ANTINOMIAS

El problema del acceso al agua potable

Antonio Fernández. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón Foto: La Razón

En la larga historia de la civilización, el agua ha sido un recurso indispensable. Las grandes metrópolis de la historia florecieron a orillas de los ríos, del Nilo al Támesis, del Tigris o del Valle de México, porque el acceso al vital líquido dictaba el techo de su prosperidad.

Sin embargo, la misma agua que les dio vida, cuando el descuido, la sobreexplotación o la sequía hicieron acto de presencia, provocó la causa directa de su estancamiento y posterior desaparición.

Hoy, la crisis hídrica que atraviesa Jalisco nos enfrenta a ese exacto espejo histórico. El desabasto recurrente, el estrés severo de sus cuencas y la fragilidad del ecosistema urbano jalisciense no son llamadas de atención aisladas, sino síntomas de un modelo de crecimiento sin brújula. En lugar de diseñar e implementar una verdadera política hídrica de largo alcance, las autoridades de los distintos niveles de gobierno han preferido politizar el problema, convirtiendo un recurso vital en botín de contienda o excusa partidista. Se administra el discurso, pero no la cuenca.

La respuesta local se limita, casi siempre, a reaccionar de manera cortoplacista ante las emergencias y ante las crecientes protestas ciudadanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde el enojo social por la mala calidad y el color turbio del agua que sale de las llaves ha obligado a las autoridades a apagar fuegos mediáticos en vez de resolver la falla estructural.

A la par de esta inacción, el país ha experimentado un paulatino, pero demoledor deterioro en la calidad del agua que llega a los hogares. Hace apenas unas cuantas décadas, al abrir la llave se podía beber directamente de ella y era una conducta cotidiana y natural. Sin embargo, el abandono de la infraestructura y la contaminación de los mantos freáticos terminaron por borrar la confianza básica entre el ciudadano y el servicio público.

Ante la imposibilidad de consumir el agua de la llave, la sociedad se vio forzada a recurrir al consumo masivo de agua embotellada y en garrafones. Lo que comenzó como un paliativo provisional se transformó en una normalidad, que provocó el desarrollo de una industria multimillonaria y en un gasto doméstico permanente. Cada mes, las familias destinan un porcentaje relevante de sus ingresos en comprar el agua que requieren para beber y cocinar, asumiendo un costo privado para cubrir una negligencia pública.

Esta dinámica ha provocado la normalización de lo anómalo. Hemos integrado la compra de garrafones a la rutina como si fuera un costo de vida inevitable, perdiendo de vista que se trata de una distorsión. En buena parte del mundo desarrollado, al abrir la llave se puede beber agua potable, lo cual es un estándar de salubridad elemental. Que en nuestras ciudades tengamos que pagar dos veces por el agua, una en la boleta del servicio municipal y otra en el camión repartidor, revela la magnitud del rezago.

Ninguna metrópoli puede proyectarse hacia el futuro si descuida el elemento básico que la sostiene. La gestión del agua sigue supeditada a la coyuntura política y a la reacción tardía ante la queja social.

Debemos aprovechar las protestas sociales para que los diferentes órdenes de gobierno implementen una verdadera política hídrica que nos permita regresar a poder beber el agua de nuestras llaves en las casas, las escuelas y en las oficinas y romper con ello el imperio del negocio del agua embotellada y de esta forma generar un verdadero ahorro familiar y lograr un progreso social. Hagamos cuentas.

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