Las protestas ya saldan 850 arrestos y 35 muertos: ONG

En Caracas, Venezuela

La tarde del 21 de enero de 2019, Cristian Sierra, de 20 años, y su primo, Arnando Cudjoe, de 30, miraban la televisión después de permanecer encerrados en su domicilio ubicado en el barrio caraqueño de Cotiza.

Cristian y Arnando no habían salido por casi 20 horas, pues toda la madrugada y la mañana se registraron enfrentamientos, tiroteos y escaramuzas en este asentamiento popular, donde 27 militares se sublevaron la madrugada de ese día en contra del régimen de Nicolás Maduro.

En algún momento, Cristian, aficionado del Barcelona, jugador de futbol, alegre y bromista, aunque un poco tímido, según su madre, Isolina Mendoza, salió acompañado de su primo, un reconocido basquetbolista del barrio, a tomar un poco de aire fresco, pues, relata su progenitora, en ese momento cesaron los disparos.

Cristian y Arnando subieron las escaleras de la vivienda para llegar a la calle. Atravesaron la acera y vieron cómo más de una decena de elementos de la Guardia Nacional arremetía cuesta arriba en tropel.

El joven y su primo corrieron a refugiarse a casa; sin embargo, elementos de la policía los sometieron en el jardín, mientras intentaban abrir la reja, justo cuando estaban a un paso de refugiarse en la vivienda de tabiques rojos de este barrio donde el chavismo sentó sus reales mediante colectivos motorizados, y ayudas sociales clientelares como las cajas CLAP, que de acuerdo con vecinos de la zona, ayudan a complementar los paupérrimos salarios.

“Aquí la chispita fueron militares que están pasando hambre, que se rebelaron. Esto produce una rebelión donde barrios que fueron chavistas bajaron a pedir la salida de Maduro. Esos mismos barrios que montaron en el poder a Chávez son los que están en rebelión”.

Carlos J. Rojas

Activista y expreso político

Eso ocurrió a las 16:00 horas de hace ocho días, sin que hasta el momento Isolina pueda tener contacto con su hijo, quien está incomunicado, acusado de alteración del orden público… aun cuando varios testigos refieren que el joven, estudiante de barbería, no participó en las protestas.

“Estaba viendo tele y salió porque ya no sonaban tiros. Uno tiene derecho a manifestarse, pero, igual él ni siquiera ha estado en eso”, relató la madre a La Razón.

Durante la entrevista, Isolina, una de las pocas parientes de víctimas que se atreve a hablar, muestra imágenes de su hijo y de su sobrino. Ella es sólo una de las miles de personas que están a la espera de saber qué ocurre con sus parientes, luego de que el régimen desatara la represión con el mayor número de detenidos en la historia reciente de Venezuela, con un saldo de 850 detenidos en siete días, 703 de los cuales permanecen encarcelados, según cifras de Foro Penal.

En conferencia de prensa, la ONG informó que de estos 703 detenidos, 696 fueron arrestados el 23 de enero y entre ellos hay 100 mujeres y 77 menores de entre 12 y 14 años, que fueron imputados con 20 años de prisión por alteración del orden y terrorismo, luego de que Maduro exigiera imponer esa pena a quienes participen en protestas violentas.

Entre estos casos destaca el de los 11 niños detenidos en el estado de Yaracuy, entre los cuales figuran dos niñas de menos de 14 años de edad.

En Aragua, 20 adolescentes fueron privados de libertad este fin de semana, mientras que en Amazonas una niña indígena está detenida. Mientras que en Miranda cuatro adolescentes fueron aprehendidos, al igual que en, donde 12 jóvenes, entre ellos cuatro menores, fueron aprehendidos y después liberados bajo medidas cautelares.

Al respecto, la Sociedad Venezolana de Puericultura y pediatría llamó a la Unesco a permanecer atenta. “Exhortamos a Unicef a sumarse a la campaña de protección y ayuda a estos menores que son salvajemente reprimidos y sacados de sus hogares en manifestaciones pacíficas y democráticas, violando los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en el tratado de Naciones Unidas, del cual Venezuela es miembro signatario”, indicó el organismo.

El director de Foro Penal indicó que los detenidos han sido sometidos a torturas físicas y psicológicas, pues además de sufrir maltrato, fueron denigrados y en algunos casos obligados a entonar el himno chavista en contra de su voluntad.

Pero la represión no solamente se ha visto reflejada en detenciones, también en asesinatos: hasta la fecha suman 35 personas que perdieron la vida en toda Venezuela durante protestas, según la ONG encabezada por Alfredo Romero.

Uno de esos casos es el del joven panadero Alixon Osorio Dos Santos Pisani, de 19 años, quien el pasado 22 de enero recibió un impacto de bala de las Fuerzas Armadas Especiales, que acabó con su vida.

De acuerdo con testigos, Alixon y otros muchachos protestaban con un bloqueo cuando las fuerzas de seguridad los agredieron con una fuerza que los expertos de Foro Penal han calificado como letal.

Tras ser herido, el joven fue llevado por sus amigos al Hospital Periférico de Catia, sin embargo ya había perdido la vida.

Pero en este caso la represión no acabó ahí, informó el activista Carlos Julio Rojas, pues colectivos armados acudieron al nosocomio para amedrentar a parientes del joven que sólo iban a identificar el cadáver. “La protesta se conecta de lo social a lo político, Es un pueblo cansado de pasar hambre”, dijo. Para el activista la represión ha evolucionado a una fase selectiva y se ha concentrado en barrios populares, donde las fuerzas policiacas eligen a objetivos y los intimidan, ya sea con amenazas o incluso ingresando a sus hogares.

“Su lógica es la del ataque letal, una lógica de exterminio”, condenó el coordinador de Provea, Rafael Uscátegui.

El Dato: La Coalición por los Derechos Humanos reportó que recibió denuncias sobre detenciones de niños con cáncer y síndrome de down, en el central estado de Cojedes.