La discusión en torno al impuesto predial en la Ciudad de México está generando una preocupación desmedida entre los propietarios de inmuebles, pero partiendo de la falsa premisa de que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México autoriza al Gobierno de la CDMX a aumentar el pago del impuesto predial mediante el aumento del valor catastral, que sirve de base para su cálculo.
La cuestión es que, con esa facultad que ya cuenta el gobierno, la cual se contiene en el artículo 127 del Código Financiero de la CDMX, que expresamente señala que la base para el impuesto predial se realizará mediante la realización de un avalúo por personal autorizado.
El cobro a la tenencia de la tierra es uno de los tributos más antiguos de la civilización, concebido inicialmente como un reconocimiento del dominio sobre el suelo y el aprovechamiento de los recursos colectivos. Con la consolidación del Estado moderno, el predial superó su fin puramente recaudatorio para asumir una función social.
En la Ciudad de México, donde el suelo es finito y codiciado, la propiedad genera plusvalías que no provienen únicamente del esfuerzo individual del propietario, sino de la inversión pública que rodea al inmueble. Cuando el Estado cobra el impuesto predial, no hace otra cosa que recuperar una fracción de esa plusvalía social para redistribuirla en servicios y obras que garanticen el bienestar colectivo, lo cual no sucede en la CDMX, al encontrarse las calles llenas de baches, sin banquetas, falta de luminarias, etc.
Sin una tributación local sólida, la capacidad regulatoria del Estado se debilita y el mercado inmobiliario termina por profundizar la segregación territorial. Esta lógica de justicia tributaria adquiere una relevancia crítica al analizar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM). El crecimiento acelerado de la región exige un marco de coordinación metropolitana para solucionar crisis compartidas como la gestión del agua, la movilidad y el déficit de infraestructura. La actualización de los instrumentos de planeación urbana, la implementación de mecanismos de recaudación proporcionales y eficientes, un cobro progresivo, donde los predios de mayor valor comercial aporten en equitativa proporción, son indispensables para financiar el ordenamiento territorial y evitar que las periferias sigan absorbiendo los costos del crecimiento desordenado.
México es el país que menos impuesto predial recauda dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Actualizar la política catastral y modernizar el predial no implica aplicar cobros indiscriminados que afecten a las familias de menores ingresos, sino establecer esquemas graduales, transparentes y progresivos. Acercar el valor catastral al valor real del suelo es la única forma de que, quienes más tienen, contribuyan equitativamente a la sustentabilidad de la metrópoli.
Si aspiramos a contar con servicios de calidad, transporte sustentable y una ciudad incluyente, debemos asumir que el predial es la herramienta más directa para construir la ciudad que habitamos.
Por parte del gobierno no se ha sabido presentar dicho programa, el cual debería ir acompañado de grupos de la sociedad civil, del colegio de ingenieros y de expertos en la materia, y para garantizarle a la ciudadanía la transparencia en el uso de los recursos se podría recurrir a nombrar a un administrador de la ciudad (figura que en otras ciudades existe). No se ha podido realizar una defensa sólida de su propuesta de programa; sin embargo, es necesario entrar al fondo de la discusión mediante expertos en el tema y que no se deje a la opinión pública, la cual politiza el tema sin llegar a nada, mientras la ciudad sigue deteriorándose.