Renuncia Guadalupe Taddei al INE, pero queda toda la estructura intermedia, a menos que se actúe y salgan todos aquellos nombrados por la sonorense.
Por lo mismo, Ricardo Monreal, como coordinador de la mayoria de diputados , dice que deben salir todos los funcionarios del INE acusados de corrupción y, para evitar que se repita el proceso, se le debe quitar al próximo presidente(a) la facultad de nombrar y destituir colaborados sin necesidad de consultar al Consejo General del Instituto.
Si se respetan las normas, en menos de un mes, el INE tendrá tres presidentes(a)s, uno la saliente Taddei; dos, uno de los actuales diez consejeros del Instituto, que deben elegir a uno provisional, en tanto se cumplen los procedimientos en la Cámara de Diputados, que tiene la facultad de nombrar a quien entrará al relevo por el resto del periodo para el cual fue elegida la sonorense.
De hecho, al recibir la confirmación de la Cámara de Diputados de que se formalizó la renuncia de de Taddei, los diez consejeros electorales restantes tuvieron una reunión, para iniciar las negociaciones acerca de quien debe quedar provisionalmente al frente de este organismo, pues los trabajos no se puden detener porque estamos en pleno proceso electoral que culminará con las votaciones nacionales del primer domingo de junio de 2027, en el cual, por cierto, se renovará por completo la Cámara de Diputados, entre otros miles de cargos de representación de popular que estarán en disputa.
De acuerdo con información del propio INE, en su encuentro, algunos vía remota, los consejeros acordaron “que la institución habrá de continuar trabajando con regularidad y sin contratiempos en la organización del proceso electoral con la calidad técnica y el profesionalismo que han caracterizado su labor, conforme a las actividades y plazos previamente aprobados por el Consejo General”.
En lo particular, el consejero Arturo Castillo admitió que existe incomodidad por estar frente a una crisis de carácter histórico y de dimensiones gigantescas que se tiene que atender. Pero el ánimo que yo estoy viendo en todos mis colegas es un ánimo de resolver esta cuestión lo antes posible y salir adelante con el proceso electoral y con la reconstrucción de la confianza que ha estado perdiendo el Instituto”.
Y el gobierno morenista establece que no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, pero eso no importa cuando de enriquecerse a costa del gobierno se trata.
El método es lo de menos, se trata de encarecer los servicios que se prestan al gobierno y este responde permitiendo precios inflados, evadiendo licitaciones y otorgando asignaciones al por mayor.
Los proveedores del gobierno saben muy bien cómo se debe actuar, para obtener los mejores contratos y no es nada difícil, solamente tener un padrino que los recomiende o que los use para la asignación de contratos.
Con mayor frecuencia saltan nombres que, por una extraña razón, están enlazados con contactos en Tabasco, el otrora edén, que para algunos lo sigue siendo.
Al nombre del ya conocido Amílcar Olán, quien fue beneficiario de los grandes contratos del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y de otras de las grandes obras del sexenio pasado, se une el de otro joven, Gerardo Sánchez Zumaya, un potosino que encontró su veta de oro en Tabasco, donde pronto se convirtió en un gran empresario que hoy tiene grandes problemas, pues la Unidad de Inteligencia Financiera ya dio instrucciones para congelar sus cuentas.
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Y ayer se discutio la Ley de Ingresos contempla ingresos totales por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos; de este monto, seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos corresponden a impuestos.
Indicó que se estima una recaudación de tres billones 288 mil 975. 3 millones de pesos por concepto de ISR; un billón 768 mil 17.3 millones de pesos por concepto de Impuesto al Valor Agregado y 828 mil 256 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
En tanto, dijo que el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos tiene el objetivo principal de actualizar las cuotas de determinados servicios que presta el Estado y la actualización por el uso, goce y aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación.
El principio que sustenta estas modificaciones -agregó-, es que los derechos por servicios deben guardar una relación razonable con los costos que implica su prestación, tales como en los servicios migratorios, los de certificación zoosanitaria, fitosanitaria y sanidad acuícola; los aplicables a servicios relacionados con el agua, la sanidad y protección ambiental.