Denuncian muerte de 8 niños en ataque a FARC

En medio de fuertes críticas por la muerte de varios menores en una operación del Ejército contra disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, se vio obligado a dejar el cargo que ostentó desde agosto de 2018, cuando el presidente Iván Duque asumió el poder.

El funcionario ya enfrentaba presiones para que renunciara, luego de una escalada en la violencia contra líderes de comunidades indígenas.

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Hace apenas una semana, cinco miembros de una guardia indígena de la zona del Cauca, en el suroeste colombiano, fueron asesinados en lo que el ejército describió como una masacre perpetrada por un frente guerrillero disidente.

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— Mindefensa (@mindefensa) November 6, 2019

El pasado martes, los legisladores sostuvieron un debate en el que exigieron la expulsión de Botero, pues no informó al Parlamento ni al público que unos ocho niños fueron asesinados cuando el Ejército intentaba disuadir a las FARC, en una operación planeada.

Decenas de indígenas han sido asesinados en años recientes, junto con líderes sociales y activistas, incluso después de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016.

Se cree que la violencia “posguerra” se debe a que los grupos armados y disidentes de la guerrilla se disputan el control de antiguos territorios rebeldes y las lucrativas rutas del trasiego de droga dentro y fuera del país.

A fines de agosto pasado, un grupo de exintegrantes de las FARC anunció que retomaba las armas, con el argumento de que el gobierno del conservador Iván Duque no garantizaba sus derechos políticos tras la firma de la paz, alcanzada entre la guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.

El bloque de rebeldes también aseguró que cientos de activistas izquierdistas y más de 150 combatientes fueron asesinados por la administración de Duque.

En junio pasado, Guillermo Botero encaró un procedimiento simbólico llamado “moción de censura” en el Congreso, que fue impulsado por un grupo de legisladores opositores que buscaban forzar su sustitución, pues a su juicio no era apto para ejercer el cargo, además de una serie de supuestos hechos irregulares durante su gestión.

El Dato: En el apogeo del conflicto, a mediados de la década de 2000, se culpó al Ejército de hasta 5 mil ejecuciones extrajudiciales.

En la discusión legislativa de aquel momento, casi dos decenas de diputados sostuvieron que el ministro de Defensa no podía defender la seguridad del país ni pudo aclarar temas de relevancia nacional, que cobraron importancia en esos días, tras denuncias de ONG y reportes periodísticos.

Uno de los asuntos más sensibles que se le achacaron en ese entonces fue la muerte del exguerrillero Dimar Torres, de las FARC. En su primera versión, Guillermo Botero aseguró que Torres había perdido la vida en el marco de un enfrentamiento inesperado, pero después se dijo que fue asesinado por uniformados bajo su cargo. El tema fue vinculado por la prensa con el asesinato de civiles inocentes, a quienes se les hizo pasar por guerrilleros muertos en combate.