Hace 43 años no era Ciudad de México, era Distrito Federal y el país era otro, donde las preferencias culturales y políticas parecían más o menos uniformes salvo núcleos de disenso y grupos contestatarios. La incubación de la transición democrática tuvo muchas vetas, casi todas inimaginadas, pero siempre con carácter indeleblemente lúdico y ciudadano como El Gran Maratón de la Ciudad de México de 1983 en que participaron 7,500 corredores siendo ganador de la categoría masculina Casimiro Reyes y María del Carmen Cárdenas de femenil en la competencia convocada por Sandalio Sainz de la Maza.
En aquellos años, Sainz de la Maza era director de Promoción Deportiva del D.F. (así se abreviaba) donde el mando recaía en la figura de un regente, entonces Ramón Aguirre Velázquez. Al director de Promoción deportiva le tocó organizar la primera carrera. Una competición que ayer convocó a más de 30 mil competidoras y competidores y cuyo impacto económico positivo supera a la Fórmula 1 y que con hasta 66 mil millones de pesos en derrama de gasto y consumo —conforme a los cálculos del secretario de Finanzas capitalino, Juan Pablo de Botton— rivaliza frente al impacto económico del Mundial de Futbol en la ahora CDMX.
En 1984, la competencia fue un éxito con 15 mil corredores; en 1985 el equipo de don Sandalio organizaba una carrera en grande (el cartel oficial se le encargó al pintor José Luis Cuevas), pero el terremoto de ese año impidió la competencia en septiembre; se reprogramó hasta el 8 de diciembre para enviar un mensaje de resiliencia y unidad ciudadana más allá de lo gubernamental en una ciudad entonces marcada por la tragedia.
Así, en 1985 el maratón chilango jaló a más de 32 mil corredores y entró al Récord Guinness como la carrera con más participantes en el mundo de entonces.
¿Por qué cada vez más gente participa y se mantiene a la fecha como un evento icónico capitalino? Es la fórmula de Sandalio Sainz: que cada año la competencia fuese diferente y diversa. Hoy se acompaña con experiencias citadinas, culturales y gastronómicas que mejora el aforo en restaurantes y hoteles, e impulsando marcas de productos y servicios relacionados con el bienestar, salud y fortaleza física, así como de telecomunicaciones que habla de miles de familias que socializan y gozan mediante el entusiasmo del esfuerzo físico.
Swissport: truco, engaño y embargo. La empresa de servicios terrestres aeroportuarios para movimiento de carga y equipaje se las da de ser una firma de primera clase al mando de Warwick Brady…, pero resulta que en México se saltó las trancas de la regulación propia de concesiones para operar en espacios federales y catalogados de seguridad nacional. Ello salió a relucir por un prolongado pleito que la empresa aquí denominada Cargo Service Center de México, dirigida por Felipe Retamal Olave, se metió para no pagar el arrendamiento de montacargas, pleito que perdió y motivó el embargo de sus activos que descubrió su operación al margen de la ley.
De hecho, es un pleito que Cargo Services Center de México inició en 2015 para evadir el pago del arrendamiento de esos equipos al demandar a la firma mexicana Impulsora de Montacargas, solicitando la rescisión de contratos argumentando cobros indebidos y falta de mantenimiento a los equipos. Evidentemente que el proveedor Impulsora de Montacargas contestó a la demanda e interpuso el recurso de reconvención para que la empresa suiza pagara. Y en 2023 los tribunales le dieron la razón a la firma mexicana, a los que Cargo Services interpuso decenas de recursos, quejas y al menos siete juicios de amparo sin que ninguno prosperase…, pero que le permitieron ganar tiempo y dinero a costillas de su proveedor.
Tras un pleito de 11 años, la semana pasada se procedió al embargo de los bienes de Cargo Services Center de México y de Swissport en el país…, ¡pero resulta que la filial no es filial pues subarrienda a Talma México, el almacén de Swissport/cargo Service Center de México en la zona federal de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Y como es sabido, las concesiones de gobierno no son transferibles ni se pueden arrendar, y que hacerlo es un delito que de entrada implica la cancelación de la concesión. ¡Sopas!
Colegiaturas, bancos y los pasados de lanza. La Ley de Instituciones de Crédito es muy clara al respecto: cualquier aumento de costos ya sea en la tasa de intercambio entre bancos para que sus terminales punto de venta reciban las tarjetas de crédito y débito de otras instituciones, no debe transmitir al cliente final; y la cuota de descuento que un banco aplica a un establecimiento mercantil no es una cuota que “establece” la Asociación de Bancos de México que encabeza Emilio Romano, sino que cada institución acuerda con el comerciante en un mercado de alta competencia.
Y la llamada “cuota cero” es sólo para negocios que facturen hasta 300 mil pesos anuales.
Pero hay negocios grandes que quieren cuota cero, como los agremiados a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), que lleva Ana Luisa Domínguez, que aún facturando 3.5 millones anuales reclaman el beneficio cual si fueran estanquillos o pollerías; rechazan pagar un tope máximo de 1 por ciento anual por uso de tarjeta de crédito y 0.30 por ciento en débito, amagando transferir ese costo a los padres de familia.
Pues ya lo dijo la Asociación Nacional del Pequeño Comercio (Anpec), a cargo de Cuauh-témoc Rivera: los grandes haciéndose pasar por pequeños incurren en un acto ilegal e “INMORAL, dicho con mayúscula”.
Las contradicciones
