Coparmex advierte de un potencial abuso de poder en reformas a la Ley de Hidrocarburos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su preocupación de que se presente un abuso de poder con la reforma a la Ley de Hidrocarburos, luego de que el Poder Legislativo no corrigió algunas disposiciones discrecionales.

A través de un comunicado, explicó que en la legislación se faculta a la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a suspender los permisos en materia de hidrocarburos y petrolíferos, de manera discrecional y con temporalidad indefinida. 

Lo anterior bajo el argumento de “un peligro inminente” a la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin que se hayan definido claramente los supuestos normativos que regirán estas decisiones.

Otro tema preocupante, dijo, es el ajuste realizado al régimen de sanciones que permite revocar los permisos previamente expedidos a los titulares que incumplan con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.

Estas modificaciones legales permitirán a las autoridades determinar que las instalaciones y permisos tengan necesariamente que ser operadas por Petróleos Mexicanos (Pemex), al ser revocados a los particulares, aclaró. 

Coparmex analiza decisiones de la Cámara de Diputados

Por otro lado, la Coparmex también mencionó la aprobación, en la Cámara de Diputados, de una reforma a la Ley del Artículo 13 transitorio de la Ley de Hidrocarburos, en la que se elimina el concepto de “asimetría” y da nuevamente a Petróleos Mexicanos el control en la venta de combustibles.

Aseveró que esto también repercutirá no sólo en la competitividad, sino en el bolsillo de las familias mexicanas, al no tener opciones para comprar combustible más barato que el ofrecido por la empresa productiva del Estado.

“En Coparmex apoyamos todas las acciones del Gobierno de México encaminadas a fortalecer el sector energético cuando se trate de combatir los ilícitos y de poner orden para que los permisionarios cumplan con sus obligaciones y operen en la legalidad. 

Sin embargo, consideramos que para lograr estos fines no era necesario realizar las modificaciones legales que fueron aprobadas en el Congreso, ni establecer sanciones tan severas como la revocación de permisos por causas ambiguas”, concluyó.