La declaración del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), al concluir la misión del Artículo IV de 2026 sobre México, vuelve a colocar las finanzas públicas en el centro del debate económico. Reconoce los avances de la consolidación, pero considera necesario un esfuerzo mayor para situar la deuda en una trayectoria descendente. Su diagnóstico subraya una preocupación que hemos señalado en este espacio: reducir el déficit no basta si persisten las condiciones que limitan la capacidad financiera del Estado.
México enfrenta una combinación difícil. Los ingresos resultan insuficientes frente a compromisos crecientes en pensiones, programas sociales y servicio de la deuda, mientras el bajo crecimiento limita la recaudación. Esta rigidez reduce el espacio para infraestructura, salud y otros servicios públicos. La fragilidad fiscal también se manifiesta en la dificultad para financiar las inversiones necesarias para elevar el crecimiento.
El FMI reconoce que la consolidación continuó en 2026, aunque a menor velocidad, y advierte que el presupuesto de 2027 propone un ajuste más gradual que el anunciado previamente. Recomienda acelerarlo porque, bajo la trayectoria prevista, la deuda seguirá aumentando. Aquí existe un matiz respecto a la evaluación que hemos realizado: Consideramos adecuada una consolidación moderada que evite debilitar la recuperación, siempre que cumpla sus objetivos.
Esta diferencia merece atención, pero también importa la composición del ajuste. Una reducción del gasto concentrada en inversión y servicios públicos puede deteriorar el crecimiento y la capacidad recaudatoria futura. Por ello, resulta especialmente relevante la coincidencia con el Fondo en la necesidad de incrementar los ingresos y mejorar la asignación presupuestaria.
El punto neurálgico sigue siendo la recaudación del ISR. Una mayor eficiencia administrativa y el combate a la evasión pueden contribuir, pero sus resultados deben comprobarse. El FMI amplía esta discusión al proponer considerar una reforma del ISR de las personas físicas y revisar beneficios tributarios. Si las mejoras administrativas no generan recursos suficientes, será necesario valorar medidas adicionales.
Del lado del gasto, dos recomendaciones merecen particular atención: eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles y focalizar mejor los programas sociales. Ambas plantean revisar instrumentos centrales de la política gubernamental y muestran que recuperar espacio fiscal también exige evaluar cómo se distribuyen los apoyos.
En los combustibles, el propio Fondo reconoce que las medidas para contener los precios internos de la gasolina han ayudado a amortiguar el choque energético y moderar la inflación. Sin embargo, recomienda su eliminación progresiva. La tensión es clara: estabilizar los precios ofrece beneficios inmediatos, pero compromete recursos que podrían destinarse a otras necesidades. El retiro de estos apoyos requiere una transición que considere sus efectos sobre la inflación, el transporte y el ingreso de los hogares.
Respecto de los programas sociales, recomienda una mejor focalización, sin precisar cuáles deberían modificarse. Esto abre una discusión sobre el alcance de los apoyos universales y la posibilidad de concentrar recursos en la población más vulnerable. La evaluación debe considerar tanto el ahorro potencial como la cobertura, los costos administrativos y el riesgo de excluir a quienes necesitan protección.
El fortalecimiento financiero de Pemex y la transparencia de los compromisos asociados con proyectos de inversión completan esta agenda. Diferir pagos o recurrir a vehículos de financiamiento no elimina las obligaciones públicas.
El diagnóstico del FMI refuerza la necesidad de una consolidación verificable. Mi valoración de una ruta gradual puede mantenerse, pero condicionada a mayores ingresos, una asignación más eficiente del gasto y una trayectoria sostenible de deuda. Aunque el organismo no advierte explícitamente sobre una posible pérdida del grado de inversión, consideramos que corregir estas vulnerabilidades es fundamental para preservar la confianza y evitar un deterioro de las condiciones de financiamiento. La sostenibilidad fiscal exige revisar prioridades para mantener la protección social y recuperar capacidad de inversión.