El exfiscal general de Chihuahua César Gustavo Jáuregui Moreno fue citado el martes 20 de octubre a escuchar la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR) por traición a la patria, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Es una acusación distinta de la que ya enfrenta en su estado.
Es acusado por haber permitido el acompañamiento de dos agentes de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio.
Para la FGR esto es traición a la patria; para la fiscalía estatal, son otros delitos en los que incurrió por no haber dado aviso, pero muy lejos están de ser traición a la patria.
El abogado penalista Samuel González, a quien entrevisté para esta columna, explica por qué, en su opinión, la ley no sostiene la imputación federal.
Entre el 17 y el 19 de abril se realizó el operativo que desmanteló un narcolaboratorio en el municipio de Morelos. En un accidente en carretera murieron dos agentes de la CIA y el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera, según ADN 40.
Jáuregui renunció a la Fiscalía el 27 de abril y dijo que la presencia de los agentes no se reportó de manera oficial. El 27 de mayo compareció ante la FGR como testigo.
La FGR dijo entonces que investigaba posibles delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. La orden por traición a la patria llegó el 17 de octubre.
La libró la jueza federal Mariana Vieyra Valdez. La orden atribuye a Jáuregui haber sostenido reuniones en la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas con cuatro estadounidenses, identificados después como agentes de la CIA, y haber coordinado y permitido que intervinieran en campo y con armamento.
Jáuregui fue detenido el sábado 17. El domingo, un juez de Chihuahua le impuso medidas distintas a la prisión y la FGR cumplimentó una segunda orden de aprehensión por traición a la patria.
Le pregunté a González qué se le puede fincar y qué no. Son acusaciones distintas, me dice el penalista. En Chihuahua, la Fiscalía estatal lo acusa de ejercicio indebido del servicio público y coalición. El jueves 22 un juez local decidirá si lo vincula a proceso. Las conductas que se le atribuyen, explicó González, son no avisar, no pedir autorización y no notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el ámbito estatal pueden tener consecuencia penal si se prueban. “No hay delito a nivel federal, sí hay delito a nivel estatal, es decir, de lo que lo acusan en Chihuahua”, afirmó.
NO SE SOSTIENE
En el plano federal, la ley sí obliga a notificar cuando participan agentes extranjeros. El problema, dijo González, es que cuando se hizo la ley no se escribió qué ocurre si no se notifica. “Es una norma penalmente imperfecta, no existe el tipo penal y por lo tanto tampoco existe la sanción”.
Para pasar de ahí a la traición a la patria, afirmó, “hay un mundo de distancia”.
El artículo 123 del Código Penal Federal prevé de cinco a 40 años de prisión, y en materia penal, recordó González, “solamente se puede sancionar aquello que normativamente existe”.
Usar la traición a la patria en este caso es, dijo, “un uso extraordinariamente amplio que no se puede justificar”.
Samuel González nos dice que el último proceso por traición a la patria fue en marzo de 1945.
El intento más reciente tampoco prosperó. En octubre de 2024, la FGR reclamó al juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz que no librara orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo
Guzmán, por secuestro y traición a la patria, por el traslado de Ismael El Mayo Zambada a Estados Unidos.
Para González, el riesgo es el alcance de la figura. “Si no se tiene un proceso de autocontención, todos pueden ser acusados de traición a la patria con los mismos elementos”, dijo. Incluyó a quienes trabajaron en el gabinete de seguridad de este sexenio y de los anteriores.
Por ejemplo, nos dice que está el caso de las 92 personas enviadas a Estados Unidos sin pasar por el proceso de extradición. “Eso sí está tipificado como traición a la patria”, afirmó.
Pero hay otro tema que llama la atención. Samuel González explica que se va a ver si este proceso se afecta por la independencia que pudiera tener el Poder Judicial, porque en estos días México perdió su lugar en la organización internacional de magistrados.
El pasado 17 de octubre, el Consejo Central de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) votó expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), por 53 votos contra 13 y cuatro abstenciones, porque su respaldo a la reforma judicial en México incumple las condiciones de independencia y apoliticidad que exige a sus miembros.
“Si tú mandas a jueces de consigna, pues te van a dar las sentencias que quieren”, dijo González. Y me dice que la jueza Vieyra Valdez, quien llevará el caso de Jáuregui, ha resuelto casos tan controvertidos como el de Israel Vallarta, un asunto que era de gran importancia resolver a favor de Vallarta para el Gobierno federal.
Israel Vallarta fue detenido el 8 de diciembre de 2005 junto con la francesa Florence Cassez, en una operación que se transmitió por televisión. La PGR reconoció públicamente que lo que se mostró en televisión había sido un montaje, pero que efectivamente, horas antes, tanto Vallarta como Cassez fueron detenidos en flagrancia con víctimas en un secuestro.
El proceso no se repuso y se liberó a Vallarta. El 31 de julio de 2025, Vieyra Valdez absolvió a Vallarta al resolver que el montaje tuvo un “efecto corruptor” sobre las pruebas.
Pero no se midió con la misma vara, porque poco antes, el 3 de marzo de 2025, la misma jueza condenó a 89 años de prisión a
Jacqueline Malinali Gálvez Ruiz, hermana de Xóchitl Gálvez.
Veremos si éste es un asunto para que vaya con la narrativa política de la injerencia. Porque hoy la misma jueza que libró la orden es la misma que absolvió a Vallarta, un caso que ya era político desde el montaje con que se presentó ante los medios, será quien juzgue al exfiscal de Chihuahua.
Creo que Jáuregui tiene que responder por no haber dado aviso de la participación de estos agentes y de otras fallas administrativas, pero ésa es una acusación estatal, no le compete a la FGR.
Y es que llama poderosamente la atención que la Fiscalía General de la República consigne y persiga a personas de la oposición, sean culpables o no, pero no hay detenciones de personajes de la 4T que están involucrados hasta con temas de crimen organizado.