Una de las advertencias realizadas por Donald Trump, desde el inicio de su actual administración, y que el Gobierno mexicano no ha tomado con la suficiente importancia, es que Estados Unidos no va a consentir que organizaciones criminales extranjeras sigan realizando actividades que, en su diagnóstico, generan amenazas y riesgos serios para su seguridad interior.
Como el presidente estadounidense tiene bien ganada una fama de voluntarioso e irreflexivo, el Gobierno mexicano ha apostado por que sus vociferantes amenazas no se concreten, aunque hay algunas evidencias de cierto nivel de cooperación y alineación de México a la agenda de seguridad de Estados Unidos, como fue la “entrega” —sin seguir el procedimiento de extracción que exigen la Constitución y las leyes— de decenas de criminales reclamados por aquel país. No es por nada el reconocimiento que recibió el secretario mexicano de Seguridad Pública en la reciente conferencia hemisférica realizada por la DEA en Buenos Aires.
Pero esa narrativa sobre la cooperación convive con los recurrentes —y hasta cierto punto, al parecer, justificados— señalamientos del presidente de Estados Unidos y sus distintas agencias respecto a los vínculos entre políticos y autoridades mexicanas con las organizaciones criminales, particularmente en las filas del partido oficial.
En este contexto, dos hechos han cimbrado a la clase gobernante: primero, el pedido de “entrega” —que no de extradición, nuevamente— de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como un senador de la República y otros funcionarios y exfuncionarios de ese estado; y, segundo, el retiro de la visa estadounidense a Andrés López Beltrán (conocido como Andy), hijo del expresidente López Obrador.
En el caso del gobernador de Sinaloa y demás personajes acusados, el gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones penales —aunque no han sido llevadas ante un juez, todavía—, sustentadas en un cúmulo de indicios hechos públicos por el Departamento de Justicia (testimonios, videos, documentos, llamadas telefónicas, etc.), a lo cual el Gobierno mexicano responde que no se le han presentado pruebas. Parece que ahora sí se quieren seguir formalidades que no se siguieron en las “entregas” previas de otros acusados.
La reacción inmediata del régimen y sus matraqueros fue cerrar filas en torno a Rocha Moya. A lo más que se llegó fue a forzarlo a que solicitara licencia —a cambio de impunidad, mientras tanto—. La audacia fue llevada al extremo este fin de semana, con la ópera bufa del regreso efímero del citado personaje al gobierno estatal, por unas horas, para volver a solicitar licencia. Esta vez, en plan “control de daños”, la amplia coalición oficialista decidió desmarcarse de un sujeto caído en desgracia ante la opinión pública.
El otro gran tema utilizado por el Gobierno mexicano como argumento para alegar una indebida injerencia en asuntos de política interior es el retiro de visas a diversos personajes asociados al régimen. Primero, gobernadores y alcaldes de Morena y, recientemente, la del citado Andy. El Gobierno ha tratado de vender el relato de que “la soberanía nacional” está en peligro, cuando es, en todo caso, un problema para un grupo dentro de la clase gobernante y la narrativa que ésta quiere ofrecer a su base de apoyo. Si bien no hay —todavía— acciones legales contra estos personajes, no se puede soslayar la relevancia política del retiro de las visas y el mensaje premonitorio que ello conlleva. Quien avisa no engaña.
Ecos del cisma
