Apps piden tiempo para cambios fiscales

El próximo 20 de octubre se cumple el plazo para que los diputados aprueben la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 y posteriormente se pasará al Senado, quien tiene hasta el 31 de octubre para votarlo; por lo que Google, Facebook, Airbnb, Mercado Libre y Twitter, agrupadas en la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), y que ofrecen servicios digitales, como refiere el Paquete Económico, pidieron trabajar con las autoridades en el diseño de recaudación del IVA.

Solicitaron un periodo de adaptación de un año para cumplir con el Registro Federal de Contribuyentes, la CURP y otros requisitos que se piden a cualquier contribuyente en México.

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La directora de Relaciones con Gobierno y Asuntos Públicos de Google México, Lina Ornelas, recalcó que las sanciones, en caso de no cumplir “son desproporcionadas”, al darle la facultad a una autoridad en sede administrativa, como lo es el Sistema de Administración Tributaria (SAT), de ordenar a los proveedores de servicios de Internet para llevar a cabo la desconexión de red de aplicaciones o servicios.

Para la directiva de Google, la medida tendría una repercusión económica de pérdida de entre 1 y 1.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) por cada día desconectado, equivalente a entre 6.6 millones de dólares y 23.6 millones de dólares por cada 10 millones de habitantes diarios. Además, para el caso de México, el costo por día de tener bloqueos temporales ascendería a 336 millones de dólares o 6 mil 435 millones de pesos mexicanos diarios.

Para las firmas tecnológicas, el esquema de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) que propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) puede afectar a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), ya que la retención sobre el costo total de los servicios con pagos digitales supondría detener el flujo de dinero.

Es de recordar que en la propuesta del Paquete Económico 2020, Hacienda contempla sancionar a las plataformas digitales que no se registren ante el Sistema de Administración Tributaria  en su desconexión de Internet en México. Si la orden de suspensión se incumple, se establece una sanción de entre 500 mil y un millón de pesos; aunque no queda claro si dicha multa aplica para el proveedor del servicio digital o para el concesionario de redes públicas de telecomunicaciones.

El Dato: Las firmas que conforman la economía digital temen que un cobro mal calculado de impuestos genere retenciones excesivas que se traduzcan en una reducción de sus ganancias.

Por ello, las empresas digitales, a través de la vocera y directora de ALAI, Sissi de la Peña, aclararon que están dispuestas a colaborar en el gravamen de los productos digitales, aunque apuntaron que existen cinco componentes a los que habrá que atender con mayor detalle: un sistema simplificado al actualmente propuesto por la SHCP con el mínimo de información que sea indispensable para proveer al fisco, mayor periodo de  implementación a fin de asegurar el éxito de la iniciativa, el costo para los ciudadanos y responsabilidad de las empresas,  la inconsistencia con los principios de los acuerdos internacionales, y por último, la incorporación en la actual propuesta de una sanción desproporcionada.

Del tiempo de implementación, ALAI mencionó que éstos son poco realistas, pues no tendrían tiempo de hacer los cambios técnicos necesarios.