocida por su acrónimo como Ley DETER, obliga a imponer sanciones en estos casos y pone candados para que el presidente no las levante.