Mientras contingentes de trabajadores del Seguro Social marchaban del Centro Médico Siglo XXI a Palacio Nacional para demandar un aumento salarial, medicamentos e insumos, su líder sindical y diputado federal morenista, Rafael Olivos, cuya destitución exigen, y el titular de la institución, Zoé Robledo, anunciaron un incremento de ocho por ciento, cuatro al salario y cuatro de ayuda de renta.
Y aun cuando el personal sindicalizado insiste en un aumento del 10 por ciento y demanda la realización de un Congreso Extraordinario para remover al dirigente sindical, éste rechazó convocarlo al asegurar que el aumento responde a la petición del personal de la institución y que no hay ninguna razón, ello porque él ha cumplido con la ley y el Instituto.
DE ESTO Y DE AQUELLO...
La crisis que el gobierno no reconoce
La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el decomiso de 59 millones de litros de combustible, hallados en una terminal de almacenamiento en San José de Iturbide, Guanajuato, el 16 de septiembre pasado, contaba con todos los permisos correspondientes, y no era huachicol, como se anunciara.
Eso echó abajo lo que fue presentado por la Fiscalía de Guanajuato, atraído y anunciado por la FGR, de lo que se creyó que era combustible robado, cuando directivos de Grupo Simsa sostuvieron que la operación de esa terminal de almacenamiento de su propiedad es totalmente lícita, como lo demostraron documentos en mano.
Una semana después de ese “hallazgo histórico”, como fue calificado, motivó la destitución del representante de la FGR en Guanajuato, Juan Franciso Vera Ayala, quien tenía poco tiempo de desempeñar ese cargo, al que responsabilizaron de esa grave pifia y fue concentrado en esa dependencia.
Deberá ser la fiscalía, dijo la Presidenta, la que tendría que informar con todo detalle este caso, al insistir que “en realidad había unos asuntos ilegales de transporte que estaban entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema”.
El gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, logró que le aceptaran un proyecto hidráulico para resolver ese grave y añejo problema, con obras de infraestructura acordadas con el Gobierno federal, que se financiarán sin recurrir a deudas ni privatizar servicios con inversiones de ambos de entre 12 y 13 mil millones de éste y 10 o 12 mil del estatal.
Aprueban diputados “Ley Antimemes” que propone cárcel de uno a cinco años de prisión y multa de mil a 10 mil unidades de medida y actualización vigente a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial, la identidad gráfica institucional de cualquier institución pública de los tres niveles de gobierno para inducir al error o engaño de intención de cometer ilícitos.
