Desde mediados de 2023 Ernesto Ruffo Appel era investigado por importación de combustibles por presuntamente declarar aceites y lubricantes —en lugar de diésel y gasolina— y así evadir el pago de los impuestos de internación a México. El exgobernador y sus socios presentaron amparos contra las imputaciones, pero se los retiraron cuando se sustituyó a la jueza de control —de carrera— por una jueza de tómbola y acordeón.
El contrabando imputado, vale recordar, se dio en el marco de la eliminación de la gran mayoría de los permisos de importación que, presuntamente para combatir el llamado huachicol, impuso la entonces secretaria de Energía y ahora gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
Según datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México, fue precisamente a raíz de esa restricción que el huachicol fiscal se fue a las nubes: a finales de 2024 se habían confiscado 100 millones de litros de combustible principalmente de aduanas marítimas, pero aún sin grandes detecciones y detenciones por aduanas terrestres.
A principios de este año se calculan decomisos acumulados de 150 millones de litros, ocasionando incluso un serio problema de protección civil.
Pero, si a Ruffo Appel y a la empresa Ingemar se les acusa de contrabandear 15.3 millones de litros de combustible disfrazados de aceites y lubricantes con un daño al fisco, ¿quién introdujo los otros 135 millones de litros confiscados? El daño presupuestal estimado entre cargamentos detenidos y no capturados es de 650 mil millones de pesos en siete años.
La inocencia o culpabilidad del exgobernador bajacaliforniano está a discusión. Lo que es un hecho es que desde el sexenio pasado existían solicitudes de ANAM a la FGR para judicializar las denuncias.
La FGR, entonces al mando de Alejandro Gertz Manero, procedió hasta 2025 contra los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Gertz es hoy embajador de México en Gran Bretaña.
Pese a esa judicialización dejó muchos cabos sueltos… y de ello tomó nota este 2026 la Homeland Security, que acusó al huachicol como otro de los negocios vinculados a la dupla de crimen organizado y políticos mexicanos.
Uno de esos cabos fue el que detectó la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), que encabeza Octavio de la Torre, la cual alertó de la presencia de un personaje involucrado en ese comercio ilegal, Raúl Rocha, mientras fungió como consejero de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial entonces a cargo de Francisco Cervantes.
Según comentan fuentes del más alto nivel, en las reuniones del CCE con entidades empresariales internacionales, Raúl Rocha ofrecía cupos en “sus permisos de importación de diésel” a compañías de todo tamaño y así evitarse el tapón impuesto a las importaciones desde la Secretaría de Energía.
Raúl Rocha sigue libre como aquellos que lo encubrieron. Dos colores, dos varas, dos “justicias”. Vaya manera de atraer inversión privada.
Dependencia Alimentaria del Bienestar. México incrementa año con año su dependencia en los mercados internacionales para abastecer la demanda interna de granos y oleaginosas, rompiendo récord este 2026 con casi 24 millones de toneladas importadas (mayor volumen registrado para un periodo enero-junio desde 2015), revelan datos analizados por Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) dirigido por Juan Carlos Anaya.
Este incremento lo impulsan principalmente el maíz, la soya, la pasta de soya y canola con un valor conjunto superior a los 7 mil millones de dólares. Es el segundo valor de compra histórico más alto.
En el caso del maíz ya se alcanzaron los 12.8 millones de toneladas importadas, principalmente de maíz amarillo, destinado a la alimentación animal y aplicaciones industriales, y por lo tanto, fundamental en múltiples cadenas
de valor.
Dramáticamente, al mismo tiempo, la producción nacional continúa disminuyendo y no responde a una incapacidad operativa de los agricultores mexicanos. Desde el gobierno de Andrés Manuel López se apostó por la agricultura trapiche y se dejó a su suerte a la agricultura comercial, la que alimenta las ciudades. Mientras Estados Unidos, China, Brasil y Argentina, entre otras naciones con las que compite el campo mexicano, cuentan con programas permanentes de apoyo al ingreso, seguros agrícolas, financiamiento preferencial, administración de riesgos y políticas de fortalecimiento, a nivel nacional ni siquiera existen mecanismos eficaces de comercialización que eviten descuentos excesivos o incertidumbre en los precios de venta de las cosechas.
La falta de esas herramientas desde el sexenio pasado en aras de una política para la compra de votos perduró en la gestión de Julio Berdegué en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y no se ha visto que la sucesora en el cargo, Columba López, instrumente políticas públicas para elevar la productividad en granos básicos.
El GCMA es puntual ante la posible entrada a un punto de “no retorno”: la seguridad agroalimentaria se construye con políticas a largo plazo que incentiven inversión, innovación e incremento sostenible de la producción nacional. De otra manera, quedamos a merced de precios internacionales, conflictos geopolíticos, entramados logísticos y restricciones comerciales.
Ah, y el dinero para la compra de votos también se acaba.
Se acabaron las distracciones
