El pasado miércoles, un cargamento de drones, cámaras y accesorios de la marca china DJI fue robado luego de salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Grupo HB, operador oficial de DJI Store México, confirmó el robo y emitió un comunicado diciendo que ya presentaron las denuncias y pidió no comprar, vender ni utilizar los equipos robados. Anunció que ya bloqueó los números de serie de los productos, lo que en la práctica los inhabilita.
Lo cierto es que quien se los robó seguramente podrá desbloquearlos, y es que no estamos hablando de un robo simple, y tampoco es la primera vez que le ocurre algo así a esta marca en México.
EL PELIGRO
En mayo de 2022, DJI ya había sufrido un golpe de magnitud similar: uno de sus camiones, que trasladaba mercancía hacia sus almacenes, fue asaltado y los delincuentes se llevaron más de 300 drones, 500 estabilizadores y cámaras de distintos modelos.
En aquella ocasión, la empresa también bloqueó los equipos y pidió a la población no adquirirlos, pero casi nada de esos productos apareció.
No se trata de un hecho aislado, hay un patrón: los cargamentos de drones profesionales se han convertido, desde hace al menos tres años, en un blanco atractivo para el robo organizado en México.
Para sustraer un cargamento de esta magnitud no basta con un ladrón oportunista. Se necesita información precisa: saber qué mercancía viene, en qué fecha, a qué hora y en qué transporte terrestre será trasladada desde el aeropuerto o la bodega.
Se necesita planear un operativo para interceptar ese transporte sin ser detectados. Y después, se necesita una red capaz de mover, ocultar y distribuir cientos de equipos sin que se disparen las alarmas. Eso no lo hace una persona sola. Eso lo hace una estructura.
Y es que al crimen organizado estos productos le son de mucha utilidad.
Existe evidencia documentada, con nombres y fechas, de cómo estos grupos han incorporado los drones a su operación.
De acuerdo con un estudio del National Counterterrorism Innovation, Technology, and Education Center de la Universidad de Nebraska, el Cártel Jalisco Nueva Generación lideró esta transición tecnológica al crear una unidad especializada conocida como Operadores droneros, cuyos integrantes portan un parche distintivo con una calavera y las siglas CJNG. Una de sus operadoras, identificada bajo el alias de Lady drones, ha sido señalada como responsable de coordinar ataques con estos aparatos contra el Ejército.
El fenómeno no se limita a esa organización. Según la plataforma especializada en conflictos armados ACLED, entre 2021 y 2025 se documentaron 221 ataques con drones explosivos en México, atribuidos a al menos cinco grupos criminales: el propio CJNG, La Familia Michoacana, Los Viagra, Los Ardillos y el Cártel del Abuelo. De ese total, 27 agresiones resultaron letales, con un saldo de 77 personas fallecidas.
La concentración geográfica de estos ataques apunta principalmente a Michoacán, en municipios como Aguililla, Cotija y Tepalcatepec, donde el CJNG utiliza los drones para el control territorial, con ataques documentados tanto contra población civil como contra la Guardia Nacional.
También se ha reportado actividad en Guerrero, donde en enero de este año policías comunitarios de la Costa Chica denunciaron ataques armados y con drones por parte del grupo Los Ardillos, mientras intentaban recuperar el control de sus comunidades.
En septiembre de 2025, un grupo armado destruyó una avioneta y dañó otras dos mediante el uso de drones en una pista aérea de Tepalcatepec, Michoacán, en un incidente atribuido al CJNG. En octubre de 2025, drones cargados con explosivos impactaron una residencia vinculada a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán, en Badiraguato, Sinaloa, lo que obligó al desplazamiento de varias familias.
En abril de 2025, en Culiacán, un grupo armado utilizó drones con explosivos improvisados contra elementos del Ejército Mexicano, dejando dos soldados heridos. Y en febrero de este año, un dron lanzó un explosivo contra instalaciones de seguridad en Escuinapa, Sinaloa, con saldo de un militar y un trabajador del ayuntamiento heridos.
Los drones de la marca DJI, especialmente los modelos de uso profesional, tienen capacidades que los vuelven herramientas extraordinariamente útiles para la vigilancia. Pueden volar a distancias de varios kilómetros del control remoto, transmitir video en tiempo real con calidad de alta definición y sobrevolar zonas de difícil acceso, como sierras, cañadas o caminos rurales, sin que nadie tenga que
exponerse físicamente.
Durante años, el crimen organizado se apoyó en “halcones”: jóvenes, muchas veces menores de edad, colocados en las calles para avisar quién entra, quién sale, si hay presencia policial o militar en la zona. Pero los seres humanos tienen un límite: un halcón sólo puede ver lo que tiene enfrente, y siempre corre el riesgo de ser identificado, detenido o de convertirse él mismo en una víctima.
Un dron no enfrenta esas limitaciones. Puede cubrir en minutos lo que a una persona le tomaría horas recorrer. Y su función ya no se restringe a la vigilancia: de acuerdo con la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de Estados Unidos, los cárteles mexicanos han pasado de utilizar los drones como herramienta logística para el transporte de droga a convertirlos en un activo de guerra táctica, capaces de lanzar explosivos directamente sobre un objetivo.
Hay otro elemento que no puede pasarse por alto: el contexto en el que ocurrió este robo. Desde que el Gobierno decretó el traslado obligatorio de la carga aérea del AICM hacia el AIFA, las empresas de logística y sus clientes han señalado dos problemas centrales: el aumento en los costos de operación y la vulnerabilidad que representa el traslado terrestre de mercancías desde una terminal ubicada fuera de la mancha urbana, con menos vigilancia en sus alrededores y trayectos más largos hasta los centros de distribución. Este robo confirma esa advertencia. Ya no es solamente un tema de cuánto cuesta operar desde el AIFA; ahora también es un tema de qué tan segura resulta la salida de la mercancía.
Lo cierto es que, si estos delincuentes tuvieron la capacidad logística, la información privilegiada y la organización necesaria para ejecutar un robo de esta escala, no es descabellado que puedan hacer otros robos.
Ahora toca a las autoridades investigar este robo. Dar con los responsables no es opcional, es urgente. Cada dron que circule sin control en manos delincuenciales es una amenaza.
Ecos del cisma
