La libertad de expresión es un pilar de las sociedades democráticas. Afirmar que esa libertad es ilimitada suena bien, pero en la realidad eso no es así.
Negar la existencia del Holocausto contra los judíos y otros grupos étnicos y sociales durante la Segunda Guerra Mundial carece de repercusiones legales en México, pero constituye un delito en Francia. Esto no significa que nuestra sociedad sea más democrática que la francesa, sino más bien que, por una serie de consideraciones históricas del país europeo, se decidió establecer un límite a la libertad de expresión. Una situación similar ocurre en Alemania donde, además, está prohibida la difusión de símbolos nazis.
En los últimos días las reacciones al anuncio de la publicación de un libro en España han venido a replantear los límites a la libertad de expresión. En octubre de 2011, en la ciudad de Córdoba, dos menores de edad (de seis y dos años) fueron privados de la vida por su padre. Luego de la desaparición de los infantes, el padre inicialmente aseguró que, por un descuido suyo, los menores se perdieron mientras jugaban en un parque. En realidad, los asesinó y calcinó los cadáveres, dejando escasos restos identificables. El asesino, quien estaba separado de su mujer, confesó posteriormente que privó de la vida a sus hijos para vengarse de ella. En julio de 2013, un tribunal lo condenó por el doble asesinato a 40 años de cárcel, tomándose en cuenta el parentesco, la premeditación y la saña mostrada en la ejecución de los crímenes. En 2015 la pena fue reducida a 25 años de privación de la libertad.
El escritor Luisgé Martín escribió un libro titulado El odio basado en esos hechos. A fin de escribirlo, durante más de dos años el autor sostuvo una abundante correspondencia con el asesino, así como varias llamadas telefónicas y una entrevista cara a cara. Quienes lo han leído señalan que no contiene expresiones vejatorias, ni enaltece al crimen, ni justifica la conducta del asesino. Se había anunciado que El odio sería publicado el pasado 26 de marzo. Sin embargo, la madre de los menores fallecidos solicitó a la fiscalía de menores que la publicación fuera suspendida, argumentando que su contenido vulneraba el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de los niños. Tras la denuncia, el juez competente rechazó la solicitud al considerar que no existen pruebas suficientes para conceder la suspensión, defendiendo el derecho a la libertad de expresión. La madre de los menores recurrió a esa resolución. Adicionalmente, decidió presentar otra denuncia, señalando que los comentarios de los medios de comunicación sobre El odio podrían ser constitutivos de un delito de quebrantamiento de condena. Aunque legalmente el libro puede ser distribuido en estos momentos, la editorial anunció que su distribución seguirá suspendida por tiempo indefinido. El tribunal resolverá próximamente si prevalece la libertad de expresión o la oposición de la madre de los niños asesinados.
