Clausura de Guantánamo, pendiente para cerrar ciclo que abrieron atentados

El ciclo de guerra contra Afganistán sigue abierto con el pendiente de enjuiciar a los terroristas del 11-S, recluidos hace más de una década, y la promesa del cierre de Guantánamo.

En la víspera del 20 aniversario de los atentados, el presidente Joe Biden se enfrenta a un nuevo desafío que puede dejar una huella “menos desastrosa” que la retirada de Afganistán hace unas semanas, aseveró la politóloga Stephanie Henaro en entrevista con La Razón, adelantando que podría ser parte de su legado por sus cuestionamientos a violaciones a los derechos humanos.

En contraste, el coordinador Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Andrés Serbin, aseveró que sin claridad en un cierre, que ya se había anticipado, este centro de detención seguirá siendo una “zona oscura”.

Esto al recordar los problemas de derechos humanos e injusticias presuntamente cometidas contra decenas de acusados de terrorismo, temas que incluso ha cuestionado Biden.

Al comparar lo que se avecina para el país en torno a la base naval asentada en Cuba con lo ocurrido en la última semana de agosto en Kabul, Henaro explicó que son escenarios opuestos y el primero podría dar luz a errores y aciertos durante 20 años, pues se considera que será otra prueba de fuego en torno a Afganistán, justo después de que Biden solicitara total transparencia sobre el 11-S, al ordenar la desclasificación de información sobre estos atroces hechos.

La especialista recordó que con este compromiso, Biden da continuidad al planteamiento del exmandatario Barack Obama —con quien fue vicepresidente—, con la presión de concluir oficialmente el cierre de un espacio que Amnistía Internacional (AI) insistió “nunca debió abrirse”, en referencia a las violaciones a derechos humanos y garantizando que su fin sería acabar con un “espíritu de guerra permanente”.

Al respecto, el investigador y académico Serbin sostuvo que los cambios que haga Biden en su agenda definirán el rumbo de su política y la prioridad que dará a los derechos humanos, así como a la seguridad, un tema que se renueva con la salida de tropas de Afganistán para centrarse en su territorio y en otras amenazas extranjeras.

Los especialistas coinciden en que de las acciones derivadas del fin de la ocupación dependerán los nuevos objetivos contra el terrorismo, recordando que no hay garantías de que hechos similares o de menor escala no se repitan.

Actualmente, Guantánamo alberga a 39 personas de 13 nacionalidades de los más de 700 “combatientes” ligados a Al Qaeda que estuvieron encarcelados y, aunque se redujo drásticamente la población en casi una década al pasar a 171 encerrados y luego a menos de 50, muchos “sospechosos” siguen a la espera de conocer su destino, por condenas o posibles traslados.

De acuerdo con un análisis de AI, al menos dos de los residentes actuales ya fueron condenados, 10 están en vías de ser enviados a custodia de otra nación, como Emiratos Árabes Unidos, Pakistán y Turquía, entre otras, tras un reciente cambio en julio pasado; mientras que los otros siguen en revisión, luego de que en algunos casos se les intentó trasladar a NY para ser juzgados en una Corte civil.

Y es que según organismos internacionales que instan a EU a enmendar el daño causado a decenas de presuntos sospechosos, mientras éste justifica que son enemigos por atentar contra su población, más de la mitad de los internos sufrieron prácticas ilegales al ser incluidos en un programa de detención de la CIA de manera irregular, ya que dicha agencia los mantuvo en sitios clandestinos por años, bajo condiciones extremas, sin confirmar que ya los había atrapado.

En estos años que lleva operando la base naval, abogados y acusados han documentado conductas indebidas por transferencias secretas, interrogatorios brutales, desaparición forzada, tortura, incomunicación y aislamiento, alimentación forzosa, pese a estar en huelga, y procedimientos injustos. Por lo que Amnistía exigió “investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estos crímenes de derecho internacional”.

Asimismo, reportó que al menos seis de los detenidos que enfrentan pena de muerte llevan más de 15 años bajo custodia de EU, y la quinta parte de este periodo estuvieron ocultos por la CIA, por lo que este tiempo debería ser considerado cuando reciban oficialmente sentencia.

Uno de estos conspiradores afectados es Mohammed Al-Qahtani, quien lleva más tiempo en Guantánamo, señalado como uno de los secuestradores del vuelo 93, aunque no alcanzó a abordarlo; pues por las violaciones a sus derechos fue diagnosticado con estrés postraumático al ser sometido a un “plan especial de interrogatorio”, que también han enfrentado otros inquilinos de Guantánamo.

Al respecto, el organismo recriminó que se les juzgue en cortes militares y que no se les conceda el hábeas corpus, para ratificar si la aprehensión fue legal, pues se anuló tal solicitud desde 2010.

Además, expertos que han analizado la situación de los presos en Cuba afirman que estas aprehensiones contravienen múltiples tratados internacionales, luego de incurrir en irregularidades, como interrogatorios brutales y actos de tortura, incluyendo prácticas que van en contra de la religión de los acusados, como cortarles el cabello y la barba.

En esta lucha, el FBI, que también ha sido señalado de ocultar información relevante en torno a las detenciones ilegales, mantiene entre la lista de los más buscados a varios colaboradores o sospechosos de tener vínculos con el grupo terrorista Al-Qaeda.

Tan sólo después del 11-S y tras la captura de varios de los secuestradores, aún hay en la mira al menos cinco personas.

Tal es el caso de Shaykh Aminullah, Jaber A. Elbaneh, Liban Haji Mohamed, Abdullah Shair Khan y Ahman Abousmara, quienes podrían ocultarse en Afganistán, Pakistán o hasta Yemen, de acuerdo con los perfiles publicados por la agencia, misma que ofrece montos de entre 50 mil y cinco millones de dólares por información que lleve a su paradero.

Los sospechosos son requeridos por las autoridades por conspiración terrorista, facilitar material para realizar explosivos y perpetrar ataques terroristas en la nación, así como brindar apoyo financiero, logístico y hasta entrenamiento para formar a más reclutas extremistas.