Corte de Brasil reduce condena a Lula da Silva; podría pedir prisión domiciliaria

Corte de Brasil reduce condena a Lula da Silva; podría pedir prisión domiciliaria
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La Quinta Sala del Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil redujo la sentencia al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 12 años y un mes a ocho años y 10 meses, como respuesta a un recurso que interpuso la defensa, luego de ser acusado de recibir un apartamento triplex en el Guarujá de la Construtora OAS, a cambio de contratos en la petrolera estatal Petrobras.

Este hecho abre la posibilidad de que el político salga de la cárcel en septiembre próximo, pues de acuerdo al fallo, podría solicitar prisión domiciliaria o un régimen semiabierto, cuando cumpla una sexta parte de su condena, aunque aún tiene pendientes otros procesos judiciales en espera de sentencia.

La resolución fue adoptada por unanimidad, el ministro Felix Fischer, votó por mantener la condena, pero a favor de reducir la sentencia, así como la multa que debe pagar el exmandatario, que pasó de mil 440 a 875 veces el salario mínimo vigente en la época en que ocurrió la falta, informó la Agencia Brasil de noticias.

Asimismo, los magistrados redujeron el valor de los daños que deben ser reparados por el exmandatario, de 16 millones de reales (unos 4.08 millones de dólares) a 2.4 millones (unos 611 mil dólares).

A pesar de que los abogados defensores de Lula buscaban la anulación completa de la condena, en particular sobre la presunta parcialidad del exjuez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, los ministros rechazaron tales planteamientos.

También cuestionaron la competencia de la justicia de Paraná para juzgar el caso y denunciaron irregularidades en la recopilación de pruebas, así como contradicciones en la sentencia, que se habría basado en la palabra de un delator, según los litigantes.

Desde abril del año pasado, el exmandatario permanece recluido en la prisión de la Superintendencia de la Policía Federal (PF) en Curitiba, un factor que le impidió postularse en las elecciones de 2018, y una circunstancia que sus partidarios consideran como una persecución política.

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