Bukele va contra la prensa si “favorece” a pandilleros

En sus nuevas políticas contra las pandillas, El Salvador avaló penas de hasta 15 años a quien facilite o comparta mensajes de estos grupos criminales, sin importar si se trata incluso de periodistas y medios de comunicación.

La reforma penal, avalada por mayoría tras una dispensa de trámite en la Asamblea Nacional, establece sanciones de entre 10 y 15 años en prisión contra quien “participe en la elaboración de textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual que haga alusión a estas agrupaciones”.

El cambio legislativo pone en la mira no sólo a quienes pertenecen a estas organizaciones criminales, como la Mara Salvatrucha (MS-13), sino a los medios de comunicación, pues sin importar si son o no miembros de pandillas, el gobierno de Nayib Bukele ratificó que acotará el espacio de actuación de estos delincuentes, asemejando medidas contra los nazis, pues recordó que para actuar en su contra se prohibió, en su momento, su simbología y apología del delito.

Tras el respaldo legislativo en medio del Estado de excepción, representantes de la prensa externaron que hay más peligro para el sector que para los pandilleros, ya que se criminaliza al periodismo en torno a una libertad, que aseguran incluso es útil para advertir a la población sobre la inseguridad.

De acuerdo con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), el cambio impulsado por Bukele, quien buscaba erradicar los grafitis alusivos a la MS-13, no logrará desaparecer a estos grupos, sólo “creará un espejismo que no es fiel a la verdad”.

Y rechazó el intento de mordaza contra quienes documentan los delitos que ocurren en el país, pues prácticamente esta reforma les prohíbe dar información alusiva al control de pandillas en la región, ya que informar sobre los crímenes de estos delincuentes podría convertirlos en supuestos defensores de los responsables de la violencia en el país.

Esta nueva norma “amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración, obsesionada con la propaganda y la tergiversación, se busca esconder”, sostiene APES al recordar que en vez de apretar el control contra los maras, como el reciente endurecimiento de penas, sólo obstaculiza e intimada al periodismo libre, lo que va contra la democracia.

Hecho que fue respaldado por la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, quien refirió que, “lejos de luchar contra la apología criminal, esta reforma pareciera querer controlar la narrativa pública y censurar a la prensa”.

En tanto, el mandatario presumió que se acercan a los siete mil pandilleros capturados en esta emergencia, cifra que representa casi la mitad del total de criminales asociados a estos grupos que ya se encontraba recluido en el país.