Esa justicia selectiva que sigue privilegiando al poder económico y, sobre todo, la influencia política en tiempos electorales.
El posible carpetazo se asomó a pesar de los antecedentes ineludibles en la Unión Americana, donde en 2022, Naasón Joaquín García, líder de La Iglesia de la Luz del Mundo, fue sentenciado a más de 16 años de prisión tras declararse culpable, ¡culpable! de delitos sexuales contra menores.
Ciertamente, dicha sentencia no implicó un juicio completo por un acuerdo con la fiscalía estadounidense, pero sí estableció la responsabilidad penal.
Ese antecedente debería haber marcado la obligatoriedad de una revisión exhaustiva en México de todas sus posibles redes criminales, encubrimientos y estructuras de protección.
Sin embargo, desde junio de 2025 la Fiscalía General de la República, bajo la administración de Alejandro Gertz Manero —hoy embajador en Reino Unido—, determinó el no ejercicio de la acción penal y la herida para las víctimas es inmedible, de acuerdo a la crudeza de varios de sus testimonios.
Entre ellos, los del matrimonio de Sochil Martin y su esposo Sharim Guzmán, sobrevivientes de esa organización religiosa, para quienes este caso revela un encubrimiento institucional, para proteger a personajes ligados a la política nacional y en algunos casos, presuntamente relacionados a otros grupos criminales como el CJNG.
No olvidemos aquella detención en septiembre de 2025, de 38 hombres armados en Michoacán, quienes declararon pertenecer a la “guardia secreta” de La Luz del Mundo.
El testimonio de Scohil fue clave para el caso contra Naasón Joaquín en Estados Unidos, pero inexplicablemente aquí en México se determinó que “no existen delitos qué perseguir”.
No importa si el caso ya se había tipificado como trata de personas, luego de las denuncias y testimonios que finalmente quedaron en entredicho para las autoridades mexicanas.
El posible cierre de este caso se da, además, en un contexto político que no puede ignorarse.
Y es que la citada organización religiosa no sólo ha mantenido una presencia pública en espacios políticos, sino que involucra entre sus simpatías a funcionarios de todos niveles y en todos los poderes, sobre todo del partido en el poder.
Está ampliamente documentada la participación de actores vinculados a Morena en eventos de esta iglesia, cuyos liderazgos han recibido reconocimientos oficiales, otorgados en recintos legislativos en años recientes.
Los presuntos actos de abuso sexual contra menores, cometidos por el líder de La Luz del Mundo, en México eran velados, pero no desconocidos, de acuerdo a testimonios publicados.
En todo caso tolerados, confiando quizá en la impunidad que cobijó por años a líderes de esta organización, cuyo poder económico se fue volviendo incalculable, y con él, su influencia política.
Según estimaciones académicas, La Iglesia de la Luz del Mundo alcanza poco más de un millón de fieles, con una expansión importante en América Latina y Estados Unidos (comunidad migrante).
México está frente al proceso electoral de 2027 y es inevitable considerar que, en dicho escenario, organizaciones con alto poder de convocatoria adquieren un peso político, incluyendo aquellas religiosas como La Iglesia de la Luz del Mundo, con su nutrido grupo de seguidores.
El contexto electoral influye en el ojo público, pero también la percepción de legalidad, porque no se puede —no se debe— pasar por alto a las víctimas y su derecho a la justicia.
Justicia que parece ausentarse cuando semejante caso de visibilidad internacional —a partir de la intervención de las autoridades estadounidenses—, con un juicio de altísimo impacto mediático que se viene abajo aquí, entre silencios cómplices y un carpetazo monstruoso.
El mensaje resulta demoledor.
El pasado jueves en su conferencia mañanera la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer las causas por las que la Fiscalía de Gertz Manero tomó la determinación de cerrar el caso en México, pero aseguró que la dependencia, ahora a cargo de Ernestina Godoy, estará del lado de las víctimas. Veremos…
Porque las palabras dichas en Palacio Nacional son una esperanza importante para tantas víctimas dolorosamente invisibilizadas por demasiados años.
Es la esperanza de que este atroz caso no se convierta, a la vista de todos, en uno más en la estadística de impunidad que supera el 90% en México.
Que no sea el ejemplo vergonzoso de un acto más de violencia colectiva de género, consentido desde una conveniencia político-electoral. El tiempo lo dirá…