Hay algo que debemos tomar en cuenta para entender todo lo que ha sucedido durante estos días alrededor del huachicol fiscal marítimo: la Secretaría de Marina no comenzó a investigar este asunto después de que estallara públicamente el escándalo, lo hizo desde marzo de 2025, y esto a partir de trabajos de inteligencia marítima y portuaria en los que se realizaron operaciones simultáneas en Ensenada, Guaymas y Tampico, lo cual permitió intervenir la estructura relacionada con este delito. Durante esas acciones, realizadas ya bajo la administración del almirante secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles, fueron asegurados aproximadamente 10 millones de litros de hidrocarburo, un buque tanque, dos predios y armas de fuego, entre muchas cosas más.
La investigación permitió que se identificaran alrededor de 20 millones de litros relacionados con estas operaciones, entre ellos los aproximadamente 10 millones encontrados en el buque Challenge Procyon y otros 10 millones vinculados con movimientos posteriores de la red. La inteligencia naval siguió las pipas que salieron de los recintos portuarios, pudo establecer redes, patrones y trazabilidad y obtuvo información que después fue judicializada, lo que permitió cumplimentar 15 órdenes de aprehensión. Es importante decirlo así, porque el operativo de marzo no fue simplemente el descubrimiento de un cargamento irregular, sino el resultado de una investigación que buscaba conocer cómo funcionaba la estructura criminal del huachicol.
Recordemos además que el antecedente venía desde la administración federal anterior. El entonces secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, había hecho del conocimiento del entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, información relacionada con posibles hechos de este delito. Ya durante la actual administración esos elementos fueron llevados a una investigación de inteligencia naval, que permitió conocer la forma de operación de la red y actuar contra ella. De ahí se llegó finalmente a la desarticulación del esquema identificado en los puertos. Ahora analicemos lo que pasó después, porque también ayuda a dimensionar el interés que ha tenido la propia Marina en este tema. Las operaciones irregulares no desaparecieron con lo ocurrido en marzo de 2025. Hubo nuevos intentos en distintas aduanas marítimas, pero entre marzo de ese año y agosto de 2026 fueron inhibidas 37 operaciones que presentaban inconsistencias documentales o diferencias en las cantidades declaradas. Los casos fueron detectados en Salina Cruz, Veracruz, Altamira, Coatzacoalcos, Tampico, Tuxpan, Manzanillo y otros puntos portuarios mediante una mayor coordinación entre autoridades marítimas, aduaneras, fiscales, de seguridad e inteligencia.
Eso es lo que permite entender de otra manera lo que hemos conocido recientemente. Marzo de 2025 no fue solamente la fecha de un aseguramiento importante, fue el momento en el que una investigación de inteligencia permitió intervenir una estructura, conocer cómo operaba y llevar la información obtenida ante las instancias correspondientes. Después vinieron nuevas acciones para impedirlos. La estrategia pasó de asegurar hidrocarburos a identificar redes, seguir sus movimientos y cerrar los espacios que hacían posible este tipo de operaciones criminales.
Es precisamente por eso que resulta importante no separar lo que está sucediendo hoy de todo ese trabajo hecho con anterioridad. No cabe duda de que la Marina ha colaborado con los medios disponibles para esclarecer ese asunto, y lo ocurrido durante estos días forma parte de su compromiso por llegar hasta el fondo de esa red criminal que ha saqueado a la nación. No solamente por lo que representa un caso de esta naturaleza para México, sino también por los hombres y mujeres que diariamente portan el uniforme, cumplen con su responsabilidad y se sacrifican por el bienestar de las familias mexicanas.
En medio del desfiguro, el reacomodo
