Macron lanza un recorte fiscal que favorece a la clase media

El gobierno francés bajará ocho mil 200 millones de dólares en impuestos en 2018, sobre todo a las rentas más altas y más bajas, al tiempo que reducirá el gasto público para controlar el déficit y la deuda, según los presupuestos aprobados ayer en el Consejo de Ministros.

El plan fiscal presentado está tabulado sobre una expectativa de crecimiento del 1.7 por ciento del producto interior bruto (PIB) en 2017 y el mismo porcentaje el año que viene.

En este horizonte de recuperación económica lenta, pero progresiva (la media del crecimiento en la eurozona este año será del dos por ciento) se prevé que el déficit público caiga al 2.6 por ciento en 2018 —por debajo del tope marcado en el pacto de estabilidad—, frente al 2.9 por ciento de este año.

La batería fiscal que el Ejecutivo lanzará para dinamizar la actividad comercial tiene como una de sus medidas estrella una fuerte reducción en el impuesto sobre la fortuna (ISF), que pasarán a pagar sólo quienes tengan un patrimonio inmobiliario superior a los 1.5 millones de dólares.

A partir de ahora quedarán exentos de ese tributo aquellos hogares que alcancen ese umbral gracias a su patrimonio financiero y a otros activos, algo que ha sido aprovechado por la oposición de izquierdas para cargar contra el gobierno.

“No tenemos más que un objetivo: invertir la curva del gasto

público. Pensar que se puede gastar más de un año a otro (...) es un error contra el que hace falta luchar”

Christopher Castaner, Portavoz del gobierno francés

El proyecto de ley “beneficiará a todos los franceses sin excepción (...) y no sólo a los más ricos”, se defendió en rueda de prensa el ministro de Economía, Bruno Le Maire, que al igual que el titular de Hacienda, Gérard Darmanin, procede de las filas del partido de Los Republicanos.

El Ejecutivo, que cataloga los presupuestos como los del “poder adquisitivo”, hizo hincapié en que medidas como la progresiva eliminación del impuesto sobre la vivienda para el 80 por ciento de los hogares o la bajada de las cotizaciones sociales para asalariados y autónomos aliviarán una carga fiscal “excesiva e injusta”.

También las empresas se beneficiarán con una reducción de impuestos del 33 al 25 por ciento en cinco años.